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El número de trabajadores afectados por ERE en la Comunitat se dispara un 281,8%

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El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas en la Comunitat Valenciana se disparó un 281,8% en enero en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta sumar 649 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

De este modo, la Comunitat se sitúa como la tercera autonomía que registra un mayor ascenso en el número de trabajadores afectados por un despido colectivo, por detrás de Navarra (+471,4%) y Murcia (+355,6%).

A nivel nacional, el número de trabajadores afectados por un ERE subió un 25,9% en enero en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta sumar 3.380 afectados.

Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo se incrementaron un 10,7% en enero, hasta un total de 217, en tanto que los expedientes se redujeron un 1,9%, hasta 253 procedimientos.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos subió un 8,6% en tasa interanual, hasta sumar 1.358 trabajadores. Las suspensiones de contrato afectaron a 1.737 trabajadores, un 152% más, al tiempo que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 61,7%, hasta los 285 trabajadores. Del total de procedimientos registrados en enero, el 93,2% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Por sectores, servicios e industria concentraron el mayor número de afectados por ERE en enero, con 1.568 y 1.380 trabajadores, respectivamente, con un descenso del 6,7% en el primer caso y un repunte del 75,1% en el caso de la industria.

La construcción, por su parte, registró 260 trabajadores afectados, un 132,1% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un procedimiento de regulación de empleo un total de 172 trabajadores, un 65,4% más que en enero del año pasado.

CATALUÑA, LA COMUNIDAD CON MÁS AFECTADOS POR ERE

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo en enero fueron Cataluña, con 663 trabajadores implicados, y Comunitat Valenciana, con 649 afectados.

El número de trabajadores afectados por ERE bajó en enero en ocho comunidades y subió en nueve. Los mayores descensos se los anotaron La Rioja (-100%), País Vasco (-61,8%), Galicia (-56,5%) y Andalucía (55,9%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Navarra (+471,4%), Murcia (+355,6%), Comunitat Valenciana (+281,8%) y Canarias (+228,6%).

Fuente: Europa Press

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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