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Valencia

Empresarios del ocio valenciano: «Los controles policiales parecían redadas del franquismo»

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València, 5 dic (EFE).- Los empresarios de ocio de la Comunidad Valenciana han criticado los controles realizados por la policía en las discotecas para comprobar que se exigía a los usuarios el certificado covid para acceder a las salas ya que las actuaciones de las fuerzas de seguridad «recordaban el tono y el estilo de las redadas de las brigadas de la policía político-social del franquismo».

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) , que esta mañana ha dirigido sendos escritos al Director General de la Agencia de seguridad, José María Ángel ,y al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, Aaron Cano, para transmitirle su sorpresa e indignación por estos hechos, ha afirmado que el dispositivo resultó «absolutamente inoportuno e incalificable», sin tener en cuenta que las disposiciones para leer los certificados «se ha distribuido con apenas 48 horas de antelación» por lo que se han «producido serios fallos de comunicación a la ciudadanía para hacer entender su importancia».

«En un momento en el que los locales de ocio han demostrado altura de miras a la hora de asumir la implantación de los certificados como mecanismo para promover la seguridad sanitaria y la lucha contra la enfermedad, se castiga a los locales de ocio con una actuación policial desproporcionada, cuando lo necesario hubiera sido contar con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para promover entre la ciudadanía la necesaria concienciación sobre el uso del pasaporte COVID», han indicado fuentes de la patronal CEOH.

Según los empresarios del ocio, «tras los 20 meses de sacrificios y restricciones sufridos por el sector del ocio y los espectáculos y de injusta estigmatización como culpables de la pandemia, ahora se nos persigue y se nos señala cómo supuestos culpables e incumplidores. Todo ello, en un momento en el que el inicio de la campaña navideña, de sus compras y de sus cenas de empresa, hacen necesaria la colaboración público-privada entre los sectores económicos y la administración para abordar globalmente el reto de la Navidad en lugar de perseguir y machacar la actividad económica, profesional y empresarial del sector que más ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia».

Los empresarios han pedido una reunión de trabajo con la Generalitat y Ayuntamientos para sentar unas bases que «eviten estas actuaciones desafortunadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el dispositivo diseñado por sus responsables políticos».

Por su parte, la Federación de ocio y Turismo (Fotur) ha criticado la actuación policial, con una veintena de agentes antidisturbios, que realizaron «inspecciones a distintos locales, ordenando la paralización de la actividad en plenas sesiones».

Para esta patronal, estas actuaciones «son totalmente desproporcionadas y propias de un estado policial represivo, pues atentan contra el principio de libertad de empresa y las libertades individuales de usuarios y clientes».

Fotur considera que las actuaciones policiales se deben realizar de manera discreta y no de forma coercitiva.

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Valencia

Tres antiguos menores del caso Bar España aseguran que fueron amenazados para denunciar falsos abusos

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Caso Bar España
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, tras declarar en mayo de 2019 como perjudicado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón, en el denominado "caso Bar España", por un presunto delito de injurias y calumnias a políticos y empresarios a los que falsamente se relacionaba con la pederastia. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Tres personas que eran menores cuando denunciaron supuestas prácticas de pederastia en el caso Bar España han asegurado en el juicio por la difusión de este bulo que sus declaraciones eran mentira y que las realizaron bajo amenazas de una persona fallecida a la que la Fiscalía sitúa como origen de la historia.

Los tres testigos han declarado este jueves en la vista oral y han explicado que fueron presionados para sostener unas acusaciones que, según han afirmado, no eran ciertas.

Uno de ellos ha relatado que aquella persona les dictaba lo que debían decir. «Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos», ha explicado ante el tribunal.

Otro de los testigos, hermano del anterior, ha asegurado que le amenazaban con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. Una prima de ambos también ha declarado que recibió amenazas para denunciar unos abusos que ha negado que fueran ciertos.

Gabriela Bravo denuncia el daño de las acusaciones

La exconsellera de Justicia Gabriela Bravo también ha declarado en el juicio y ha recordado las acusaciones que la vinculaban con una supuesta red de pederastia relacionada con el Bar España. Según ha explicado, se le señalaba por conocer presuntamente los delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

Bravo ha asegurado que aquellas informaciones le afectaron profundamente, tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal especializada en menores.

«De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera», ha declarado.

La exconsellera ha cuestionado las informaciones difundidas a partir de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y ha considerado injuriosas las publicaciones que, según sostiene, la acusaban de no haber actuado.

Bravo ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales los contenidos relacionados con esas acusaciones. «A veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño», ha advertido.

Empresarios denuncian las consecuencias del caso Bar España

La sesión también ha contado con las declaraciones de varios empresarios que, según han relatado, fueron relacionados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia vinculada al establecimiento.

Los testigos han descrito las consecuencias personales y profesionales de aquellas acusaciones. Uno de ellos ha resumido el impacto sufrido con una frase: «Me han destrozado la vida».

Otro ha explicado que se difundieron afirmaciones que vinculaban el local con presuntos abusos sexuales a menores, violaciones y asesinatos. Una tercera persona ha señalado que su negocio comenzó a funcionar mal a raíz de las acusaciones y que finalmente tuvo que cerrarlo.

El juicio por la difusión del bulo del caso Bar España continuará con nuevas declaraciones de testigos. Está previsto que el resto de los acusados que todavía no han comparecido lo hagan el próximo lunes.

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