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Consumo

La estafa del teléfono 118: esto es lo que te cobran

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La última estafa llega a través de los números de teléfono 118. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a cuatro sociedades limitadas (Vitbian Telecom, Sponsor Telecom, Información números de teléfono y Teléfono de información al cliente 24 horas) ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Dirección General de Consumo por publicitar o explotar en Google teléfonos que simulan ser los de atención al cliente de la compañía que busca el usuario para derivarle luego mediante engaño a números de regulación especial, mucho más caros, como son  el 11827 y el 11887.  

La estafa del teléfono 118

Los anuncios en Google de las compañías denunciadas simulan ser el de la empresa buscada y no tienen una apariencia sospechosa, pues ofrecen un número de teléfono convencional, pero una vez marcado se indica que para esa gestión hay que llamar al 11827 o al 11887 sin aclarar que no es el número de la empresa que el usuario busca.

Esta segunda llamada ya se factura más cara, porque los números que empiezan por 118 están sujetos a una regulación especial, con una tarifa de hasta 2,5 euros por minuto, más impuestos, y una duración máxima de 10 minutos; sin necesidad de autorización del usuario.

Engaño doble

El engaño es doble. Primero: porque el usuario cree que está hablando con el servicio de atención al cliente de la compañía con la que quiere hablar.

Y segundo: porque lejos de informarle, tratan de alargar la llamada todo lo posible mediante preguntas innecesarias y esperas injustificadas: 10 minutos pueden costar 29 euros.

Hasta 29 euros por llamada

OCU ha recibido quejas de usuarios con facturas de hasta 29 euros por llamada, producto de aplicar el coste 2,5 euros el minuto, más impuestos. En concreto los socios de la organización han denunciado casos relacionados con la búsqueda de información de los autobuses Alsa, de la aseguradora DKV, de UPS, de Iberia, de la propia OCU… pero también con búsquedas como “llamar gratis urgencias” o “llamar gratis bomberos”, donde estos engaños pueden tener consecuencias más graves.

Denunciados por la OCU

Por todo ello, OCU ha presentado denuncia ante la CNMC y Dirección General de Consumo para que se investigue a las empresas que “aparentan” ser otras en las búsquedas por internet y la posterior derivación a los números de tarificación, con el fin de que las investigue y sancione severamente, si procede.

Además, OCU exige que estas numeraciones estén desactivadas siempre por defecto, igual que los servicios de tarificación adicional y pagos a terceros, además de acortar la duración máxima de la llamada, así como que el servicio de progresión de llamada, si se ofrece, sea gratuito y que la comunicación sea bajo la tarifa regular del consumidor.

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Consumo

Consumo propone una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por infracciones en su actividad

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Alquiler seguro

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro, tras la apertura de un expediente sancionador el pasado mes de marzo. La medida se enmarca dentro de las actuaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy para garantizar la protección de los consumidores en el ámbito de la vivienda y el alquiler.

Expediente sancionador a Alquiler Seguro

Según fuentes del Ministerio, el expediente se abrió por presuntas irregularidades en la gestión de contratos de arrendamiento y prácticas comerciales, que podrían haber vulnerado derechos de los inquilinos o propietarios. Tras la investigación, el área de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros, que todavía debe resolverse de forma definitiva tras los trámites administrativos pertinentes.

Esta acción se suma a otras inspecciones realizadas por el Ministerio en el sector inmobiliario y de alquiler, con el objetivo de reforzar la transparencia y las garantías legales en la relación entre propietarios, agencias y arrendatarios.

Protección de los consumidores en el sector del alquiler

El Gobierno ha destacado que las políticas impulsadas por Consumo y Agenda 2030 buscan fortalecer los derechos de los usuarios frente a posibles abusos o cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento. En los últimos meses, se han intensificado los controles sobre empresas dedicadas a la intermediación y gestión de viviendas en alquiler.

Con esta propuesta de sanción, el Ministerio pretende enviar un mensaje de advertencia al sector para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y fomentar un mercado del alquiler más justo y equilibrado.

Contexto del mercado del alquiler en España

El mercado de la vivienda en alquiler ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la demanda sigue superando a la oferta. Ante esta situación, el Ejecutivo busca reforzar la supervisión de las empresas que operan en este ámbito y evitar prácticas que puedan perjudicar a los consumidores.

 

 

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