Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

El PP pide ampliar los mercadillos para mantener la actividad

Publicado

en

(EFE).- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha solicitado este miércoles al Consell que permita ampliar el espacio de los mercadillos para mantener la actividad de los vendedores con garantías a causa de la situación de pandemia.

El grupo popular ha registrado una iniciativa en Les Corts para que el Consell tome “medidas urgentes” para paliar la crisis que sufren los vendedores al aire libre que se instalan en mercadillos, un sector fuertemente afectado por la pandemia.

Esta iniciativa ha nacido, según fuentes del PPCV, de una reunión de la presidenta del partido junto a los vendedores no sedentarios, quienes expusieron los problemas a los que se enfrentan.

“El comercio está gravemente afectado por la pandemia, y los vendedores en mercadillos más aún debido a las limitaciones de espacios y de actividad en la calle”, ha defendido el PPCV.

Felipe Carrasco, portavoz de Industria, ha explicado que esta iniciativa pide al Consell que permita ampliar el espacio de los mercadillos, “para que se puedan instalar el 100 % de los puestos habitualmente autorizados al tiempo que se mantiene la distancia de seguridad y se eviten las aglomeraciones”.

Además, el portavoz ha solicitado que en los municipios “de gran población en los que por razones fundadas de interés público no resulte posible aumentar el espacio disponible, se pueda desarrollar la actividad cuando el Ayuntamiento adopte medidas sanitarias alternativas”.

Por otro lado, Carrasco ha exigido la implementación de una línea de ayudas específica para compensar las pérdidas de ventas, y ha instado al Gobierno valenciano a «mostrar empatía» con los sectores que están sufriendo esta crisis de forma más señalada.

El diputado ha indicado que si bien el sector del comercio se encuentra especialmente afectado, “en el caso de la venta en mercadillos las consecuencias son mayores, en tanto que se enfrentan a límites de espacios y de actividad en la calle”.

Carrasco ha señalado que es importante “poder combinar las garantías sanitarias para hacer frente a la pandemia con la continuidad de la actividad económica”.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

Publicado

en

precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo