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El PP impugnará el cambio de nombre de València por «sectarismo ideológico»

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El presidente de la gestora del PP en la ciudad de Valencia, Luis Santamaría, ha anunciado la impugnación del decreto publicado sobre la reducción del topónimo de la ciudad de Valencia exclusivamente a su forma en valenciano. «Estamos hartos de las imposiciones del tripartito y de obligarnos a comulgar con ruedas de molino creando problemas donde no los hay. Ribó solo sabe imponer, prohibir, dividir, aislar la ciudad y favorecer a los suyos».

Para Santamaría este decreto «obedece a un sectarismo ideológico ajeno al sentir de la gran mayoría de los ciudadanos. No es un debate social y no hay ninguna necesidad de esto. Por eso vamos a impugnar el decreto ante la jurisdicción del contencioso administrativo correspondiente atendiendo a su ilegalidad y sectarismo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y apelamos a la ciudadanía y entidades sociales, cívicas y culturales para que se movilicen en contra de un decreto provocador, insultante e innecesario. Es hora de decir basta ya a las tomaduras de pelo de Ribó y del Consell a los valencianos creando continuamente problemas donde no los hay en lugar de gestionar».

«Esta iniciativa sectaria –ha continuado- fomenta la división entre el valenciano y el castellano, y también entre los valenciano hablantes, ya que incluso la forma València con el acento abierto no es usada por la mayoría de la población. Imponen una medida de esta importancia sin ningún consenso».

Luis Santamaría ha indicado que «la gestión de Ribó se resume en gastarse dinero en sus amigos, comprarse un sofá de 5.000 euros, provocar atascos continuos en el centro de la ciudad, poner placas conmemorativas del 15-M, la memoria histórica, no limpiar las calles, suprimir el toque de las campanas de las iglesias y eliminar las tradiciones históricas y culturales. Ya está bien de gobernar de espaldas a la ciudadanía, solo para unos pocos».

Santamaría ha exigido «respeto a una ciudad como Valencia con dos milenios de historia a sus espaldas y con dos lenguas cooficiales que enriquecen su patrimonio cultural».

Por último, el presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad ha anunciado que «vamos a estudiar la posibilidad de presentar un recurso judicial ante una decisión tan sensible como es el cambio de nombre de la ciudad y que debería haberse realizado mediante un consenso amplio y no de manera sectaria por parte de quienes ni siquiera ganaron las elecciones».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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