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El PSOE impulsará una ley contra la prostitución que sancione a los clientes

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Valencia, 16 oct (EFE).- El PSOE impulsará la aprobación en esta legislatura de una ley integral para abolir la prostitución, que incluirá medidas para sancionar a los clientes.

Este compromiso ha sido incluido en el debate de las enmiendas a la ponencia marco presentada con motivo del 40 Congreso Federal del PSOE.

En concreto, fuentes socialistas han informado de que la comisión del Congreso socialista encargada de debatir la parte de la ponencia relativa al feminismo ha aceptado la enmienda presentada en relación con la prostitución por la delegación de la Comunidad Valenciana.

De acuerdo con ella, el PSOE se compromete a presentar en esta legislatura «una ley integral para la abolición de la prostitución que ha de proteger y atender a las víctimas, sancionar a los prostituidores y proxenetas y castigar todo tipo de proxenetismo».

Esta enmienda se ha añadido al texto que ya incluía la ponencia que había llegado al Congreso socialista y que señalaba que el PSOE, como partido abolicionista, debe ser el impulsor del necesario consenso político y social que permita la erradicación de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución.

«Abolir la prostitución es un proceso que debe estar marcado por iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las mujeres y hagan de la prostitución una práctica del pasado», añade.

De la misma forma, el texto abogaba por «poner el foco en quienes acuden a la prostitución para acabar con la mayor expresión de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo».

Por tanto, con la enmienda valenciana se ha ido más allá de lo que reflejaba la ponencia y se incluye el compromiso concreto de sancionar a los clientes de los prostíbulos.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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