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España pondrá las primeras dosis de AstraZeneca a los sanitarios no de primera línea

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luces y sombras de la vacuna de astrazeneca
EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA/Archivo

Madrid, 4 feb (EFE).- La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha optado este jueves por reservar las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca que empezarán a llegar este fin de semana a los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo que no sean de primera línea.

No ha decidido aún, sin embargo, si se recomendará el uso de este fármaco en los mayores de 65 años, para lo que la Comisión se ha emplazado a una nueva reunión mañana por la tarde, la tercera de la semana.

De momento, en la de hoy, ha acordado que con la vacuna de AstraZeneca, cuyas primeras dosis empezarán a llegar este fin de semana, se empiece a inmunizar a los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo que no están incluidos en los grupos 2 y 3 de la estrategia de vacunación.

El primero lo conforman los profesionales de primera línea de los dos ámbitos y, el segundo, otro personal sanitario y sociosanitario que no es de primera línea pero que la situación epidemiológica aconsejaba priorizar (trabajadores de ámbito hospitalario y de atención primaria; personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos).

La mayor parte de los países europeos ya ha decidido no aplicarla en mayores de 65 años ante la falta de información sobre la eficacia en este colectivo, ya en los ensayos solo participaron personas de entre 18 y 55 años, tramo de edad para el que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emitió su dictamen favorable.

De esta forma, países como Alemania o Francia la han descartado para mayores de 65, pero otros como Italia o Bélgica la han aconsejado solo para menores de 55.

Pero en España, de momento, está solo descartada para las personas de más de 80 años, para las que España ha reservado las vacunas de ARN mensajero que, por el momento, son las de Pfizer y Moderna, tal y como explicó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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