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El PP impugnará el cambio de nombre de València por «sectarismo ideológico»

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El presidente de la gestora del PP en la ciudad de Valencia, Luis Santamaría, ha anunciado la impugnación del decreto publicado sobre la reducción del topónimo de la ciudad de Valencia exclusivamente a su forma en valenciano. «Estamos hartos de las imposiciones del tripartito y de obligarnos a comulgar con ruedas de molino creando problemas donde no los hay. Ribó solo sabe imponer, prohibir, dividir, aislar la ciudad y favorecer a los suyos».

Para Santamaría este decreto «obedece a un sectarismo ideológico ajeno al sentir de la gran mayoría de los ciudadanos. No es un debate social y no hay ninguna necesidad de esto. Por eso vamos a impugnar el decreto ante la jurisdicción del contencioso administrativo correspondiente atendiendo a su ilegalidad y sectarismo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y apelamos a la ciudadanía y entidades sociales, cívicas y culturales para que se movilicen en contra de un decreto provocador, insultante e innecesario. Es hora de decir basta ya a las tomaduras de pelo de Ribó y del Consell a los valencianos creando continuamente problemas donde no los hay en lugar de gestionar».

«Esta iniciativa sectaria –ha continuado- fomenta la división entre el valenciano y el castellano, y también entre los valenciano hablantes, ya que incluso la forma València con el acento abierto no es usada por la mayoría de la población. Imponen una medida de esta importancia sin ningún consenso».

Luis Santamaría ha indicado que «la gestión de Ribó se resume en gastarse dinero en sus amigos, comprarse un sofá de 5.000 euros, provocar atascos continuos en el centro de la ciudad, poner placas conmemorativas del 15-M, la memoria histórica, no limpiar las calles, suprimir el toque de las campanas de las iglesias y eliminar las tradiciones históricas y culturales. Ya está bien de gobernar de espaldas a la ciudadanía, solo para unos pocos».

Santamaría ha exigido «respeto a una ciudad como Valencia con dos milenios de historia a sus espaldas y con dos lenguas cooficiales que enriquecen su patrimonio cultural».

Por último, el presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad ha anunciado que «vamos a estudiar la posibilidad de presentar un recurso judicial ante una decisión tan sensible como es el cambio de nombre de la ciudad y que debería haberse realizado mediante un consenso amplio y no de manera sectaria por parte de quienes ni siquiera ganaron las elecciones».

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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