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El Supremo autoriza la salida de los presos electos para la constitución de las Cortes
Publicado
hace 8 añosen
El tribunal de la causa especial 20907/2017, que se sigue en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros, ha desestimado que deba pedir un suplicatorio a las Cortes para continuar el juicio a los cinco acusados en la causa que han sido elegidos diputados o senadores en las elecciones del 28 de abril, al considerar que carecería de “justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el ‘nihil obstat’ del órgano parlamentario”.
La Sala, en un auto, rechaza además la suspensión del juicio y la petición de libertad de los mismos cinco acusados basada en su elección como parlamentarios, pero autoriza su salida de prisión el próximo 21 de mayo para asistir a los plenos constitutivos del Congreso (en el caso de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, elegidos diputados) y del Senado (Raul Romeva, elegido senador).
El tribunal resuelve en el auto si en el actual estado del procedimiento resulta obligado recabar la autorización parlamentaria para la continuación de las sesiones del juicio oral, activando así el correspondiente suplicatorio, y llega a la conclusión de que no procede apoyándose en cuatro bloques argumentales: el plano de la constitucionalidad; el ámbito de la legalidad ordinaria; el examen de los precedentes jurisprudenciales dictados por la misma Sala; y la jurisprudencia constitucional que ha perfilado la naturaleza de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
Para los magistrados, “una interpretación gramatical y sistemática, asociada a la naturaleza misma de la prerrogativa de la inmunidad, avala la idea de que la autorización del órgano legislativo es necesaria «para procesar», esto es, para atribuir a un diputado o senador electo la condición formal de parte pasiva, sujetándolo a un proceso penal que podría afectar al normal funcionamiento de las tareas legislativas. Se trata, por tanto, de una previsión a futuro. El sentido constitucional de la inmunidad y su propia justificación histórica no permiten igualar la autorización para procesar con la homologación parlamentaria del ya procesado”.
“Carece de justificación constitucional -agrega el auto- que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el nihil obstat del órgano parlamentario. No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador -si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral- imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras”.
Interferencia irrazonable
Para el Supremo, la interpretación contraria “supondría una interferencia irrazonable en el ejercicio de la función jurisdiccional pues permitiría una «revisión» o «control» del poder legislativo sobre el ejercicio de la función jurisdiccional respecto a determinadas personas por el hecho mismo de haber sido elegidos parlamentarios durante la celebración del juicio oral -cualquiera que fuera el hecho que motivó en su momento la incoación del proceso-, convirtiendo así la inmunidad parlamentaria en un «privilegio» o «derecho particular» de determinadas personas cuyo ejercicio no solo no preservaría la composición y funcionamiento de las Cortes sino que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los Tribunales”.
El auto indica que esta interpretación, por otra parte, “es coherente con el significado histórico de la garantía de inmunidad y, lo que es más importante, es la única sostenible a partir de una lectura constitucional del proceso penal. Entender que la inmunidad opera incluso cuando el proceso penal se encuentra ya en su tramo final supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía. Implicaría olvidar, en fin, que la inmunidad protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado y acusado, habiéndose decretado la apertura del juicio oral”.
Añade que “la exigencia de autorización legislativa para que el poder judicial culmine el proceso penal iniciado hace ya más de un año, cuando los procesados no eran diputados o senadores electos, supondría subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes diseñado por el poder constituyente”.
Suspensión afectaría a derechos de los otros acusados
Para la Sala, la conclusión de que no se debe pedir el suplicatorio permite también la denegación de la suspensión. Así, resalta que “la eventual posibilidad de la suspensión por un tiempo indefinido, a la espera de la constitución de ambas Cámaras y de la tramitación y decisión de las peticiones de suplicatorio, con sus correspondientes vicisitudes, pugnaría frontalmente con otros derechos consagrados por el art. 24.2 de la Constitución. Se trata, claro es, de los derechos que asisten al resto de acusados no parlamentarios, respecto de los cuales se demoraría la conclusión del juicio, con el negativo efecto que conllevaría para la vigencia del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.
Además, señala que la suspensión podría determinar la imposibilidad de conservar la validez de la ingente prueba practicada hasta este momento. Recuerda también que las causas de suspensión de un juicio están tasadas y son muy restrictivas y entre ellas no figura la falta de autorización de las cámaras.
Deniega la nueva petición de libertad
Por otro lado, el auto no considera atendibles las razones sobrevenidas alegadas ahora por las defensas para pedir la libertad y el cese de la prisión provisional. El tribunal se remite a las razones ya recogidas en resoluciones anteriores sobre las sucesivas peticiones de libertad, y descarta la idea que late en los nuevos escritos de las defensas de que la prisión ha de quedar sin efecto “siempre y en todo caso” cuando se accede al ejercicio de la función parlamentaria.
“El papel nuclear de la libertad ideológica y de la libertad de expresión en una sociedad democrática está fuera de toda duda, como lo está la esencialidad de esta última en el ámbito del discurso y del debate político”, señalan los magistrados, que agregan que “la medida cautelar impugnada no implica, sin embargo, una vulneración de tales derechos. Como hemos resaltado con anterioridad, en este proceso penal no se criminaliza ninguna ideología”.
En definitiva, consideran que el mantenimiento de la prisión preventiva es, por las razones expuestas, razonable y proporcionado. Concurren todos los presupuestos constitucionales y legales para ello y no implica una vulneración de ninguno de los derechos mencionados en los escritos presentados.
Autoriza asistencia a las sesiones constitutivas de Congreso y Senado
Sin perjuicio de lo indicado, el auto añade que con el fin de hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembros del órgano legislativo, esta Sala autoriza la salida del centro penitenciario de los cinco solicitantes, para que asistan a las respectivas sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y el Senado. “Deberán para ello ser debidamente custodiados y adoptarse por la Presidencia de ambas cámaras las decisiones oportunas para que, una vez en el interior del Salón de Plenos, pueda quedar garantizada su seguridad. Deberán ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario una vez la Presidencia de las Cámaras haya dado término a la sesión”, indica la resolución.
El Supremo concluye que esta autorización, de carácter excepcional e inspirada en la necesidad de no menoscabar la titularidad del derecho de participación, se subordina, en todo caso, a que no interfiera en el desarrollo del proceso penal en que el Diputado o Senador viene siendo acusado.
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Encuestas elecciones generales 2026: así quedan los sondeos tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo
Publicado
hace 2 díasen
20 noviembre, 2026
El primer tracking publicado después del debate electoral refleja una subida del PSOE y un estrechamiento de la distancia con el PP, que continúa como primera fuerza. El sondeo de 40dB. también recoge una caída de Vox y pregunta a los ciudadanos quién ganó el enfrentamiento televisivo.
Las encuestas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 empiezan a reflejar los primeros movimientos tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebrado este jueves. El primer sondeo de seguimiento publicado después del debate apunta a un acercamiento entre los dos principales partidos: el PP mantiene la primera posición, pero el PSOE recorta distancias.
El noveno tracking de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, difundido este viernes 20 de noviembre, sitúa a los populares en el 31,9% de la intención de voto, frente al 31,2% de los socialistas. La diferencia queda así reducida a siete décimas, después de que el PSOE haya crecido un punto respecto a la medición anterior.
La encuesta también registra un retroceso de Vox, que pierde medio punto en estimación de voto. En el reparto de escaños, el PP obtendría 133 diputados, incluidos los de UPN, mientras que el PSOE alcanzaría los 124. Vox se quedaría con 56 representantes.
Quién ganaría las elecciones según la encuesta de 40dB. tras el debate
Los datos del tracking posterior al cara a cara muestran los siguientes porcentajes de intención de voto:
- PP: 31,9%.
- PSOE: 31,2%.
- Vox: 17,1%.
- Frente Amplio y otras coaliciones de izquierda: 5,5%.
- Se Acabó la Fiesta: 1,5%.
- Podemos: 1,1%.
En cuanto a la estimación de diputados, el PP y UPN sumarían 133 escaños, el PSOE obtendría 124 y Vox alcanzaría los 56. La mayoría absoluta del Congreso está fijada en 176 diputados.
El estudio se realizó entre el 16 y el 20 de noviembre, mediante 2.000 entrevistas online, con un margen de error de ±2,2 puntos.
Quién ganó el debate entre Sánchez y Feijóo, según los encuestados
El mismo tracking recoge la valoración ciudadana del cara a cara entre los dos candidatos. Un 43% de los participantes considera que Alberto Núñez Feijóo ganó el debate, frente al 33,3% que señala a Pedro Sánchez como vencedor.
Además, un 16,4% de los encuestados no considera que ninguno de los dos candidatos se impusiera en el enfrentamiento.
Estos datos reflejan la percepción de los participantes en el sondeo y no deben confundirse con una estimación de intención de voto: la valoración del debate y la decisión electoral son indicadores diferentes.
Qué dicen el resto de encuestas para las elecciones del 29N
Los sondeos publicados en los días previos al debate también mostraban una ventaja del PP, aunque con diferencias importantes entre las empresas demoscópicas.
La encuesta de 40dB. difundida antes del cara a cara, correspondiente al 19 de noviembre, situaba al PP en el 32,4% y al PSOE en el 30,4%. En su estimación de escaños, los populares obtenían 135 diputados y Vox 57, lo que situaba la suma de ambas formaciones en 192 representantes.
Por su parte, el tracking diario de SW Demoscopia publicado el 20 de noviembre reflejaba una evolución distinta. El PP alcanzaba el 29,2% de intención de voto y el PSOE el 31,8%, con los socialistas por delante en porcentaje. La estimación señalaba 120 escaños para los populares y una suma de 173 diputados entre PP y Vox.
La media de encuestas recopilada por Demócrata a 20 de noviembre, con datos de 19 institutos, situaba al PP en el 31%, al PSOE en el 27,8%, a Vox en el 19,1% y al Frente Amplio en el 6,2%.
El CIS ofrece un escenario diferente
Uno de los sondeos que más se distancia del resto es el macroestudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el 12 de noviembre.
Según esta encuesta, el PSOE ganaría las elecciones con el 33,3% de los votos y entre 134 y 143 diputados. El PP quedaría en segunda posición con el 25,5% y una horquilla de 98 a 106 escaños, mientras que Vox obtendría el 18,4% y entre 57 y 65 representantes.
El CIS dibuja así un escenario diferente al de otros institutos, al situar a los socialistas por delante y estimar que PP y Vox no alcanzarían juntos la mayoría absoluta.
Cuándo son las elecciones generales de 2026
Los españoles están llamados a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. En estos comicios se elegirán los 350 diputados del Congreso y los senadores correspondientes a la elección directa, mientras que otros 57 senadores son designados por los parlamentos autonómicos.
La campaña electoral entra en su recta final con los sondeos pendientes de incorporar el posible efecto del debate y de los últimos movimientos de los partidos. Las encuestas ofrecen estimaciones y fotografías de la intención de voto en el momento en que se realizan, pero no anticipan el resultado definitivo de las urnas.
Mesas electorales en Valencia: cómo saber si te ha tocado para el 29 de noviembre
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