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El toque de queda entra en vigor en la Comunitat Valenciana a la 1 de esta madrugada

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Catalá calle Colón

La Comunitat Valenciana va a aplicar desde este sábado por la noche y hasta el 9 de diciembre un toque de queda que supondrá que entre la medianoche y las seis de la mañana solo podrán transitar por la calle quienes vayan a trabajar, tengan una urgencia médica o se desplacen para atender a personas dependientes.

Además, se limita a 6 el número máximo de personas que pueden participar en una reunión social o familiar en espacios públicos y privados; los jardines y zonas de ocio al aire libre se cerrarán a las diez de la noche; y en los establecimientos hosteleros el consumo será siempre en mesa, con un máximo de 6 personas, y se cerrará a medianoche.

Así lo ha anunciado el president del Consell, Ximo Puig, en una declaración institucional en la que ha informado también de que la Generalitat va a pedir al Gobierno la declaración del estado de alarma, ya que es el instrumento jurídico «más útil» para afrontar la difícil coyuntura actual desde la unidad de acción y la cogobernanza.

Puig ha hecho un llamamiento al conjunto de Gobiernos autonómicos y de las fuerzas parlamentarias del Congreso para que secunden esta propuesta «antes de que sea demasiada tarde», pues a su juicio no hay que «centrifugar la responsabilidad».

En la nueva resolución de la Conseleria de Sanidad, que se va a publicar de inmediato y que entra en vigor a la 1 de esta madrugada, se fija también la prohibición de la venta de alcohol de 10 de la noche a 8 de la mañana, excepto en hostelería y restauración.

Asimismo, se establece la recomendación de aplazar las reuniones familiares o sociales que no sean imprescindibles, y de limitar la actividad social en las próximas semanas.

Puig ha explicado que la resolución será enviada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para su ratificación y que se fundamenta en la ley orgánica de Medidas especiales en materia de salud pública de 1986, que autoriza la adopción de medidas excepcionales si hay «riesgo inminente y extraordinario» para la población.

Ha indicado que ese riesgo «es innegable», pues los casos detectados esta semana duplican los de la semana anterior y dos de cada tres brotes tienen un origen social, por lo que es «inaplazable» evitar la concentración y deambulación de personas en la franja nocturna en la que se producen botellones y fiestas privadas en domicilios particulares.

Según ha señalado, el Consell y la Abogacía de la Generalitat consideran que estas nuevas medias son «idóneas, necesarias y proporcionales», y ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, para poder llegar a Navidad «en las mejores condiciones» y no «estrangular la economía y la vida cotidiana con medidas que nadie desea».

Puig ha aseverado que «ya basta» de «irresponsabilidades aisladas que ponen en peligro» a cualquier ciudadano, y ha explicado que en solo tres meses la Generalitat ha levantado más de 20.000 actas de propuestas de sanción por incumplir las medidas anticovid.

El president ha defendido que la evolución del coronavirus obliga a adoptar estas nuevas medidas, pues aunque la Comunitat es la autonomía peninsular con menos incidencia acumulada, la situación empeora -hoy se han registrado 1.690 casos, la mayor cifra de la pandemia- y hay que actuar «con contundencia», pues perder tiempo «es perder vidas».

«No es tiempo de las discusiones, sino de las soluciones», ha afirmado Puig, quien ha defendido que, mientras llega una respuesta conjunta, la Comunitat «no va a quedar esperándose», porque es «demasiado importante» lo que está en juego.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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