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Entra en vigor la nueva ley hipotecaria, ¿beneficia realmente a los clientes?

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¿Cómo cambiar la hipoteca de banco?

VALÈNCIA, 17 Jun.- Este lunes ha entrado en vigor la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario, también conocida como la ley hipotecaria. Con esta normativa, los bancos tendrán la obligación de asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), lo que equivale a los primeros gastos de notaría, gestoría y riesgos. De este modo, los usuarios podrán ahorrarse una media de 500 o hasta 1.000 euros en sus gestiones.

Entre otras novedades que favorecen a la figura del cliente destaca la desaparición de las cláusulas suelo de las hipotécas y cambios en los desahucios. Las entidades no podrán proceder a menos que se hayan registrado doce cuotas impagadas en la primera mitad del plazo hipotecario o 15 en la segunda.

Del mismo modo, esta ley, aprobada este mes de febrero por el Congreso, busca proteger a los usuarios. Por ello, otorga mayor protagonismo a la figura del notario, que debe controlar la actuación de los bancos. Además, obliga a todas las entidades a informar de forma gratuita a los usuarios antes de firmar una hipoteca. Esta última medida contempla la realización de un ‘test de comprensión del ciudadano’ que corrobore que el cliente ha entendido todos los aspectos del futuro contrato.

 

¿Realmente beneficia a los clientes?

FACUA – Consumidores en Acción se ha mostrado en desacuerdo con la nueva ley hipotecaria, por considerar que «beneficia excesivamente a la banca en los impagos». Según esta organización española, la nueva normativa facilita el inicio de procedimientos de ejecución que derivarán en desahucios.

«Aunque la norma incorpora mejoras para los consumidores, especialmente en materia de transparencia, se ha desaprovechado una gran oportunidad para proteger los derechos de los usuarios que atraviesan problemas económicos que les impiden pagar las cuotas hipotecarias durante un periodo de tiempo», ha confirmado la entidad que vela por los derechos de los consumidores.

Además, FACUA ha asegurado que con la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario los bancos tienen la posibilidad de desahuciar a las familias que no puedan hacer frente a la dauda antes de que cuenten con una vivienda alternativa.

Otra de las peticiones de FACUA hace referencia a los conocidos fondos buitre. Según ha comentado la organización, tampoco se ha regulado un mecanismo para controlar la actividad de los fondos de titulización hipotecaria, por lo que los consumidores seguirán sin saber qué terceras entidades han podido hacerse cargo de su crédito y el coste que ha tenido el traspaso. En este sentido, la entidad reclama que «la legislación establezca como infracción el hecho de que los bancos no informen de ello a los usuarios».

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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