Síguenos

Valencia

El «yonqui del dinero»dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

Publicado

en

El "yonqui del dinero"dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

València, 27 oct (EFE).- El exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, ha declarado ante el juez que él y su suegro manipularon y editaron las grabaciones que abrieron la investigación policial y judicial del caso Imelsa sobre supuesta corrupción en varias Administraciones controladas por el PP.

Benavent ha comparecido este miércoles a petición propia junto a su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y ha respondido únicamente a sus preguntas, rechazando cualquier interpelación del juez o el fiscal.

Según han explicado a EFE fuentes judiciales conocedoras de la declaración, el «yonqui del dinero» ha cambiado su versión sobre las grabaciones que dieron origen a esta macrocausa y ha afirmado que él y su suegro «cortaban y pegaban» esas grabaciones donde se aludía a la manipulación de expedientes o al cobro y reparto de mordidas.

Benavent, que ha declarado durante una media hora, mantiene que fue él quien realizó esas grabaciones, pero dice ahora que las provocó de forma malintencionada, es decir, provocando determinadas expresiones en sus interlocutores.

Otras fuentes, conocedoras igualmente del contenido de la declaración, han matizado que los cortes a los que ha aludido Benavent en su declaración hacen referencia a partes que consideraron, tanto él como su suegro, «intrascendentes».

Estas mismas fuentes han insistido en que, en su declaración, Benavent no ha puesto en duda la veracidad de las conversaciones y su objeto, y han recordado que Benavent ya dijo que consideraba esas grabaciones un «seguro de vida por si le pasaba algo», y que la «mala intención» con la que fueron realizadas ya se conocía.

Insisten además en que las grabaciones, en efecto, son fragmentos, pero que estos extractos no se encuentran editados ni presentan cortes.

En consecuencia, observan poco recorrido judicial a esta declaración e insisten en que no propiciará ninguna instrucción adicional o paralela, sino que la validez de estas pruebas se traducirá en unas cuestiones previas sobre las que se deberá pronunciar un tribunal.

El cambio de estrategia se cimienta, además, en el escrito presentado por su letrado, Juan Carlos Navarro, en el Juzgado de Instrucción número 18, en el que cuestiona toda la prueba documental obtenida a partir de unas grabaciones que califica como «sustraídas», además de «no íntegras, manipuladas y alteradas».

A juicio de este letrado, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial por la entonces diputada de Esquerra Unida -actualmente consellera- Rosa Pérez Garijo «se privó al órgano enjuiciador del control» y se practicaron diligencias que «supusieron una restricción de los derechos fundamentales».

En dicha denuncia, Pérez Garijo aportó un lápiz de memoria que contenía las grabaciones cuya veracidad ahora niega Benavent.

Otro de los aspectos clave de la impugnación formulada por Juan Carlos Navarro es la diligencia de entrada y registro practicada en el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, Ramiro Blasco, por haberse hecho, supuestamente, sin las preceptivas autorizaciones.

En ese registro, efectuado por la UCO de la Guardia Civil, se hallaron los conocidos como «papeles del sirio», que llegaron a manos de Benavent a través de un tercero y que incriminan al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana en supuestas prácticas corruptas relacionadas con la privatización de las ITV valencianas y del plan eólico, y que han dado pie al conocido como caso Erial.

En referencia a este registro, el exgerente de Imelsa ha explicado este miércoles ante el juez que desconoce qué documentación se llevó la UCO del despacho de su exabogado, porque «tenía mucha».

Por último, el nuevo abogado de Benavent advierte sobre la «ruptura de la cadena de custodia» de las pruebas obtenidas, y alude expresamente al citado lápiz de memoria con las grabaciones, los documentos obtenidos en el despacho de Ramiro Blasco y la obtenida a partir del volcado de los ordenadores y el material informático analizado por la UCO.

El autodenominado «yonqui del dinero» se ha presentado en el juzgado con la misma estética que en sus últimas comparecencias públicas aunque sin el desparpajo ni la expresividad de otras ocasiones, más bien al contrario: ha desfilado ante la prensa cabizbajo y sin detenerse ni realizar comentario alguno.

Dentro del juzgado, tras declarar, se ha limitado a apuntar a los periodistas que había sido «amable» durante estos últimos cinco años, pero que eso se ha terminado, puesto que «no va a decir nada más».

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

Publicado

en

Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo