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Empresas de espectáculos amenazan con movilizarse si no se rescata al sector

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València, 15 dic (EFE).- La Asociación de empresas de espectáculos y eventos de la Comunitat Valenciana ha anunciado que si el Consell no rescata al sector, iniciará a partir del 21 de diciembre movilizaciones frente a la Generalitat.
En un comunicado, la entidad recuerda que desde el inicio de la pandemia, las instituciones de la Comunitat han suspendido de manera unilateral los contratos destinados a eventos del sector del espectáculo, «en una decisión que además no ha ido acompañada de indemnización alguna».
Esta situación, añade, ha abocado ya al cierre de más del 30 por ciento de sus integrantes, «un número que podría doblarse de continuar la actual política».
Según indica la Asociación, esta industria genera más puestos de trabajo conjuntamente que gremios como artistas falleros, floristas, indumentaristas o pirotécnicos, «quienes sí han recibido ayuda pública para sobrellevar las pérdidas hasta la vuelta a una cierta normalidad».
A lo largo de 2020, aun en los momentos donde se levantó el estado de alarma y se permitió otro tipo de espectáculos adaptados a las normas de seguridad vigentes, no se han reanudado los acuerdos establecidos previamente, señala.
Asimismo, indica que la previsión para 2021 «sigue siendo poco halagüeña, puesto que la mayoría de ayuntamientos y comisiones continúan sin la intención de contratar este tipo de eventos de cara a la próxima temporada».
Según explica, la situación contrasta con comunidades como Galicia o Castilla y León, donde se ha reconocido y rescatado al sector inyectándoles recursos económicos para que las empresas puedan sobrevivir y mantener puestos de trabajo.
«En caso de no recibir respuesta institucional, la ASOES CV comenzará a partir del 21 de diciembre una serie de concentraciones periódicas frente el Palau de la Generalitat», anuncia.
Además, señala que también se encuentra sobre la mesa la posibilidad de denunciar por vía judicial todos los contratos que se suspendieron de forma unilateral por parte de ayuntamientos y entidades festivas, solicitando la indemnización pertinente por los mismos.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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