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El PP impugnará el cambio de nombre de València por «sectarismo ideológico»

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El presidente de la gestora del PP en la ciudad de Valencia, Luis Santamaría, ha anunciado la impugnación del decreto publicado sobre la reducción del topónimo de la ciudad de Valencia exclusivamente a su forma en valenciano. «Estamos hartos de las imposiciones del tripartito y de obligarnos a comulgar con ruedas de molino creando problemas donde no los hay. Ribó solo sabe imponer, prohibir, dividir, aislar la ciudad y favorecer a los suyos».

Para Santamaría este decreto «obedece a un sectarismo ideológico ajeno al sentir de la gran mayoría de los ciudadanos. No es un debate social y no hay ninguna necesidad de esto. Por eso vamos a impugnar el decreto ante la jurisdicción del contencioso administrativo correspondiente atendiendo a su ilegalidad y sectarismo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y apelamos a la ciudadanía y entidades sociales, cívicas y culturales para que se movilicen en contra de un decreto provocador, insultante e innecesario. Es hora de decir basta ya a las tomaduras de pelo de Ribó y del Consell a los valencianos creando continuamente problemas donde no los hay en lugar de gestionar».

«Esta iniciativa sectaria –ha continuado- fomenta la división entre el valenciano y el castellano, y también entre los valenciano hablantes, ya que incluso la forma València con el acento abierto no es usada por la mayoría de la población. Imponen una medida de esta importancia sin ningún consenso».

Luis Santamaría ha indicado que «la gestión de Ribó se resume en gastarse dinero en sus amigos, comprarse un sofá de 5.000 euros, provocar atascos continuos en el centro de la ciudad, poner placas conmemorativas del 15-M, la memoria histórica, no limpiar las calles, suprimir el toque de las campanas de las iglesias y eliminar las tradiciones históricas y culturales. Ya está bien de gobernar de espaldas a la ciudadanía, solo para unos pocos».

Santamaría ha exigido «respeto a una ciudad como Valencia con dos milenios de historia a sus espaldas y con dos lenguas cooficiales que enriquecen su patrimonio cultural».

Por último, el presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad ha anunciado que «vamos a estudiar la posibilidad de presentar un recurso judicial ante una decisión tan sensible como es el cambio de nombre de la ciudad y que debería haberse realizado mediante un consenso amplio y no de manera sectaria por parte de quienes ni siquiera ganaron las elecciones».

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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