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El número de trabajadores afectados por ERE en la Comunitat se dispara un 281,8%

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El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas en la Comunitat Valenciana se disparó un 281,8% en enero en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta sumar 649 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

De este modo, la Comunitat se sitúa como la tercera autonomía que registra un mayor ascenso en el número de trabajadores afectados por un despido colectivo, por detrás de Navarra (+471,4%) y Murcia (+355,6%).

A nivel nacional, el número de trabajadores afectados por un ERE subió un 25,9% en enero en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta sumar 3.380 afectados.

Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo se incrementaron un 10,7% en enero, hasta un total de 217, en tanto que los expedientes se redujeron un 1,9%, hasta 253 procedimientos.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos subió un 8,6% en tasa interanual, hasta sumar 1.358 trabajadores. Las suspensiones de contrato afectaron a 1.737 trabajadores, un 152% más, al tiempo que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 61,7%, hasta los 285 trabajadores. Del total de procedimientos registrados en enero, el 93,2% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Por sectores, servicios e industria concentraron el mayor número de afectados por ERE en enero, con 1.568 y 1.380 trabajadores, respectivamente, con un descenso del 6,7% en el primer caso y un repunte del 75,1% en el caso de la industria.

La construcción, por su parte, registró 260 trabajadores afectados, un 132,1% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un procedimiento de regulación de empleo un total de 172 trabajadores, un 65,4% más que en enero del año pasado.

CATALUÑA, LA COMUNIDAD CON MÁS AFECTADOS POR ERE

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo en enero fueron Cataluña, con 663 trabajadores implicados, y Comunitat Valenciana, con 649 afectados.

El número de trabajadores afectados por ERE bajó en enero en ocho comunidades y subió en nueve. Los mayores descensos se los anotaron La Rioja (-100%), País Vasco (-61,8%), Galicia (-56,5%) y Andalucía (55,9%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Navarra (+471,4%), Murcia (+355,6%), Comunitat Valenciana (+281,8%) y Canarias (+228,6%).

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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