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El valenciano, requisito lingüístico indispensable para ser funcionario de la Generalitat

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Los consellers Gabriela Bravo y Vincent Marzà, máximos responsables de los departamentos de la Generalitat con competencia en función pública y política lingüística, han presentado a las centrales sindicales cómo quedará recogido el requisito lingüístico en el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana.

A la reunión, celebrada en la sede de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, han asistido los dirigentes de las formaciones sindicales UGT, CCOO e Intersindical. Posteriormente, la consellera Bravo se ha reunido con los representantes de CSI·F y FSES, dada su condición de organizaciones presentes en la Mesa General de Negociación de la Generalitat.

El borrador del anteproyecto establece, en su artículo 61, que para acceder a la Administración de la Generalitat, los aspirantes deberán acreditar «el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes». La nueva normativa prevé, mediante la disposición adicional segunda, que el reglamento que regule el nivel de valenciano exigible para el acceso a la función pública deberá ser aprobado por el Consell en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una vez aprobada por Les Corts.

La elaboración de dicho reglamento es competencia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas, previo informe en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística.

Además, en la disposición final tercera, se incluye una cautela para el supuesto de que, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley, no se hubiera aprobado por el Consell el referido reglamento. En ese caso, el nivel exigible de los conocimientos de valenciano que habrá de acreditarse para el acceso en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, será el siguiente:

  • Para los funcionarios de los grupos A1, A2 y B, se exigirá el certificado C1 (equivalente al Grau Mitjà expedido por la Junta Qualificadora)

  • Los funcionarios de los grupos C1 y C2 tendrán que acreditar el certificado B1 y B2, respectivamente (equivalente al Grau Elemental)

  • Las agrupaciones profesionales funcionariales tendrán que acreditar el certificado A2 (equivalente al Grau Oral).

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La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, pide ayuda económica para afrontar el proceso judicial

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La familia de Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca el pasado 24 de enero, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a los costes judiciales derivados del proceso penal y garantizar que el caso llegue hasta el final.

La iniciativa, titulada “Justicia para Álex”, ha sido impulsada por el padre del menor y ha logrado recaudar más de 2.800 euros en apenas cuatro días, gracias a la solidaridad de vecinos, amigos y personas de distintos puntos del país.

Una comunidad volcada con la familia

Desde que se produjo el crimen, Sueca permanece conmocionada. Las muestras de apoyo no han cesado: concentraciones silenciosas, mensajes de condolencia y homenajes espontáneos reflejan el impacto que ha tenido la muerte del menor en el municipio.

Con esta campaña solidaria, los padres de Álex buscan contar con los recursos necesarios para afrontar el procedimiento judicial, pero también mantener viva la memoria de su hijo y evitar que el caso caiga en el olvido.

El acusado, en prisión provisional sin fianza

Según la investigación, Álex acudió a casa de un amigo para pasar la tarde. Presuntamente, el padre del menor lo atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales. El hombre fue detenido horas después por la Guardia Civil y reconoció los hechos ante los agentes.

El juez encargado del caso decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, imputado por un delito de asesinato agravado, al tratarse de una víctima menor de 16 años. Desde su ingreso en la prisión de Picassent, el detenido ha optado por no declarar y remitirse a sus manifestaciones previas.

Apoyo social y búsqueda de justicia

La familia insiste en que la recaudación no responde solo a una necesidad económica, sino también a un deseo de justicia y acompañamiento. El respaldo ciudadano se ha convertido en un pilar fundamental en un momento de enorme dolor.

El caso de Álex ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en una herida colectiva, con un municipio entero unido en el recuerdo del menor y en el apoyo a sus padres durante un proceso largo y complejo.


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