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Valencia

Eduardo Zaplana condenado a más de 10 años de prisión por corrupción

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EFE/ Domenech Castelló/Archivo
Fotografía de archivo de Eduardo Zapalana, exministro y expresidente de la Generalitat valenciana. EFE/Kai Försterling

El exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha sido condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.

Absuelven a otros acusados del caso Erial

José Luis Olivas y otros acusados quedan absueltos

Los ocho acusados restantes en el denominado caso Erial, entre los que se encuentra el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por falta de pruebas que sustenten una condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Detalles de la sentencia del caso Erial

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, emitida tras el juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo, consta de 364 páginas. Sin embargo, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

 

Condena a Eduardo Zaplana

Los presuntos delitos que cita el auto son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y como presuntos autores apunta a una veintena de personas, entre ellas Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens (testaferro), los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà, el también expresident de la Generalitat y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los investigados, «dirigidos por» Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.

Todos los implicados

Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete con Zaplana en la Generalitat, Mitsuko Flerida, su secretaria personal, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo SEDESA -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino -expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía-, usando sociedades como Asedes Capital.

Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.

Comunicado de Zaplana

Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia y «absoluta disconformidad» con la acusación que formula hacia él y otras 14 personas el fiscal anticorrupción y ha lamentado la «instrucción inqusitorial» a la que se ha visto sometido los últimos siete años.

«Una vez visto el escrito de acusación del Fiscal, muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan», ha señalado en un comunicado.

Reitera su inocencia y lamenta 7 años de instrucción «inquisitorial»

«Al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales», ha añadido.

Por último, Zaplana expresa su confianza en que en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que le permitan acreditar su inocencia y «que hasta el momento le han sido vedadas».

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Valencia

Muere de un infarto el técnico del 112 que validó el ES-Alert el día de la DANA

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Miguel Moya,

Miguel Moya certificó el envío del SMS masivo de alerta desde su domicilio durante la emergencia

Miguel Moya, técnico del servicio 112 Comunitat Valenciana y responsable de validar el envío del sistema ES-Alert el día de la DANA en Valencia, ha fallecido a causa de un infarto en la noche del martes, según fuentes conocedoras de lo ocurrido.

Moya desempeñó un papel clave en la gestión de la emergencia provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la provincia de Valencia. Fue el profesional encargado de certificar el envío del mensaje de alerta masiva a la población, un proceso que realizó desde su propio domicilio.

Un papel clave en el envío del ES-Alert

El técnico trabajó en coordinación con el entonces subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango al frente del operativo en aquel momento. El envío del mensaje ES-Alert se produjo a las 20:11 horas, tras momentos de elevada tensión en la Sala de Emergencias ubicada en l’Eliana.

Durante la gestión se rechazó un primer mensaje redactado en castellano e inglés. Posteriormente, se aprobó un segundo texto —conocido como “708”— redactado en castellano y valenciano. En un audio incorporado a la causa judicial se escucha a Moya preguntar: “¿Lo apruebo?”, a lo que Suárez responde: “Sí, sí, adelante”.

La investigación judicial sobre la DANA

El envío del SMS fue posteriormente objeto de análisis judicial. La jueza instructora sostiene que la alerta pudo ser tardía y que el contenido no fue el más adecuado, lo que habría dificultado que parte de la ciudadanía adoptara medidas de autoprotección.

Miguel Moya declaró como testigo en la causa abierta por la gestión de la DANA en Valencia, un episodio que generó un intenso debate político e institucional en la Comunitat Valenciana.

Su fallecimiento se produce mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con aquella jornada de emergencia.

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