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Valencia

Eduardo Zaplana condenado a más de 10 años de prisión por corrupción

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EFE/ Domenech Castelló/Archivo
Fotografía de archivo de Eduardo Zapalana, exministro y expresidente de la Generalitat valenciana. EFE/Kai Försterling

El exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha sido condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.

Absuelven a otros acusados del caso Erial

José Luis Olivas y otros acusados quedan absueltos

Los ocho acusados restantes en el denominado caso Erial, entre los que se encuentra el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por falta de pruebas que sustenten una condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Detalles de la sentencia del caso Erial

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, emitida tras el juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo, consta de 364 páginas. Sin embargo, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

 

Condena a Eduardo Zaplana

Los presuntos delitos que cita el auto son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y como presuntos autores apunta a una veintena de personas, entre ellas Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens (testaferro), los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà, el también expresident de la Generalitat y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los investigados, «dirigidos por» Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.

Todos los implicados

Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete con Zaplana en la Generalitat, Mitsuko Flerida, su secretaria personal, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo SEDESA -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino -expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía-, usando sociedades como Asedes Capital.

Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.

Comunicado de Zaplana

Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia y «absoluta disconformidad» con la acusación que formula hacia él y otras 14 personas el fiscal anticorrupción y ha lamentado la «instrucción inqusitorial» a la que se ha visto sometido los últimos siete años.

«Una vez visto el escrito de acusación del Fiscal, muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan», ha señalado en un comunicado.

Reitera su inocencia y lamenta 7 años de instrucción «inquisitorial»

«Al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales», ha añadido.

Por último, Zaplana expresa su confianza en que en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que le permitan acreditar su inocencia y «que hasta el momento le han sido vedadas».

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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