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Valencia

Esperanza Obrera ocupa otro edificio y cuelga una pancarta contra Mónica Oltra por ser «del sistema»

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València, 26 mar (EFE).- El colectivo comunista Esperanza Obrera ha ocupado un edificio de la Conselleria de Igualdad en la calle Colón de València con el fin de acoger a personas desahuciadas, y ha colgado en su fachada un cartel gigante con la imagen de la consellera Mónica Oltra junto al lema «Frente al sistema, resistiremos».

El edificio, ubicado en el número 80 de la calle Colón y que era la sede de la Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia pero que ahora está en desuso, ha sido ocupado por la asociación Esperanza Obrera, que anteriormente había ocupado un local de la calle Pintor Sorolla hasta el 15 de marzo, día en que fueron desalojados por la Policía.

El portavoz del colectivo, Juanvi Remón, ha asegurado a Efe que en el edificio de la Conselleria de Igualdad pretenden construir «el mismo proyecto» que en el local de Pintor Sorolla, con repartos de comida o asesoría de vivienda a las personas que lo necesiten, además de un lugar en el que puedan vivir personas que no dispongan de casa propia tras quedar desahuciados.

Ha expuesto que el objetivo es que «nos dejen este edificio y si no irnos a otro», con el fin de poder dar vivienda y comida a familias que lo necesitan, «pero la prioridad es presionar para que sea este», un lugar en pleno centro de València que está en desuso por parte de la Generalitat Valenciana y cuyo cartel, instalado en la fachada, es una crítica a la familia Usó Ferrera, propietaria de inmuebles vacíos, y el juez Juan Carlos Mompó, que ordenó el desahucio del edificio de Pintor Sorolla, además de contra Oltra, por la inacción de la conselleria en este asunto.

Asimismo, ha afirmado que desde la Conselleria de Vivienda y la de Igualdad y Políticas Inclusivas «se nos prometió una solución, pero como no lo han hecho, esta es una manera de presionar para conseguir un espacio donde podamos albergar a gente sin vivienda», ya que, según han trasladado desde el colectivo, «en los momentos decisivos, los políticos se han posicionado del lado de los empresarios».

Remón ha explicado que de momento hay dos familias que están viviendo en el edificio pero que esperan, en los próximos días, que tres más se puedan unir, familias «a las que se les dio la palabra de que tendrían un techo donde vivir».

«Todo son buenas palabras, pero no han solucionado nada», ha explicado Remón sobre las reuniones con las diferentes consellerias, al tiempo que ha señalado que «no es verdad que no se estén produciendo más desahucios» y que son «casos ínfimos» los desahucios que la administración ha parado.

Desde el propio edificio, los okupas han preguntado «por las palabras de unión por parte de Oltra», al tiempo que han señalado que la consellera, «a la hora de la verdad, da puñaladas».

Paralelamente a la concentración, en la que se han congregado decenas de personas, el colectivo ha entregado bolsas de comida a más de un centenar de personas sin recursos, que han hecho cola para recibir un kit de productos básicos.

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Valencia

Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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