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Expertos: Confinar 7 días antes habría evitado 20.000 muertes en primera ola

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Barcelona, 20 feb (EFE).- Científicos de las universidades Rovira i Virgili de Tarragona y de Zaragoza han elaborado una investigación sobre la primera ola de la pandemia y han concluido que si el confinamiento domiciliario se hubiera decretado siete días antes se habría salvado la vida de unas 20.000 personas en toda España.

El estudio ha sido liderado por el físico y catedrático del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Àlex Arenas, quien informa este sábado en sus redes sociales del resultado del mismo.

Arenas ha asegurado hoy que su grupo de investigación derivó el pasado año «cuatro informes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, vía Miguel Hernán (epidemiólogo que asesoró al Gobierno en la primera ola), a partir de los cuales el presidente Pedro Sánchez decidió el confinamiento total. Como mínimo dos semanas tarde».

Este experto también se puso en contacto con el presidente de la Generalitat en aquel momento, Quim Torra, y los consellers de la Presidencia, Meritxell Budó, y de Interior, Miquel Buch, quienes «desde el minuto uno lo entendieron y pidieron el confinamiento un día después de saber» los datos.

«El ministro Illa y Fernando Simón, con información aún más precisa que nos requirieron, tardaron dos semanas más», ha afirmado.

«Teniendo en cuenta que los muertos en la primera oleada ascendieron a 28.000, nos habríamos ahorrado 23.000», ha indicado el investigador.

Arenas concluye en su análisis retrospectivo de la primera ola de COVID-19 en España que «si hubiéramos adelantado el cierre siete días el número de muertos habría sido aproximadamente 5.000 y si lo hubiéramos hecho siete días después, hubieran sido 120.000».

«El comportamiento humano se empezó a adelantar al ‘lockdown’ (cierre de emergencia), adoptando (auto)-medidas aún no impuestas. Los tiempos son clave en esta epidemia, hay que ser proactivo siempre», ha considerado.

En respuesta a estas consideraciones, el expresidente Torra le da las gracias en otro tuit y considera que «se impone una profunda reflexión de lo que sucedió».

«Porque no se hizo caso a los expertos y no se hizo el confinamiento total cuando era necesario y cuando lo pidió Cataluña», remarca Torra.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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