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El PSPV-PSOE se impone en Gandia y Diana Morant podrá ser alcaldesa con Més Gandia y sin Cs

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VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) –

El PSPV liderado por la alcaldesa Diana Morant ha sido la fuerza más votada en Gandia (Valencia) este domingo, con 11 concejales, y la suma de sus ediles con los cuatro de Més Gandia supera la mayoría absoluta. Durante esta legislatura, ambas fuerzas han gobernado en coalición pero han necesitado del apoyo del único concejal de Ciudadanos para sumar los 13 ediles que daban la mayoría en el consistorio.

Ahora, con el 98,44% de los votos escrutados, los 11 concejales del PSPV-PSOE y los cuatro de Més Gandia, que pierden uno, suman sobradamente mayoría absoluta.

El PP de Víctor Soler se deja un total de tres concejales y deja de ser la primera opción para los gandienses. Por su parte, Demòcrates Valencians, que encabezaba Ciro Palmer, exconcejal de Ciudadanos que se dio de baja del partido junto al resto de la ejecutiva local, no ha logrado ser elegido, y de hecho ha sido la última fuerza política en la ciudad, con apenas 345 votos.

Hace apenas un mes, el 28A, el PSOE fue la formación más votada en las autonómicas, con el 22% de los votos, seguida de PP, con el 20, y Compromís, con el 19. Cs logró un 14% y Vox irrumpió con el 9% de los sufragios.

En 2015 el panorama que dejaron las urnas daba un empate técnico al PP, que consiguió 12 concejales, y al bloque formado por PSPV, que sacó 7, y Més Gandia (Compromís, EUPV y ERPV), con 5. Un ‘doce a doce’ que finalmente desempató Ciudadanos, que con su edil Ciro Palmer apoyó la investidura de Diana Morant.

Volvía así al PSPV esta localidad tradicionalmente socialista que el PP gobernó durante cuatro años, entre 2011 y 2015, con Arturo Torró al frente. Ciudadanos justificó entonces su respaldo a la investidura de Morant en que «sigue siendo vieja política, pero dentro de las posibilidades que dan los votantes es el mal menor para Gandia».

El PP criticó entonces que Cs decidiera apoyar gobiernos con formaciones que habían criticado «por sus planteamientos populistas o secesionistas antes que permitir gobiernos moderados y estables», excluyendo a «la opción mayoritariamente preferida por los votantes».

Ahora, las urnas le dan al centro izquierda la mayoría suficiente para gobernar la capital de la Safor con un pacto a dos sin necesidad de apoyos externos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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