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Expertos: Confinar 7 días antes habría evitado 20.000 muertes en primera ola

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Barcelona, 20 feb (EFE).- Científicos de las universidades Rovira i Virgili de Tarragona y de Zaragoza han elaborado una investigación sobre la primera ola de la pandemia y han concluido que si el confinamiento domiciliario se hubiera decretado siete días antes se habría salvado la vida de unas 20.000 personas en toda España.

El estudio ha sido liderado por el físico y catedrático del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Àlex Arenas, quien informa este sábado en sus redes sociales del resultado del mismo.

Arenas ha asegurado hoy que su grupo de investigación derivó el pasado año «cuatro informes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, vía Miguel Hernán (epidemiólogo que asesoró al Gobierno en la primera ola), a partir de los cuales el presidente Pedro Sánchez decidió el confinamiento total. Como mínimo dos semanas tarde».

Este experto también se puso en contacto con el presidente de la Generalitat en aquel momento, Quim Torra, y los consellers de la Presidencia, Meritxell Budó, y de Interior, Miquel Buch, quienes «desde el minuto uno lo entendieron y pidieron el confinamiento un día después de saber» los datos.

«El ministro Illa y Fernando Simón, con información aún más precisa que nos requirieron, tardaron dos semanas más», ha afirmado.

«Teniendo en cuenta que los muertos en la primera oleada ascendieron a 28.000, nos habríamos ahorrado 23.000», ha indicado el investigador.

Arenas concluye en su análisis retrospectivo de la primera ola de COVID-19 en España que «si hubiéramos adelantado el cierre siete días el número de muertos habría sido aproximadamente 5.000 y si lo hubiéramos hecho siete días después, hubieran sido 120.000».

«El comportamiento humano se empezó a adelantar al ‘lockdown’ (cierre de emergencia), adoptando (auto)-medidas aún no impuestas. Los tiempos son clave en esta epidemia, hay que ser proactivo siempre», ha considerado.

En respuesta a estas consideraciones, el expresidente Torra le da las gracias en otro tuit y considera que «se impone una profunda reflexión de lo que sucedió».

«Porque no se hizo caso a los expertos y no se hizo el confinamiento total cuando era necesario y cuando lo pidió Cataluña», remarca Torra.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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