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ENCUESTA| ¿Cree que un alumno con asignaturas suspendidas debe pasar de curso?

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La polémica está servida. Entre las novedades planteadas por el gobierno para el próximo curso hay una que ha incendiado el panorama educativo.

El Ministerio de Educación se eliminan los exámenes de recuperación y permitirá pasar de curso a aquellos alumnos con asignaturas suspensas. El decreto establece que la evaluación en la ESO será «continua, formativa e integradora» y, como en Primaria, las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas por los profesores.

De este modo ya no habrá límite de suspensos para pasar de curso o titular en la ESO y repetirlo será a partir de ahora excepcional. Cualquier alumno se podrá presentar a la Evau (Evaluación para el Acceso a la Universidad) con una asignatura sin aprobar en bachillerato y los estudiantes de secundaria no tendrán exámenes de recuperación.

¿Justo o injusto? La medida divide a padres y docentes entre el apoyo a esta evaluación continua y los que abogan por premiar el esfuerzo. El Ministerio de Educación, busca así reducir al máximo la repetición y el abandono escolar temprano, los dos grandes lastres del sistema formativo español.

Los que se muestran en contra mantienen que los nuevos criterios de evaluación para ESO y bachillerato lastran la cultura del esfuerzo.

Este real decreto de evaluación, promoción y titulación que pone letra pequeña a lo dispuesto en la Lomloe (la ley Celaá) que fue aprobado por el Consejo de Ministros. Pero esto no es nuevo ya que las polémicas medidas se conocían desde hace tiempo, pero ahora, una vez aprobadas, se puede decir ya que llegan a las aulas y se aplicarán este mismo curso.

Con motivo de esta polémica Official Press lanza una encuesta no vinvulante para conocer la opinión de sus lectores.

¿Cree que un alumno con asignaturas suspensas debe pasar de curso?

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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