Francisco Villena

Como todo el mundo sabe, el pacto entre el PP y Ciudadanos está hecho unos zorros. Y lo está por la negativa del PP a que el presidente murciano, investigado por corrupción, renuncie a su cargo. Los estatutos del PP marcan como línea roja para dimitir los cargos políticos la apertura del juicio oral, es decir el banquillo de los acusados. Pero el pacto entre PP y Ciudadanos para la investidura obligaba a dimitir a los cargos políticos si eran investigados, antaño imputados, por corrupción, sin esperar al juicio oral. Por eso tuvo que abandonar Rita Barberá su militancia en el PP por no querer renunciar a su escaño en el Senado. Pero cuando Rita, estaba en juego la investidura de Rajoy y ahora ya no lo está, una sustancial diferencia. También es cierto que el trágico desenlace de Rita, la desafección de sus compañeros de partido tras su caída, ha movido al PP a ser más conservador en estos asuntos y más valedor de la presunción de inocencia de sus cargos políticos investigados. Pero los pactos obligan, pacta sunt servanda, que decían los romanos y también nuestros jueces y tribunales.

A este asunto de mantener al presidente murciano en su cargo, hasta no se sabe muy bien cuándo, a pesar de su condición de investigado, se añade, a mayor abundamiento para la ruptura del pacto, la negativa de los populares de constituir en el Congreso una comisión de investigación de las finanzas del PP, lo que ha llevado a PSOE, Podemos y Ciudadanos a ponerse de acuerdo y hacerse la foto juntos presentando la solicitud de la comisión en el registro de entrada de la cámara. Al margen de que el pacto entre Albert Rivera y Mariano Rajoy ya está roto, salvo que se recomponga, lo verdaderamente relevante son sus consecuencias políticas. De momento, Ciudadanos ya busca en la comunidad murciana el acercamiento al PSOE para una posible moción de censura con la aquiescencia de Podemos. Incluso se está llegando a hablar, si el encanallamiento partidista se eleva, de que los de Rivera rompan con Cristina Cifuentes, la joya de la corona popular, en Madrid. Y, por supuesto, la ruptura del pacto supone que Ciudadanos deje de ser el “socio preferente” del PP en la presente legislatura, lo que indefectiblemente la acorta.

El pacto entre Ciudadanos y PP no garantizaba a este último ni la gobernabilidad, ni mucho menos la mayoría parlamentaria. Para mantenerse en el Gobierno necesita más el PP del PSOE que de Ciudadanos, con pacto o sin él. La aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2017 sigue en el aire, la incertidumbre de quién será el nuevo secretario general del PSOE elegido por los militantes en sus primarias no es un factor menor de inestabilidad para que la legislatura aguante y, por descontado, la respuesta del Estado al anunciado referéndum secesionista de la Generalitat de Cataluña. Estos grandes temas a un año vista necesitan, sí o sí, de estabilidad parlamentaria y gubernamental y, sin embargo, da la impresión de que el PP se desmarca de Ciudadanos y de sus pactos, como si diera igual. Por su parte, Ciudadanos, al romper con el PP busca en los socialistas un nuevo socio más fiable en Murcia y en el Congreso. Quizá sea este escoramiento a la izquierda de los centristas lo que en realidad está buscando el PP con la ruptura de los pactos para recuperar electorado. En el PP siempre han creído y creen que los votos de Ciudadanos son suyos, son prestados. No tanto, ni mucho menos. Lo que sí que es cierto es que en el PP están más pendientes de las primarias del PSOE que de las acciones de Ciudadanos, su antiguo “socio preferente”, al que han ninguneado todo lo que llevamos de legislatura.