Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

El toque de queda entra en vigor en la Comunitat Valenciana a la 1 de esta madrugada

Publicado

en

Catalá calle Colón

La Comunitat Valenciana va a aplicar desde este sábado por la noche y hasta el 9 de diciembre un toque de queda que supondrá que entre la medianoche y las seis de la mañana solo podrán transitar por la calle quienes vayan a trabajar, tengan una urgencia médica o se desplacen para atender a personas dependientes.

Además, se limita a 6 el número máximo de personas que pueden participar en una reunión social o familiar en espacios públicos y privados; los jardines y zonas de ocio al aire libre se cerrarán a las diez de la noche; y en los establecimientos hosteleros el consumo será siempre en mesa, con un máximo de 6 personas, y se cerrará a medianoche.

Así lo ha anunciado el president del Consell, Ximo Puig, en una declaración institucional en la que ha informado también de que la Generalitat va a pedir al Gobierno la declaración del estado de alarma, ya que es el instrumento jurídico «más útil» para afrontar la difícil coyuntura actual desde la unidad de acción y la cogobernanza.

Puig ha hecho un llamamiento al conjunto de Gobiernos autonómicos y de las fuerzas parlamentarias del Congreso para que secunden esta propuesta «antes de que sea demasiada tarde», pues a su juicio no hay que «centrifugar la responsabilidad».

En la nueva resolución de la Conseleria de Sanidad, que se va a publicar de inmediato y que entra en vigor a la 1 de esta madrugada, se fija también la prohibición de la venta de alcohol de 10 de la noche a 8 de la mañana, excepto en hostelería y restauración.

Asimismo, se establece la recomendación de aplazar las reuniones familiares o sociales que no sean imprescindibles, y de limitar la actividad social en las próximas semanas.

Puig ha explicado que la resolución será enviada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para su ratificación y que se fundamenta en la ley orgánica de Medidas especiales en materia de salud pública de 1986, que autoriza la adopción de medidas excepcionales si hay «riesgo inminente y extraordinario» para la población.

Ha indicado que ese riesgo «es innegable», pues los casos detectados esta semana duplican los de la semana anterior y dos de cada tres brotes tienen un origen social, por lo que es «inaplazable» evitar la concentración y deambulación de personas en la franja nocturna en la que se producen botellones y fiestas privadas en domicilios particulares.

Según ha señalado, el Consell y la Abogacía de la Generalitat consideran que estas nuevas medias son «idóneas, necesarias y proporcionales», y ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, para poder llegar a Navidad «en las mejores condiciones» y no «estrangular la economía y la vida cotidiana con medidas que nadie desea».

Puig ha aseverado que «ya basta» de «irresponsabilidades aisladas que ponen en peligro» a cualquier ciudadano, y ha explicado que en solo tres meses la Generalitat ha levantado más de 20.000 actas de propuestas de sanción por incumplir las medidas anticovid.

El president ha defendido que la evolución del coronavirus obliga a adoptar estas nuevas medidas, pues aunque la Comunitat es la autonomía peninsular con menos incidencia acumulada, la situación empeora -hoy se han registrado 1.690 casos, la mayor cifra de la pandemia- y hay que actuar «con contundencia», pues perder tiempo «es perder vidas».

«No es tiempo de las discusiones, sino de las soluciones», ha afirmado Puig, quien ha defendido que, mientras llega una respuesta conjunta, la Comunitat «no va a quedar esperándose», porque es «demasiado importante» lo que está en juego.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

Publicado

en

Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo