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PP alega que el censo no es requisito previo en su recurso por Cantó ante el Constitucional

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El PP recurre ante el Constitucional la anulación de la candidatura de Toni Cantó

Madrid, 12 abr (EFE).- El PP de Madrid ha presentado este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la anulación de la inclusión del exdiputado valenciano de Cs Toni Cantó y el exalcalde de Toledo Agustín Conde en la lista de los populares para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, que encabeza Isabel Díaz Ayuso.

Los populares alegan que «no es cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo», ya que «jamás se ha exigido hasta este caso, en que un juzgado unipersonal ha decidido que así era, contraviniendo a la Junta Electoral Provincial de Madrid», que en un primer momento había dado la razón al PP y sí avaló las candidaturas de Cantó y Conde.

El TC resolverá este viernes si ambos pueden ir en la lista de Ayuso, tras la decisión del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Madrid que estimó el recurso que interpuso el PSOE madrileño contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid y consideró a ambos candidatos inelegibles por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid después del cierre del censo electoral.

Según el PP, el Juzgado de lo Contencioso «fabrica» jurisdiccionalmente «ex novo» un requisito «no establecido por la ley ni amparado por interpretaciones previas de la misma, el de que deben reunirse los requisitos para ser candidato no el día de presentación de la candidatura sino el día de cierre censal».

Además, defiende que la sentencia recurrida «se fundamenta principalmente en la interpretación, restrictiva del derecho fundamental al sufragio pasivo» de Cantó y Conde, y «no encuentra amparo alguno en la legislación aplicable».

También argumentan que incluso en el caso de admitirse que existieran, como no sucede, añaden, dudas sobre la existencia (o no) del requisito configurado «ex novo», tal y como el Juzgado reconoce en su sentencia, «debió prevalecer» la interpretación «más garantista para el pleno ejercicio del derecho fundamental al sufragio pasivo, que exigía la confirmación del acuerdo de la Junta Electoral Provincial».

«Se introduce sin fundamentación alguna en el tenor de la ley, una inexistente exigencia restrictiva e infundada, reconfigurando el momento temporal al cual debe atender al examinar el cumplimiento de los requisitos para ser candidato», subraya el PP, y añade que «ha sido interpretado que los requisitos han de concurrir en el momento de presentar la candidatura».

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sala Primera del tribunal de garantías se reunirá primero este miércoles para estudiar el informe de los letrados sobre la admisión a trámite del recurso, que es el escenario más probable, y en tal caso dar traslado de ello a la Fiscalía y al PP.

Posteriormente, los magistrados se reunirán este mismo viernes para resolver ya directamente sobre el fondo del recurso de amparo.

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Buenas noticias para millones de trabajadores: así será la subida salarial de los funcionarios

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El Gobierno de España prepara una nueva subida salarial para los funcionarios a partir de 2026, con el objetivo de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El Ministerio de Función Pública ya ha iniciado las negociaciones con los principales sindicatos (CSIF, UGT y CCOO) para establecer un acuerdo plurianual 2026-2028 que contemple incrementos en línea con la evolución de los precios.

📈 Subida salarial vinculada al IPC y con componente fijo y variable

Según fuentes del Ejecutivo, el nuevo marco incluirá un aumento fijo anual y otro variable, vinculado a la inflación y al crecimiento económico. De esta forma, los sueldos de los más de 3,5 millones de empleados públicos se ajustarían a la evolución real del coste de la vida.

El propósito es evitar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, marcada por una fuerte subida de precios pese al incremento del salario mínimo y de los sueldos públicos desde 2022.

🏛️ Un plan para tres años: 2026, 2027 y 2028

El acuerdo plurianual fijará la hoja de ruta de las retribuciones del sector público durante tres ejercicios consecutivos. Aunque las cifras exactas aún no se han cerrado, el Ministerio asegura que las subidas estarán en línea con la inflación, tal como se ha venido aplicando en los últimos pactos salariales.

Los sindicatos reclaman que no haya un año de congelación salarial, recordando que el anterior acuerdo cubría el periodo 2022-2024. Por ello, piden que el nuevo marco incluya efectos retroactivos para 2025, además de mejoras en teletrabajo, jubilación y jornada laboral.

💬 Posturas sindicales ante la propuesta

  • UGT defiende que 2025 debe tener una subida diferenciada y rechaza que quede fuera del nuevo acuerdo.

  • CCOO considera “positivo” el avance, aunque critica el retraso del Gobierno en iniciar las conversaciones.

  • CSIF, por su parte, insiste en que se concreten las cifras cuanto antes y que se incorporen nuevos derechos laborales.

💼 Un impulso para el empleo público y la estabilidad económica

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la estabilidad del empleo público y compensar el impacto de la inflación en el poder de compra de los trabajadores de la Administración. El acuerdo se espera que se concrete en las próximas semanas y se enmarque dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

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