VALÈNCIA, 17 Jun.- Este lunes ha entrado en vigor la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario, también conocida como la ley hipotecaria. Con esta normativa, los bancos tendrán la obligación de asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), lo que equivale a los primeros gastos de notaría, gestoría y riesgos. De este modo, los usuarios podrán ahorrarse una media de 500 o hasta 1.000 euros en sus gestiones.

Entre otras novedades que favorecen a la figura del cliente destaca la desaparición de las cláusulas suelo de las hipotécas y cambios en los desahucios. Las entidades no podrán proceder a menos que se hayan registrado doce cuotas impagadas en la primera mitad del plazo hipotecario o 15 en la segunda.

Del mismo modo, esta ley, aprobada este mes de febrero por el Congreso, busca proteger a los usuarios. Por ello, otorga mayor protagonismo a la figura del notario, que debe controlar la actuación de los bancos. Además, obliga a todas las entidades a informar de forma gratuita a los usuarios antes de firmar una hipoteca. Esta última medida contempla la realización de un ‘test de comprensión del ciudadano’ que corrobore que el cliente ha entendido todos los aspectos del futuro contrato.

¿Realmente beneficia a los clientes?

FACUA – Consumidores en Acción se ha mostrado en desacuerdo con la nueva ley hipotecaria, por considerar que «beneficia excesivamente a la banca en los impagos». Según esta organización española, la nueva normativa facilita el inicio de procedimientos de ejecución que derivarán en desahucios.

«Aunque la norma incorpora mejoras para los consumidores, especialmente en materia de transparencia, se ha desaprovechado una gran oportunidad para proteger los derechos de los usuarios que atraviesan problemas económicos que les impiden pagar las cuotas hipotecarias durante un periodo de tiempo», ha confirmado la entidad que vela por los derechos de los consumidores.

Además, FACUA ha asegurado que con la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario los bancos tienen la posibilidad de desahuciar a las familias que no puedan hacer frente a la dauda antes de que cuenten con una vivienda alternativa.

Otra de las peticiones de FACUA hace referencia a los conocidos fondos buitre. Según ha comentado la organización, tampoco se ha regulado un mecanismo para controlar la actividad de los fondos de titulización hipotecaria, por lo que los consumidores seguirán sin saber qué terceras entidades han podido hacerse cargo de su crédito y el coste que ha tenido el traspaso. En este sentido, la entidad reclama que «la legislación establezca como infracción el hecho de que los bancos no informen de ello a los usuarios».