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Empresas de espectáculos amenazan con movilizarse si no se rescata al sector

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València, 15 dic (EFE).- La Asociación de empresas de espectáculos y eventos de la Comunitat Valenciana ha anunciado que si el Consell no rescata al sector, iniciará a partir del 21 de diciembre movilizaciones frente a la Generalitat.
En un comunicado, la entidad recuerda que desde el inicio de la pandemia, las instituciones de la Comunitat han suspendido de manera unilateral los contratos destinados a eventos del sector del espectáculo, «en una decisión que además no ha ido acompañada de indemnización alguna».
Esta situación, añade, ha abocado ya al cierre de más del 30 por ciento de sus integrantes, «un número que podría doblarse de continuar la actual política».
Según indica la Asociación, esta industria genera más puestos de trabajo conjuntamente que gremios como artistas falleros, floristas, indumentaristas o pirotécnicos, «quienes sí han recibido ayuda pública para sobrellevar las pérdidas hasta la vuelta a una cierta normalidad».
A lo largo de 2020, aun en los momentos donde se levantó el estado de alarma y se permitió otro tipo de espectáculos adaptados a las normas de seguridad vigentes, no se han reanudado los acuerdos establecidos previamente, señala.
Asimismo, indica que la previsión para 2021 «sigue siendo poco halagüeña, puesto que la mayoría de ayuntamientos y comisiones continúan sin la intención de contratar este tipo de eventos de cara a la próxima temporada».
Según explica, la situación contrasta con comunidades como Galicia o Castilla y León, donde se ha reconocido y rescatado al sector inyectándoles recursos económicos para que las empresas puedan sobrevivir y mantener puestos de trabajo.
«En caso de no recibir respuesta institucional, la ASOES CV comenzará a partir del 21 de diciembre una serie de concentraciones periódicas frente el Palau de la Generalitat», anuncia.
Además, señala que también se encuentra sobre la mesa la posibilidad de denunciar por vía judicial todos los contratos que se suspendieron de forma unilateral por parte de ayuntamientos y entidades festivas, solicitando la indemnización pertinente por los mismos.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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