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El Reino Unido cierra escuelas y cancela exámenes por la pandemia

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Londres, 10 ene (EFE).- El Reino Unido ha cerrado las escuelas de primaria y secundaria, salvo para los alumnos vulnerables o hijos de trabajadores esenciales, y ha cancelado la mayoría de los exámenes para combatir la tercera ola de la pandemia de coronavirus.

Al decretar un nuevo confinamiento a principios de este año, el Gobierno británico impuso la enseñanza por internet en Inglaterra al menos hasta mediados de febrero, mientras que las naciones autónomas de Gales, Escocia e Irlanda del Norte han hecho lo mismo aunque revisarán la decisión en diferentes fechas.

Las universidades también ofrecerán al menos hasta febrero enseñanza «virtual» salvo en las carreras de sectores clave para la crisis actual y las guarderías permanecen abiertas, una decisión que ha sido criticada por algunos expertos sanitarios y que persigue que los padres tengan opción de trabajar.

En los últimos días, algunos centros han alertado de que están recibiendo tantos alumnos de los grupos prioritarios que temen la propagación del virus en las aulas, al tiempo que otros denuncian que la insuficiencia de recursos como ordenadores genera desigualdades en el aprendizaje.

Los exámenes, incluso los de acceso a la universidad, han sido cancelados y se sustituyen por una evaluación continuada del alumno mediante controles y trabajo de curso, pero, a falta todavía de una guía de mínimos, los docentes avisan de que el sistema puede resultar en disparidades de criterio.

En un artículo publicado hoy en «The Sunday Times», el asesor médico jefe del Gobierno, Chris Whitty, advierte de que el servicio nacional de salud (NHS, en inglés) está inmerso en «la situación más peligrosa» que se recuerda, con cada vez más hospitales desbordados por los casos de covid.

Numerosos médicos y otros profesionales sanitarios han instado al Ejecutivo y a la población en su conjunto a ofrecerles más apoyo en su labor, con el suministro de equipamiento de protección, entre otras cosas, y el respeto al confinamiento.

El ministerio de Sanidad informó el sábado de que hubo en 24 horas 1.035 muertes, hasta un total de más de 80.000 desde el inicio de la pandemia, y 59.937 contagios, mientras que ya se ha vacunado a casi 1,5 millones de personas en este país.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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