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La víctima de los abusos pide al juez que el ex de Oltra entre ya en prisión

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exmarido Mónica Oltra prisión
El exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, Luis Ramírez (c), a su llegada a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que le ha citado este martes, para tramitar su ingreso en prisión, tras haber sido confirmada por el Supremo su condena por abuso sexual a una menor tutelada. EFE/Biel Aliño

València, 14 feb (OFFICIAL PRESS-EFE).- La víctima de los abusos sexuales cometidos por el educador social Luis Eduardo Ramírez -que estuvo casado con la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra- ha pedido al juez que su agresor entre ya en prisión y que no acceda a la petición de suspender la pena hasta que se resuelva su recurso ante el Tribunal Constitucional.

En un escrito, la abogada de la víctima, que era menor de edad cuando se cometieron los hechos, lamenta «la actitud torticera del condenado, quien ha esperado al último momento para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena».

«Desde el mes de diciembre era conocedor de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena, y cuando ha sido requerido para el ingreso voluntario en prisión lo ha retrasado alegando que tenía cita con el médico -añade-. Todo ello sin manifestar nada del recurso de amparo que pretendía interponer».

Además, continúa el escrito de esta letrada, al que ha tenido acceso EFE, «cuando quedaban pocos días para su ingreso, ha solicitado la suspensión de la condena hasta que se resuelva su recurso de amparo, por lo que con dicha actitud se aprecia claramente la intención de dilatar indebidamente la ejecución, con el riesgo que ello conlleva de eludir la acción de la Justicia».

La defensa de la menor señala que «la facultad de suspender la ejecución de las resoluciones recurridas en amparo corresponde al Tribunal Constitucional, siendo la misma de aplicación restrictiva e inusual», y considera que «en el presente supuesto nos encontramos con que se cumplen todos los criterios relevantes para denegar la suspensión».

Cita, entre otros motivos, «la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados», que se trata de «una condena por delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años por parte de un educador» y la «trascendencia social» de este proceso.

Este escrito responde a la pregunta que planteó la Audiencia a las partes el pasado lunes, tras recibir la petición de Luis Eduardo Ramírez de que se suspendiese su entrada en prisión mientras no se resuelva su recurso al Constitucional.

Ramírez fue condenado a cinco años de prisión por haber abusado sexualmente de forma continuada de una menor de edad cuando era monitor en un centro de menores de la Generalitat.

El Tribunal Supremo confirmó recientemente la condena y se tramitó su ingreso en la cárcel de Picassent (Valencia), inicialmente previsto para el día 6 de febrero aunque su letrada solicitó posponerlo diez días porque tenía una cita médica el día 15, de modo que se acordó finalmente el viernes 16 como fecha límite.

 

València, 9 febrero (OFFICIAL PRESS-EFE).- La defensa de Luis Eduardo Ramírez, el educador condenado por abusar sexualmente de una menor de edad y que estuvo casado con la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, ha solicitado la suspensión o paralización de su ingreso voluntario en prisión, previsto para el día 16 de febrero.

El Tribunal Supremo confirmó la condena de 5 años de prisión a Ramírez y se tramitó su ingreso en la cárcel de Picassent inicialmente para el día 6 de febrero aunque su letrada solicitó posponerlo diez días porque tenía una cita médica el día 15 que por error se dijo que era el día 5.

En un escrito a la Sala al que ha tenido acceso EFE, se argumenta la petición «a la vista de que ha sido presentado Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional».

La petición del exmarido de Oltra

Expone que «el condenado, ahora demandante de amparo, siempre ha permanecido, desde el ya lejano año 2018, a disposición de la justicia, compareciendo siempre que ha sido llamado y habiendo estado localizable en todo momento, pese a no tener ninguna medida cautelar» desde el año 2018″.

Igualmente, señala que una de las variables a tener en cuenta a la hora de resolver la suspensión de penas de prisión es «el eventual riesgo de eludir la acción de la justicia que pueda existir» y recuerda que se «satisfizo íntegramente la responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal, concretamente 6.000 euros».

Además, considera que «cumple el requisito» por los años a los que ha sido condenado, ya que para la suspensión «cobra especial relevancia la gravedad de la pena impuesta» y el Tribunal Constitucional sigue «como directriz inicial que la pena se sitúe por encima o debajo de la frontera de los 5 años de prisión, que es la que sirve al legislador para distinguir entre las penas graves y las menos graves».

El exmarido de Mónica Oltra a prisión

A ello suma que además de «la importancia de evitar la ejecución de una condena» que consideran que se ha impuesto «ne vulneración de los derechos fundamentales de Ramírez», en caso de no suspenderse «todo apunta a que una eventual estimación del recurso tendrá lugar cuando se haya cumplido ya una parte muy importante de la prisión».

Por ello, solicita que se «suspenda el ingreso en prisión de Ramírez hasta que el recurso de amparo haya sido resuelto; o subsidiariamente hasta que este haya sido admitido o inadmitido a trámite por el Tribunal Constitucional».

Ramírez fue condenado a 5 años de prisión por haber cometido cuando era monitor en un centro de menores abusos sexuales a una chica de 16 años que estaba bajo la tutela de la Generalitat.

 

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Detenidas cinco personas por la compraventa ilegal de una recién nacida por 2.000 euros

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venta ilegal bebé

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, implicadas en un caso de compraventa ilegal de una recién nacida, tras descubrir un acuerdo entre la madre biológica y una pareja con problemas de fertilidad por un importe de 2.000 euros. La operación ha tenido lugar entre las ciudades de Madrid y Córdoba, y la menor ha sido puesta bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía.

Una denuncia que destapó la compraventa ilegal de una menor

La investigación se inició en marzo, cuando una mujer de 37 años denunció el supuesto secuestro de su hija recién nacida por parte de una familia cordobesa. En su declaración ante los agentes, la denunciante aseguró que conoció a un joven de 24 años en una fiesta en Madrid en noviembre, con quien compartió su preocupación por perder la custodia del bebé si nacía en la capital, ya que en 2022 la Fiscalía de Menores le retiró la custodia de seis hijos por encontrarse en situación de desamparo.

La mujer relató que fue trasladada a Córdoba, donde permaneció en casa de la familia del joven hasta el momento del parto. Sin embargo, tras el nacimiento, no pudo regresar con su hija y denunció que le exigieron 3.000 euros por los gastos de estancia si quería recuperarla.

Un acuerdo económico para «comprar» a la recién nacida

Las primeras diligencias policiales revelaron que la madre biológica había pactado la venta de su hija por 2.000 euros con una pareja cordobesa que estaba intentando ser padres a través de tratamientos de fertilidad. La operación quedó registrada oficialmente cuando ambos acudieron al Registro Civil de Córdoba para inscribir a la menor como hija del varón de la pareja compradora y de la madre biológica.

Posteriormente, se constató que el varón retiró 2.000 euros en efectivo de un cajero automático y se los entregó a la madre biológica, quien fue posteriormente trasladada de nuevo a Madrid por otro miembro de la familia.

La madre se arrepintió y denunció el caso

Fuentes policiales confirman que la madre biológica se arrepintió de haber entregado a su hija, motivo por el que presentó una denuncia falsa alegando secuestro. Sin embargo, tras confirmar la falsedad del relato inicial, fue arrestada en el municipio madrileño de Móstoles a finales de marzo.

Simultáneamente, en Córdoba, fueron detenidos cuatro miembros de la familia compradora, incluida la pareja que planeaba hacerse pasar por progenitores. La detención se produjo cuando se dirigían a una consulta pediátrica con la recién nacida.

Delitos imputados a los detenidos

A los cinco implicados se les imputan varios delitos graves:

  • Alteración de la paternidad

  • Detención ilegal

  • Falsificación de documento público

  • Acusación y denuncia falsa

El caso ha sido puesto en manos de la autoridad judicial, mientras que la menor ha ingresado en un centro de protección de menores en Córdoba, bajo custodia de los servicios sociales.

Un nuevo caso que reabre el debate sobre la protección de menores en situación de vulnerabilidad

Este nuevo caso de compraventa ilegal de menores vuelve a poner el foco sobre la situación de riesgo en la que se encuentran muchas mujeres sin recursos, y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguimiento en los procesos de custodia y tutela.

El Cuerpo Nacional de Policía continúa investigando si existen otros casos relacionados y no descarta nuevas detenciones. Además, subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y denunciar cualquier intento de tráfico de menores o adopciones ilegales, prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños.

 

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