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Esta es la propuesta del Consell para reformar la Constitución Española

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado que el Gobierno valenciano ha acordado formalizar una propuesta para la reforma de la Constitución Española para que las comunidades autónomas tengan participación en el debate de la Carta Magna.

En este sentido, ha precisado que la modificación de la Constitución es una «necesidad sentida y reclamada» desde muchas opciones para poner en valor la pluralidad.
Oltra, tras la reunión del Pleno celebrada, ha destacado que con esta propuesta, el Consell «es el primer gobierno autonómico que manifiesta públicamente que es necesaria la reforma de la Constitución y en mostrar su postura sobre su contenido».

En este sentido, ha informado que se elaborará un documento, que será debatido y concretado en el Seminario de Invierno que se celebrará del 26 al 28 de enero en Vinaròs, «donde se fijará la posición del Consell sobre este asunto y será la propuesta de reforma que el president de la Generalitat defenderá ante la Comisión constituida en el Congreso de los Diputados a este efecto».
En esta línea ha señalado que el Pleno también ha acordado pedir que las comunidades autónomas «tengan participación en esta comisión como tales, a través de sus gobiernos, y más allá de la participación de los diferentes grupos políticos».

Nuevo concepto de derecho fundamental subjetivo

Oltra ha repasado los principales ejes acordados sobre los que se realizará la propuesta de reforma constitucional que se resumen en un «compromiso global con los valores que caracterizan a las democracias avanzadas y que sientan las bases para su futuro desarrollo por parte de las generaciones venideras».
Estos principios «tienen su concreción en el artículo 1,1 de la Constitución, donde se fijan los principios constitucionales que, junto a los actualmente reconocidos, también tienen que figurar, como es la paridad de género, la sostenibilidad ambiental y la hospitalidad», ha explicado.

Asimismo, ha indicado que, en la propuesta de reforma constitucional, «se propondrá el desarrollo intenso de los derechos de las personas, tanto los que ahora no tienen reconocimiento constitucional como aquellos que hay que mejorar en el texto, y cuya ausencia impide el despliegue efectivo del pleno reconocimiento de estos derechos».
Para ello, se pedirá que los derechos fundamentales «sean conceptuados como subjetivos y que, por tanto, puedan ser reivindicados ante los tribunales de justicia en aquellos casos en los que los poderes públicos no los garanticen»

En este sentido, para el Consell, en el preámbulo de la Constitución debería hacerse constar el «compromiso global» con la lucha contra el cambio climático y a favor de la transición ecológica de la economía; la lucha contra la violencia de género; la promoción de un gobierno abierto con estímulos para la transparencia, la participación y el buen gobierno; el compromiso con el avance de la integración en la Unión Europa en el sentido social y solidario; el compromiso con la cooperación internacional y la justifica universal; la promoción y democratización en la difusión del conocimiento científico y la apuesta por la universalidad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En relación a los aspectos que tienen que ver con la ampliación o garantía de los derechos fundamentales, la vicepresidenta del Consell ha indicado que, además de los ya consagrados, «se plantea el derecho a una vivienda digna y accesible como quinto pilar del Estado del bienestar, el derecho a la sanidad universal y el acceso a los tratamientos que estén a disposición de las personas que los necesiten».

«También el derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la misma manera que se incorporarían la paridad de género como principio general o el derecho a las diversidades de orientación sexual o diversidad de género, entre otros», ha indicado.

Modelo federal de Estado
Asimismo, el Consell planteará «el diseño de un modelo democrático del Estado y de sus mecanismos de funcionamiento que lleven a un sistema de gobierno de representación y administración auténticamente avanzado, la articulación de un modelo federal en el que el Estado».
«El objetivo es que no solo se reconozca la pluralidad y complejidad territorial de España, -ha añadido- sino que también se diseñe un sistema leal representativo y eficiente de responsabilidad política entre los diferentes niveles de gobierno, así como el establecimiento constitucional de las claves de un sistema de financiación de estos diferentes niveles que garantice realmente el autogobierno y el ejercicio político de las competencias de cada ámbito, minimizando el riesgo de interferencias».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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