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El médico de Zaplana alerta del grave deterioro de su salud

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El Doctor Guillermo Sanz, del Hospital de la Fe en Valencia, que realizó el trasplante de médula a Eduardo Zaplana, emitió el martes 31 de julio un informe clínico en el que alerta sobre el “deterioro acusado del estado general” de la salud del ex ministro y ex presidente de la Generalitat Valenciana, que está en prisión desde hace diez semanas.
Sanz es jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del Hospital público de La Fe, en Valencia. Es el mismo doctor que ha tratado a Zaplana desde la operación de trasplante, que tuvo lugar en 2015. Elaboró su informe después de la última revisión de su paciente en el hospital, ese mismo martes.
En el informe se señala que “la probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100%” y que “un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida”.

“No podemos asegurar que los cambios continuos de tratamiento que se realizan en todas las visitas a este centro se actualicen de forma inmediata en el centro penitenciario – añade el informe – Al parecer las actualizaciones de tratamiento no se efectúan de forma inmediata debido a las carencias de personal facultativo del centro”. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAIP, viene denunciando la pérdida en los últimos cuatro años de un 15 por ciento de la plantilla en el Centro Penitenciario de Picassent en el que Zaplana se encuentra internado.

En su informe clínico, el doctor Sanz solicita “que se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso urgente del paciente a este centro en caso de precisarlo, así como de aquellas destinadas a evitar un mayor deterioro que comprometa el éxito del trasplante”.

Tercer informe

El informe del hospital de La Fe coincide en el riesgo sobre la vida de Zaplana por hallarse en prisión con dos informes previos. Uno, de los médicos forenses de la Clínica Médico Forense de Valencia, dependiente del Ministerio de Justicia, del 30 de mayo pasado, que afirmaba que “la permanencia del paciente en prisión, a pesar del tratamiento dispensado en ella, pone en grave riesgo la vida del paciente, por lo que se recomienda su salida de un lugar de las características de una cárcel”. Y otro solicitado por la familia de Zaplana al doctor Guillermo García-Manero, jefe de Sección de Leucemia del Hospital Anderson Cancer Center de Houston, en el que éste afirmaba el pasado día 16, que “si el paciente recae, la tasa de mortalidad es cercana al 100%, dado que no hay tratamientos de rescate para estos pacientes”.

El doctor afirma que “la permanencia del paciente en prisión, a pesar del tratamiento dispensado en ella, pone en grave riesgo la vida del paciente, por lo que se recomienda médicamente su salida de un lugar de las características de una cárcel”.

Atendiendo al grave riesgo para la vida del paciente, su abogado ha remitido el informe clínico de este martes a la juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, reiterando su petición de que se le deje en libertad o se le permita estar en arresto domiciliario, “adoptándose todas las medidas de incomunicación que Su Señoría crea convenientes”.

La familia de Zaplana ha declarado que “ya tendrá ocasión de defenderse de las acusaciones que se presenten contra él, pero aún no ha sido juzgado y ahora por razones puramente humanitarias, debería estar en un lugar que no ponga en peligro su vida. Es un derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país”.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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