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Expertos: Confinar 7 días antes habría evitado 20.000 muertes en primera ola

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Barcelona, 20 feb (EFE).- Científicos de las universidades Rovira i Virgili de Tarragona y de Zaragoza han elaborado una investigación sobre la primera ola de la pandemia y han concluido que si el confinamiento domiciliario se hubiera decretado siete días antes se habría salvado la vida de unas 20.000 personas en toda España.

El estudio ha sido liderado por el físico y catedrático del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Àlex Arenas, quien informa este sábado en sus redes sociales del resultado del mismo.

Arenas ha asegurado hoy que su grupo de investigación derivó el pasado año «cuatro informes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, vía Miguel Hernán (epidemiólogo que asesoró al Gobierno en la primera ola), a partir de los cuales el presidente Pedro Sánchez decidió el confinamiento total. Como mínimo dos semanas tarde».

Este experto también se puso en contacto con el presidente de la Generalitat en aquel momento, Quim Torra, y los consellers de la Presidencia, Meritxell Budó, y de Interior, Miquel Buch, quienes «desde el minuto uno lo entendieron y pidieron el confinamiento un día después de saber» los datos.

«El ministro Illa y Fernando Simón, con información aún más precisa que nos requirieron, tardaron dos semanas más», ha afirmado.

«Teniendo en cuenta que los muertos en la primera oleada ascendieron a 28.000, nos habríamos ahorrado 23.000», ha indicado el investigador.

Arenas concluye en su análisis retrospectivo de la primera ola de COVID-19 en España que «si hubiéramos adelantado el cierre siete días el número de muertos habría sido aproximadamente 5.000 y si lo hubiéramos hecho siete días después, hubieran sido 120.000».

«El comportamiento humano se empezó a adelantar al ‘lockdown’ (cierre de emergencia), adoptando (auto)-medidas aún no impuestas. Los tiempos son clave en esta epidemia, hay que ser proactivo siempre», ha considerado.

En respuesta a estas consideraciones, el expresidente Torra le da las gracias en otro tuit y considera que «se impone una profunda reflexión de lo que sucedió».

«Porque no se hizo caso a los expertos y no se hizo el confinamiento total cuando era necesario y cuando lo pidió Cataluña», remarca Torra.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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