Madrid, 10 nov (EFE).- La Mesa del Senado ha vuelto a ratificar su decisión de no vetar las iniciativas parlamentarias que contengan términos no reconocidos oficialmente para los territorios como «País Valencià», tal y como pedía el PP, formación que ha anunciado que emprenderá «acciones judiciales» para conseguirlo.

La cuestión ha suscitado un encontronazo en la reunión celebrada este miércoles por la Mesa entre los representantes del PP y la mayoría conformada por el PSOE y el PNV, que han rechazado reconsiderar la petición que había trasladado el grupo popular y que ya se había desestimado en primera instancia.

Tanto ha sido así que, según ha revelado al término de la Mesa la vicepresidenta de la Cámara Alta, Cristina Narbona, el propio presidente de la institución, Ander Gil, ha tenido que pedir «mesura» y «memoria» a los grupos, porque el empleo de denominaciones territoriales no oficiales y alternativas ha sido habitual en el Senado durante décadas sin suscitar problemas.

El caso es que la portavoz adjunta del grupo popular, Salomé Pradas, ha comparecido en rueda de prensa para reclamar que todos los escritos tramitados se adecuen a la denominación oficial de Comunitat Valenciana recogida en su Estatuto de Autonomía y anunciar «acciones judiciales», que no ha concretado, para lograrlo.

Ha asegurado que el PP seguirá «hasta el final» para acabar con una resolución que ha tachado de «injusta» e «ilegal» por parte de la Mesa con los votos de PSOE y PNV, en tanto que el senador y expresident de la Generalitat Alberto Fabra ha denunciado que lo que la Mesa ha hecho es «pisotear» los derechos de los valencianos.

La respuesta que a estas críticas ha dado Narbona en otra rueda de prensa ha sido contundente, hasta el punto de lamentar las «amenazas» del PP contra los miembros de la Mesa cuya resolución, ha remarcado, está avalada por los servicios jurídicos del Senado.

Porque la Secretaría General de la Cámara Alta argumentó que emplear denominaciones alternativas como «País Valencià» o «Països Catalans» en los escritos no vulneraba el principio de legalidad porque usar esta terminología «no conlleva ninguna consecuencia de tipo jurídico», ha insistido.

Así que Narbona opina que será difícil que el PP pueda recurrir «algo que no tiene consecuencias jurídicas» y que además constituye una práctica habitual en décadas, incluso en las que este partido tenía mayoría en el Senado sin que lo hubiera cuestionado ni hubiera puesto traba alguna por ello.

Para ratificar su argumentación, la vicepresidenta ha explicado que hoy mismo la Mesa ha rechazado otra petición formulada por el senador de Compromís Carles Mulet, quien en su caso demandaba que no se permitiera utilizar el término «Valencia» o «Castellón de la Plana» en castellano, por no ser las denominaciones oficiales de ambas ciudades.

Ha insistido Cristina Narbona en la congruencia de las decisiones adoptadas por la mayoría de la Mesa en ambos casos, al defender la libertad de expresión de los senadores y bajo la consideración de que no hay efecto jurídico alguno en el empleo de denominaciones alternativas.

En todo caso, ha lamentado que se esté «judicializando» el debate en las sesiones de la Mesa y ha hecho hincapié en la invitación del presidente Ander Gil a guardar «mesura» y no olvidar una experiencia parlamentaria de varias legislaturas.