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El Santander, condenado a devolver medio millón a un matrimonio que invirtió en Valores Santander

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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) – La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Banco Santander a devolver 527.833 euros a un matrimonio de jubilados que invirtió en Valores Santander en 2007, al considerar que no le advirtió de los riesgos del producto, según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.

El matrimonio, representado por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales (AUGE), demandó a Santander y le solicitó la anulación del contrato en 2012, una demanda que fue desestimada íntegramente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Catarroja el pasado mes de febrero, por lo que interpusieron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Los demandantes son un matrimonio de jubilados sin estudios ni formación que suscribió una orden de adquisición de Valores Santander, sin especificar el número de títulos, por importe de 541.000 euros, constando en la orden que antes de firmar la orden habían recibido y leído el tríptico informativo de la nota de valores registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 19 de septiembre de 2007.

En 29 de marzo de 2008 se registró un cargo de 527.833 euros en la cuenta de los demandantes correspondiente a la compra de 117 Valores Santander, que se convirtieron en acciones de la entidad el 8 de junio de 2012.

El juez considera que este matrimonio de clientes minoristas con estudios básicos quería firmar el contrario, pero que expresó su voluntad viciado en su consentimiento al creer que concertaba un contrato sobre productos sin riesgo alguno, de forma que en ningún momento se produjera una posible pérdida en su patrimonio.

El fallo explica que Santander debía informar al cliente de las condiciones de la conversión en acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al realizarse el canje y que el mero hecho de entregar un tríptico resumen del producto en el que se invierte no basta por sí mismo para dar por cumplida esta obligación de informar sobre el riesgo de pérdidas.

Asimismo, destaca que el demandado no ha probado que los demandantes tuviesen experiencia previa en materia de productos de inversión, por lo que se asume que cuentan con una falta de conocimiento de los instrumentos financieros complejos.

FALTA DE INFORMACIÓN
Además, considera que no se dio información suficiente con carácter previo a la contratación, ya que la información que figura en los documentos firmados es «manifiestamente insuficiente», debido a que la orden de compra no está fechada, se ignora cuál es la supuesta información recibida, el cargo en la cuenta es por importe diferente al que aparecía en ella, el tríptico no está fechado y en él no consta el riesgo de disminución del importe de lo invertido por la pérdida de valor de las acciones y no consta que se informara al cliente del procedimiento a seguir para calcular el número de acciones que recibiría en la fecha estipulada para la conversión, entre otros.

De este modo, el juez ha estimado la demanda de los asociados a la asociación AUGE y ha declarado la responsabilidad de Santander por incumplimiento de sus deberes de información en la celebración del contrato de adquisición de Valores Santander.

Por ello, ha condenado al banco a una indemnización de daños y perjuicios a favor de los demandantes que se concreta en que deberá reembolsarles la suma invertida (527.833 euros) más los intereses legales devengados desde la fecha de adquisición del producto, mientras que los clientes deberán restituir los rendimientos brutos percibidos (124.601 euros) más los intereses legales devengados desde su percepción, así como los dividendos percibidos (95.496 euros) y el valor de mercado de las acciones adquiridas en el día en que se produjo la conversión.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 477.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su caso se habrá de interponer mediante escrito presentado ante la misma Sala dentro de los veinte días siguientes a su notificación.

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La UCO detiene a seis personas por el caso Koldo: entre ellas, la pareja de Ábalos y Cristian Corvillo

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La Audiencia Nacional ordena los arrestos en una nueva pieza secreta de la investigación que dirige el juez Ismael Moreno, con actuaciones en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves a seis personas en el marco de una nueva operación del caso Koldo. Entre los arrestados se encuentran Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, señalado por el PP como antiguo chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.

Las detenciones han sido ordenadas por la Audiencia Nacional para tomar declaración a los implicados en una nueva pieza separada y secreta del caso Koldo, que instruye el magistrado Ismael Moreno. El operativo se ha desarrollado en cuatro ciudades: Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla.

La nueva actuación policial se produce después de que el juez recibiera un informe de la UCO y acordara la apertura de esta pieza separada. Por el momento, el contenido del documento y los hechos concretos que se investigan permanecen bajo secreto judicial.

Andrea de la Torre, detenida tras el registro de la casa de Ábalos en Valencia

Uno de los principales escenarios del operativo ha sido el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia. Los agentes de la UCO se han personado en la vivienda del exministro, donde se encontraba Andrea de la Torre, su pareja.

La mujer ha sido detenida después de ser interrogada por los investigadores en presencia de un abogado. La actuación se enmarca en las diligencias ordenadas por el juez Ismael Moreno dentro de esta nueva línea de investigación.

El registro de la vivienda valenciana forma parte del despliegue policial que también ha incluido actuaciones en otros puntos de España. La Guardia Civil ha acudido, además, a la sede de Adif para requerir documentación relacionada con las pesquisas. Desde la empresa pública han trasladado su colaboración con los investigadores y que han facilitado la información solicitada.

Cristian Corvillo, otro de los detenidos en la operación

Entre las seis personas afectadas por las detenciones figura también Cristian Corvillo, arrestado en Córdoba. Su nombre ha adquirido relevancia por su relación anterior con el entorno político de Pedro Sánchez y por sus vínculos empresariales con personas investigadas en el caso Koldo.

El PP lo ha señalado como antiguo chófer de Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017. Sin embargo, el Gobierno ha negado que Corvillo fuera conductor del actual presidente, tanto del partido como del Ejecutivo.

Corvillo ya compareció el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz como testigo en la investigación del denominado caso hidrocarburos. Durante su declaración reconoció haberse reunido con José Luis Ábalos para tratar asuntos relacionados con el PSOE y explicó que en algunos de esos encuentros también estuvo presente Koldo García.

Asimismo, admitió que tanto él como su hermano Rubén habían mantenido una vinculación empresarial con Víctor de Aldama, aunque aseguró que los negocios que intentaron desarrollar no llegaron a materializarse.

Su nombre también ha aparecido en las pesquisas relacionadas con la operación inmobiliaria de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz), una vivienda que los investigadores relacionaron con el entorno del exministro.

Una nueva pieza secreta sobre presuntas irregularidades en obra pública

La operación de este jueves se enmarca en una nueva fase del caso Koldo, una investigación que comenzó con los presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia y que posteriormente se amplió a otras posibles irregularidades.

La nueva pieza separada está relacionada con la rama que investiga presuntas mordidas y adjudicaciones irregulares de obra pública. El juez Ismael Moreno decidió abrirla después de recibir un nuevo informe elaborado por la UCO.

La investigación permanece bajo secreto, por lo que todavía no se conocen todos los detalles de los hechos que han motivado las seis detenciones ni el papel que podría atribuirse a cada una de las personas afectadas.

Con los registros en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla y el requerimiento de información a Adif, la Guardia Civil continúa ampliando las diligencias sobre una de las principales causas judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación pública.

La operación supone un nuevo episodio del caso Koldo y vuelve a situar en el foco al entorno del exministro José Luis Ábalos, mientras la Audiencia Nacional mantiene abiertas distintas líneas de investigación sobre posibles amaños en contratos públicos.

 

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