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Esta es la propuesta del Consell para reformar la Constitución Española

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado que el Gobierno valenciano ha acordado formalizar una propuesta para la reforma de la Constitución Española para que las comunidades autónomas tengan participación en el debate de la Carta Magna.

En este sentido, ha precisado que la modificación de la Constitución es una «necesidad sentida y reclamada» desde muchas opciones para poner en valor la pluralidad.
Oltra, tras la reunión del Pleno celebrada, ha destacado que con esta propuesta, el Consell «es el primer gobierno autonómico que manifiesta públicamente que es necesaria la reforma de la Constitución y en mostrar su postura sobre su contenido».

En este sentido, ha informado que se elaborará un documento, que será debatido y concretado en el Seminario de Invierno que se celebrará del 26 al 28 de enero en Vinaròs, «donde se fijará la posición del Consell sobre este asunto y será la propuesta de reforma que el president de la Generalitat defenderá ante la Comisión constituida en el Congreso de los Diputados a este efecto».
En esta línea ha señalado que el Pleno también ha acordado pedir que las comunidades autónomas «tengan participación en esta comisión como tales, a través de sus gobiernos, y más allá de la participación de los diferentes grupos políticos».

Nuevo concepto de derecho fundamental subjetivo

Oltra ha repasado los principales ejes acordados sobre los que se realizará la propuesta de reforma constitucional que se resumen en un «compromiso global con los valores que caracterizan a las democracias avanzadas y que sientan las bases para su futuro desarrollo por parte de las generaciones venideras».
Estos principios «tienen su concreción en el artículo 1,1 de la Constitución, donde se fijan los principios constitucionales que, junto a los actualmente reconocidos, también tienen que figurar, como es la paridad de género, la sostenibilidad ambiental y la hospitalidad», ha explicado.

Asimismo, ha indicado que, en la propuesta de reforma constitucional, «se propondrá el desarrollo intenso de los derechos de las personas, tanto los que ahora no tienen reconocimiento constitucional como aquellos que hay que mejorar en el texto, y cuya ausencia impide el despliegue efectivo del pleno reconocimiento de estos derechos».
Para ello, se pedirá que los derechos fundamentales «sean conceptuados como subjetivos y que, por tanto, puedan ser reivindicados ante los tribunales de justicia en aquellos casos en los que los poderes públicos no los garanticen»

En este sentido, para el Consell, en el preámbulo de la Constitución debería hacerse constar el «compromiso global» con la lucha contra el cambio climático y a favor de la transición ecológica de la economía; la lucha contra la violencia de género; la promoción de un gobierno abierto con estímulos para la transparencia, la participación y el buen gobierno; el compromiso con el avance de la integración en la Unión Europa en el sentido social y solidario; el compromiso con la cooperación internacional y la justifica universal; la promoción y democratización en la difusión del conocimiento científico y la apuesta por la universalidad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En relación a los aspectos que tienen que ver con la ampliación o garantía de los derechos fundamentales, la vicepresidenta del Consell ha indicado que, además de los ya consagrados, «se plantea el derecho a una vivienda digna y accesible como quinto pilar del Estado del bienestar, el derecho a la sanidad universal y el acceso a los tratamientos que estén a disposición de las personas que los necesiten».

«También el derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la misma manera que se incorporarían la paridad de género como principio general o el derecho a las diversidades de orientación sexual o diversidad de género, entre otros», ha indicado.

Modelo federal de Estado
Asimismo, el Consell planteará «el diseño de un modelo democrático del Estado y de sus mecanismos de funcionamiento que lleven a un sistema de gobierno de representación y administración auténticamente avanzado, la articulación de un modelo federal en el que el Estado».
«El objetivo es que no solo se reconozca la pluralidad y complejidad territorial de España, -ha añadido- sino que también se diseñe un sistema leal representativo y eficiente de responsabilidad política entre los diferentes niveles de gobierno, así como el establecimiento constitucional de las claves de un sistema de financiación de estos diferentes niveles que garantice realmente el autogobierno y el ejercicio político de las competencias de cada ámbito, minimizando el riesgo de interferencias».

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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