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El Rey Juan Carlos «molesto» por no haber asistido a los actos del Congreso

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La Casa del Rey ha tenido que salir a dar explicaciones ante la ausencia de Don Juan Carlos en la ceremonia de celebración del 40º Aniversario de las primeras elecciones en España, celebradas el 15 de junio de 1977. EL motivo que ha esgrimido la Casa Real se basa en la necesidad de adaptarse al formato con el que el Congreso decidió organizar dicha celebración, señalando que de haberse celebrado en el Salón de Pasos Perdidos, habrían asistido tanto él como doña Sofía.

De esta manera salían al paso de las informaciones publicadas en los periódicos El País y El Mundo en los que se destaca el malestar del Rey Emérito por no haber sido invitado a la ceremonia que han presidido Felipe VI y Doña Letizia en el Hemiciclo del Congreso ante diputados y senadores.

Y es que fuentes del entorno del monarca Emérito han señalado que se encuentra «dolido» por la exclusión de «quien condujo el camión de la Transición».

Ante ello, la Casa Real señala que estaba pendiente del formato que desde el Congreso se le quisiera dar a la ceremonia. Si se optaba por una sesión solemne en el hemiciclo, como finalmente se produjo, o bien se optaba por una ceremonia en el Salón de Pasos Perdidos.

En el caso de que el Congreso hubiera decidido celebrar la conmemoración en el Salón de Pasos Perdidos, la Casa del Rey tenía previsto que asistieran tanto el Rey Juan Carlos como la Reina Sofía, pero no si para la ceremonia se optaba por el formato de una intervención de Felipe VI ante un pleno conjunto de ambas Cámaras en el hemiciclo.

Las mismas fuentes argumentan que, desde el mismo momento en que se organizó la proclamación de Felipe VI, el propio Rey Juan Carlos, «por razones obvias», dijo que él no estaría presente cuando el nuevo Monarca hablara ante diputados y senadores en sesión plenaria.

Por tanto, al decidir que la ceremonia conmemorativa de los 40 años de elecciones democráticas se celebrase con una intervención de don Felipe ante los parlamentarios reunidos en sesión plenaria, la Casa del Rey se tuvo que «adaptar al formato que se decidió en el Congreso».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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