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Valencia

Expedientan a nueve funcionarios de la Comunitat por consultar el archivo de Rocío Carrasco para cotillear

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València, 4 jun (EFE).- La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana ha abierto un expediente de información reservada a nueve funcionarios que supuestamente habrían accedido de forma indebida a los datos del sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista (Viogen) para consultar el archivo de Rocío Carrasco.

Según la información publicada por el diario El País y confirmada a EFE por la Generalitat Valenciana, este expediente es previo, en caso de que proceda, al expediente disciplinario aunque, no obstante, el asunto se ha puesto en manos de la Fiscalía.

El acceso a este tipo de expedientes está limitado a un determinado grupo de funcionarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de la Administración de Justicia, y su consulta siempre deja constancia sobre el autor o autores de la consulta.

Los accesos a este expediente han coincidido en el tiempo con la emisión en televisión de un documental en el que la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco ha relatado supuestos episodios de malos tratos.

Las mismas fuentes han explicado que estos funcionarios expedientados han sido apartados de forma momentánea de sus funciones de atención a víctimas.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior han señalado que desde el área de violencia de género de la Secretaría de Estado de Seguridad, dentro de sus labores de vigilancia habituales, se detectaron algunas consultas sobre el expediente de Rocío Carrasco por parte de funcionarios ajenos al mismo.

Se procedió entonces a bloquear esos accesos y en estos momentos se estudia si se adoptan más medidas, según esas fuentes, que añaden que todos los funcionarios que habrían llevado a cabo esas consultas son de la Comunitat Valenciana.

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Sucesos

Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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indemnización hospital general pancreatitis

La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años fallecida por pancreatitis aguda después de pasar 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica adecuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación de la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre presentaron la reclamación patrimonial contra la sanidad pública por negligencia médica.

Cronología de los hechos

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias del Hospital General de València por dolor abdominal intenso, vómitos y sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y ecografía abdominal, se diagnosticó pancreatitis aguda biliar y se solicitó su ingreso en hospitalización.

Sin embargo, no había camas disponibles, por lo que la paciente permaneció en un box de Urgencias durante 36 horas, esperando atención médica. Durante ese tiempo, no se registraron constantes vitales ni se realizaron controles ni analíticas. Finalmente, la mujer falleció sin recibir tratamiento, según señalan los informes.

Pancreatitis aguda: un riesgo grave

La pancreatitis puede presentarse de forma leve, con evolución favorable, o grave, con inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo orgánico múltiple, cuya mortalidad puede superar el 30%.

Los expertos subrayan que en los casos graves se requiere vigilancia intensiva y tratamiento inmediato. La ausencia de monitoreo y atención en Urgencias del Hospital General de València contribuyó directamente a la muerte de la paciente, según la asociación.

Declaraciones de la asociación

La asociación El Defensor del Paciente critica la inacción del personal sanitario, calificándola de «evitable» y de un incumplimiento del mínimo de atención esperado en cualquier hospital. La paciente quedó «privada de la posibilidad de un tratamiento que podría haber salvado su vida», añaden.

Indemnización y acuerdo

El seguro de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario cubrirán 225.000 euros en concepto de indemnización por negligencia médica, poniendo fin al procedimiento administrativo iniciado por los familiares de la fallecida.

 

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