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El valenciano, requisito lingüístico indispensable para ser funcionario de la Generalitat

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Los consellers Gabriela Bravo y Vincent Marzà, máximos responsables de los departamentos de la Generalitat con competencia en función pública y política lingüística, han presentado a las centrales sindicales cómo quedará recogido el requisito lingüístico en el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana.

A la reunión, celebrada en la sede de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, han asistido los dirigentes de las formaciones sindicales UGT, CCOO e Intersindical. Posteriormente, la consellera Bravo se ha reunido con los representantes de CSI·F y FSES, dada su condición de organizaciones presentes en la Mesa General de Negociación de la Generalitat.

El borrador del anteproyecto establece, en su artículo 61, que para acceder a la Administración de la Generalitat, los aspirantes deberán acreditar «el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes». La nueva normativa prevé, mediante la disposición adicional segunda, que el reglamento que regule el nivel de valenciano exigible para el acceso a la función pública deberá ser aprobado por el Consell en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una vez aprobada por Les Corts.

La elaboración de dicho reglamento es competencia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas, previo informe en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística.

Además, en la disposición final tercera, se incluye una cautela para el supuesto de que, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley, no se hubiera aprobado por el Consell el referido reglamento. En ese caso, el nivel exigible de los conocimientos de valenciano que habrá de acreditarse para el acceso en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, será el siguiente:

  • Para los funcionarios de los grupos A1, A2 y B, se exigirá el certificado C1 (equivalente al Grau Mitjà expedido por la Junta Qualificadora)

  • Los funcionarios de los grupos C1 y C2 tendrán que acreditar el certificado B1 y B2, respectivamente (equivalente al Grau Elemental)

  • Las agrupaciones profesionales funcionariales tendrán que acreditar el certificado A2 (equivalente al Grau Oral).

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Sánchez defiende el “No a la guerra” ante el ataque de EEUU e Israel a Irán y asegura que no teme “represalias”

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Pedro Sánchez comparecencia

El presidente del Gobierno rechaza la escalada bélica y apuesta por una solución diplomática al conflicto con Irán

MADRID, 4 de marzo de 2026 (EUROPA PRESS). – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este miércoles que la postura de España ante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán es clara: “No a la guerra”. Además, ha asegurado que el Ejecutivo no teme posibles “represalias” por mantener esta posición.

La declaración institucional tuvo lugar desde el Palacio de La Moncloa en un contexto de máxima tensión internacional tras los recientes ataques militares contra territorio iraní.


Sánchez compara la situación con la guerra de Irak de 2003

Durante su intervención, Sánchez comparó la actual escalada con la Guerra de Irak, iniciada en 2003 por Estados Unidos, y advirtió de las consecuencias negativas que aquel conflicto tuvo para la estabilidad internacional y para millones de ciudadanos.

El presidente reiteró su rechazo al régimen iraní, al que calificó de “terrible”, en referencia al sistema político encabezado por los ayatolás. Sin embargo, subrayó que “no se puede responder a una ilegalidad con otra”, defendiendo así la necesidad de una salida diplomática.

“España apuesta por el cese inmediato de las hostilidades y por el diálogo como única vía para resolver este conflicto”, afirmó.


Tensión con Estados Unidos por las bases de Rota y Morón

Las declaraciones de Sánchez se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con un posible embargo comercial a España ante la negativa del Gobierno a ceder el uso de las bases militares de Rota y Morón para la operación militar.

Pese a estas advertencias, el jefe del Ejecutivo español fue tajante:

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo simplemente por miedo a represalias”.

Esta postura marca un momento delicado en las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos, en medio de una creciente tensión geopolítica.


España insiste en la vía diplomática

El Gobierno español mantiene así su línea de defensa del derecho internacional y del multilateralismo, rechazando la participación directa o indirecta en acciones militares que puedan agravar la situación en Oriente Medio.

Desde Moncloa se insiste en que la prioridad es evitar una escalada mayor que pueda desestabilizar aún más la región y afectar a la economía global.


 

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