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Empresas de espectáculos amenazan con movilizarse si no se rescata al sector

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València, 15 dic (EFE).- La Asociación de empresas de espectáculos y eventos de la Comunitat Valenciana ha anunciado que si el Consell no rescata al sector, iniciará a partir del 21 de diciembre movilizaciones frente a la Generalitat.
En un comunicado, la entidad recuerda que desde el inicio de la pandemia, las instituciones de la Comunitat han suspendido de manera unilateral los contratos destinados a eventos del sector del espectáculo, «en una decisión que además no ha ido acompañada de indemnización alguna».
Esta situación, añade, ha abocado ya al cierre de más del 30 por ciento de sus integrantes, «un número que podría doblarse de continuar la actual política».
Según indica la Asociación, esta industria genera más puestos de trabajo conjuntamente que gremios como artistas falleros, floristas, indumentaristas o pirotécnicos, «quienes sí han recibido ayuda pública para sobrellevar las pérdidas hasta la vuelta a una cierta normalidad».
A lo largo de 2020, aun en los momentos donde se levantó el estado de alarma y se permitió otro tipo de espectáculos adaptados a las normas de seguridad vigentes, no se han reanudado los acuerdos establecidos previamente, señala.
Asimismo, indica que la previsión para 2021 «sigue siendo poco halagüeña, puesto que la mayoría de ayuntamientos y comisiones continúan sin la intención de contratar este tipo de eventos de cara a la próxima temporada».
Según explica, la situación contrasta con comunidades como Galicia o Castilla y León, donde se ha reconocido y rescatado al sector inyectándoles recursos económicos para que las empresas puedan sobrevivir y mantener puestos de trabajo.
«En caso de no recibir respuesta institucional, la ASOES CV comenzará a partir del 21 de diciembre una serie de concentraciones periódicas frente el Palau de la Generalitat», anuncia.
Además, señala que también se encuentra sobre la mesa la posibilidad de denunciar por vía judicial todos los contratos que se suspendieron de forma unilateral por parte de ayuntamientos y entidades festivas, solicitando la indemnización pertinente por los mismos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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