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¿Tienes empleada de hogar? Descubre la nueva ley desde el 15 de noviembre y sanciones

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A partir del 15 de noviembre de 2025, todas las familias que tengan contratada una empleada del hogar deberán contar con una evaluación de riesgos laborales actualizada, conforme al Real Decreto 893/2024, que extiende plenamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al trabajo doméstico. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear multas que superen los 800.000 euros.


Qué establece el nuevo decreto

El Real Decreto 893/2024 pone fin a la excepción histórica que eximía al empleo doméstico de ciertas obligaciones de prevención laboral. A partir de ahora, los empleadores deben:

  • Identificar riesgos en el hogar relacionados con limpieza, cocina, cuidado de mayores o planchado.

  • Implantar medidas preventivas, como sustituir productos peligrosos, mejorar la ventilación o proporcionar calzado antideslizante.

  • Vigilar la salud laboral de la trabajadora mediante reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos cada tres años.

  • Documentar todo a través de un informe oficial que debe entregarse a la empleada.


Herramienta oficial para cumplir la ley

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha lanzado Prevencion10.es, una plataforma gratuita que permite a los empleadores realizar la evaluación de riesgos, generar informes legales en PDF y actualizar los documentos cuando cambien las condiciones del hogar o las funciones de la trabajadora.


Plazos y obligatoriedad

  • Hasta el 14 de noviembre de 2025: periodo transitorio para completar la evaluación inicial.

  • Desde el 15 de noviembre de 2025: obligación plena de contar con la evaluación antes de iniciar cualquier nueva contratación de empleadas del hogar.


Consecuencias del incumplimiento

  • Multas leves: desde 45 euros.

  • Multas graves: hasta 800.000 euros en casos de incumplimiento sistemático.

  • Responsabilidad adicional: en caso de accidente, el empleador deberá asumir costes derivados y posibles recargos sobre las prestaciones de la trabajadora.

Este nuevo marco busca dignificar el trabajo doméstico, un sector históricamente infrarrepresentado, donde más del 90% de las empleadas son mujeres, y garantizar su protección frente a riesgos físicos o químicos en el hogar.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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