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El Santander, condenado a devolver medio millón a un matrimonio que invirtió en Valores Santander

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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) – La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Banco Santander a devolver 527.833 euros a un matrimonio de jubilados que invirtió en Valores Santander en 2007, al considerar que no le advirtió de los riesgos del producto, según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.

El matrimonio, representado por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales (AUGE), demandó a Santander y le solicitó la anulación del contrato en 2012, una demanda que fue desestimada íntegramente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Catarroja el pasado mes de febrero, por lo que interpusieron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Los demandantes son un matrimonio de jubilados sin estudios ni formación que suscribió una orden de adquisición de Valores Santander, sin especificar el número de títulos, por importe de 541.000 euros, constando en la orden que antes de firmar la orden habían recibido y leído el tríptico informativo de la nota de valores registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 19 de septiembre de 2007.

En 29 de marzo de 2008 se registró un cargo de 527.833 euros en la cuenta de los demandantes correspondiente a la compra de 117 Valores Santander, que se convirtieron en acciones de la entidad el 8 de junio de 2012.

El juez considera que este matrimonio de clientes minoristas con estudios básicos quería firmar el contrario, pero que expresó su voluntad viciado en su consentimiento al creer que concertaba un contrato sobre productos sin riesgo alguno, de forma que en ningún momento se produjera una posible pérdida en su patrimonio.

El fallo explica que Santander debía informar al cliente de las condiciones de la conversión en acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al realizarse el canje y que el mero hecho de entregar un tríptico resumen del producto en el que se invierte no basta por sí mismo para dar por cumplida esta obligación de informar sobre el riesgo de pérdidas.

Asimismo, destaca que el demandado no ha probado que los demandantes tuviesen experiencia previa en materia de productos de inversión, por lo que se asume que cuentan con una falta de conocimiento de los instrumentos financieros complejos.

FALTA DE INFORMACIÓN
Además, considera que no se dio información suficiente con carácter previo a la contratación, ya que la información que figura en los documentos firmados es «manifiestamente insuficiente», debido a que la orden de compra no está fechada, se ignora cuál es la supuesta información recibida, el cargo en la cuenta es por importe diferente al que aparecía en ella, el tríptico no está fechado y en él no consta el riesgo de disminución del importe de lo invertido por la pérdida de valor de las acciones y no consta que se informara al cliente del procedimiento a seguir para calcular el número de acciones que recibiría en la fecha estipulada para la conversión, entre otros.

De este modo, el juez ha estimado la demanda de los asociados a la asociación AUGE y ha declarado la responsabilidad de Santander por incumplimiento de sus deberes de información en la celebración del contrato de adquisición de Valores Santander.

Por ello, ha condenado al banco a una indemnización de daños y perjuicios a favor de los demandantes que se concreta en que deberá reembolsarles la suma invertida (527.833 euros) más los intereses legales devengados desde la fecha de adquisición del producto, mientras que los clientes deberán restituir los rendimientos brutos percibidos (124.601 euros) más los intereses legales devengados desde su percepción, así como los dividendos percibidos (95.496 euros) y el valor de mercado de las acciones adquiridas en el día en que se produjo la conversión.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 477.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su caso se habrá de interponer mediante escrito presentado ante la misma Sala dentro de los veinte días siguientes a su notificación.

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Vox se querella contra Óscar Puente en el Supremo por el accidente ferroviario de Toledo

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El partido denuncia al ministro de Transportes por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones tras el siniestro ferroviario de Urda

Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones en relación con el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

La formación política ha decidido llevar el caso ante el alto tribunal para depurar las posibles responsabilidades penales del ministro por el siniestro, que ha provocado víctimas mortales y heridos.

La querella sitúa a Óscar Puente en el centro de la controversia política y judicial abierta tras el accidente ferroviario, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo.

Vox lleva a Óscar Puente ante el Tribunal Supremo

La iniciativa judicial de Vox busca que se investigue si existen responsabilidades penales atribuibles al titular de Transportes por los hechos relacionados con el accidente.

La formación plantea presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones, aunque la presentación de una querella no implica que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista una resolución judicial sobre la responsabilidad del ministro.

Será el Tribunal Supremo el que deba examinar la querella y determinar si procede admitirla a trámite y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación del accidente ferroviario de Urda

El accidente registrado en Urda, en la provincia de Toledo, ha desencadenado una investigación para esclarecer qué ocurrió y determinar las causas del siniestro.

La querella presentada por Vox abre un nuevo frente judicial en torno a la tragedia ferroviaria, que también ha generado una intensa reacción política por la gestión de la seguridad y las posibles responsabilidades derivadas del accidente.

Por el momento, la iniciativa de Vox constituye una acción judicial y no una declaración de culpabilidad. La eventual responsabilidad penal de Óscar Puente, si llegara a investigarse judicialmente, deberá determinarse conforme a las pruebas y al procedimiento legal.

 

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