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Valencia

Los sueldos de María José Catalá y todos los concejales

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sueldos de María José Catalá y concejales
Foto: TONI CORTÉS
València, 26 jul (OFFICIAL PRESS-EFE).- Este miércoles se han publicado los sueldos de María José Catalá y el resto de concejales, así como las competencias que gestionarán cada uno de ellos.

Los sueldos de María José Catalá y los concejales

La alcaldesa de València cobrará 92.442 euros anuales, mientras que los tenientes de alcalde 83.197 euros, y los concejales al frente de áreas de gobierno 81.341 euros, según las retribuciones de los cargos electos del Consistorio que se aprobará este viernes en el pleno municipal.

El sueldo de Catalá, el mismo que el de Ribó

Así lo han señalado a EFE fuentes de alcaldía, que han destacado que el sueldo de la nueva alcaldesa es «el mismo» que el del anterior alcalde, Joan Ribó (Compromís), quien «empezó el mandato con 87.000 euros aproximadamente y en enero de 2023 estaba en 92.442 euros por las subidas del IPC».

Por lo que respecta al resto de retribuciones los tenientes de alcalde cobrarán 83.197 euros; los concejales al frente de áreas de gobierno 81.341 euros; los portavoces de grupos políticos 77.651 euros y el resto de concejales percibirán 74.431 euros si tienen dedicación exclusiva y 69.331 si tienen dedicación parcial, según las mismas fuentes.

Las críticas de la oposición

El portavoz adjunto del grupo socialista Borja Sanjuán ha criticado en un comunicado que «la primera medida del pacto de Catalá con Vox ha sido subirse el sueldo y amordazar a la oposición», y ha criticado que «han empezado poniéndose de acuerdo en lo que a las derechas más le interesa siempre, que son los salarios».

A su juicio, «la mayor prueba de que Vox va a formar parte de este gobierno es que la señora Catalá le ha puesto a todos los concejales de Vox el sueldo máximo pese a estar formalmente en la oposición», ya que les han otorgado la dedicación exclusiva pese a que supuestamente no van a tener competencias de gestión.

Ha opinado que «una vez se han puesto de acuerdo en lo que van a cobrar, todo lo demás será mucho más sencillo» y ha criticado que PP y Vox también han acordado trasladar a los martes los plenos, «para garantizarse su participación en Les Corts», y ha lamentado: «Se quedan las dedicaciones exclusivas, pero no se van a dedicar al Ayuntamiento sino a otras cuestiones», ha denunciado Sanjuán.

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Salud y Bienestar

La muerte de la niña de Alzira reabre el debate sobre los riesgos de la anestesia: ¿cuáles son los peligros reales?

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riesgos anestesia
PEXELS

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha trasladado sus condolencias a la familia de la niña de 6 años fallecida tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada en Alzira. Además, ha insistido en la importancia de que las sedaciones sean “realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Estos son los riesgos reales de la anestesia.

Llamamiento a la prudencia y advertencia sobre la falta de información clínica

La SEDAR, en un comunicado, ha hecho un llamamiento a la “prudencia, respeto y responsabilidad institucional”, subrayando que actualmente “se desconocen los datos clínicos y las circunstancias exactas” del suceso. Por ello, remarcan que no pueden valorar causas ni responsabilidades hasta que avance la investigación.

La sedación con fármacos anestésicos generales: un procedimiento de alto riesgo

El organismo científico ha insistido en que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son “procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales”. Por ello, recalcan que deben realizarse únicamente por especialistas en Anestesiología y Reanimación, los únicos con formación avanzada en farmacología, fisiología, manejo de la vía aérea, ventilación mecánica y reanimación avanzada.

La SEDAR recuerda que, en los últimos años, ha advertido reiteradamente de un “problema muy serio”: la autorización de sedaciones profundas para ser administradas por profesionales que no son anestesistas. Esto incluye médicos de otras especialidades como neumología, cardiología, digestivo o urgencias, e incluso enfermería, mediante cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

Normativas que permiten sedaciones sin anestesistas: un riesgo para el paciente

Según la SEDAR, estas normativas autonómicas generan un riesgo añadido porque los anestésicos generales pueden provocar “apnea, depresión respiratoria y colapso cardiovascular en cuestión de segundos”. Para la entidad, la administración de estos fármacos “exige la formación avanzada específica” de los anestesiólogos.

“El anestesista es el único profesional con la capacitación completa para realizar sedaciones de forma segura y responder de manera inmediata ante cualquier complicación”, remarcan.

Recomendaciones a los pacientes y mensaje del presidente de SEDAR

La SEDAR recomienda a la ciudadanía que, antes de someterse a una sedación, “pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación”.

El presidente de la sociedad, el doctor Javier García Fernández, ha destacado que “la seguridad del paciente es el compromiso central e irrenunciable de la SEDAR”. Ha subrayado también que “la sedación profunda no es un procedimiento menor” y que toda la comunidad sanitaria debe reflexionar tras un suceso tan grave.

La anestesia siempre conlleva riesgo, incluso en manos expertas

SEDAR recuerda que la anestesiología es una disciplina compleja que requiere vigilancia constante y experiencia. “Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”, advierten.

Por ello, insisten en que estos procedimientos deben realizarse “bajo los estándares máximos de seguridad” y con equipamiento adecuado.

Compromiso de la SEDAR con la seguridad y la evidencia científica

La entidad afirma que seguirá defendiendo que la seguridad del paciente esté “por encima de cualquier otro factor” y trabajará con evidencia científica para evitar que normativas o decisiones organizativas permitan prácticas que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.

 

 

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