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Valencia

Eduardo Zaplana condenado a más de 10 años de prisión por corrupción

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EFE/ Domenech Castelló/Archivo
Fotografía de archivo de Eduardo Zapalana, exministro y expresidente de la Generalitat valenciana. EFE/Kai Försterling

El exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha sido condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.

Absuelven a otros acusados del caso Erial

José Luis Olivas y otros acusados quedan absueltos

Los ocho acusados restantes en el denominado caso Erial, entre los que se encuentra el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por falta de pruebas que sustenten una condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Detalles de la sentencia del caso Erial

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, emitida tras el juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo, consta de 364 páginas. Sin embargo, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

 

Condena a Eduardo Zaplana

Los presuntos delitos que cita el auto son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y como presuntos autores apunta a una veintena de personas, entre ellas Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens (testaferro), los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà, el también expresident de la Generalitat y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los investigados, «dirigidos por» Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.

Todos los implicados

Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete con Zaplana en la Generalitat, Mitsuko Flerida, su secretaria personal, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo SEDESA -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino -expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía-, usando sociedades como Asedes Capital.

Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.

Comunicado de Zaplana

Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia y «absoluta disconformidad» con la acusación que formula hacia él y otras 14 personas el fiscal anticorrupción y ha lamentado la «instrucción inqusitorial» a la que se ha visto sometido los últimos siete años.

«Una vez visto el escrito de acusación del Fiscal, muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan», ha señalado en un comunicado.

Reitera su inocencia y lamenta 7 años de instrucción «inquisitorial»

«Al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales», ha añadido.

Por último, Zaplana expresa su confianza en que en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que le permitan acreditar su inocencia y «que hasta el momento le han sido vedadas».

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Valencia

Golpe definitivo al rooftop del Ateneo: el Ayuntamiento tumba la licencia de la terraza lounge

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El Ayuntamiento de València ha confirmado de forma definitiva la denegación de la licencia ambiental a la terraza lounge del Ateneo Mercantil, situada en la última planta del emblemático edificio de la Plaza del Ayuntamiento. La decisión supone un serio revés para el proyecto Atenea Sky, que aspiraba a consolidarse como uno de los espacios de ocio más exclusivos del centro de la ciudad.

La resolución, adoptada por la Junta de Gobierno Local el pasado 6 de febrero, desestima por completo el recurso presentado por el Ateneo contra la negativa municipal dictada en agosto de 2025, poniendo fin —al menos por la vía administrativa— a un expediente iniciado hace más de una década.

Una licencia “incompatible” con el edificio y la normativa

El Ayuntamiento rechaza los argumentos del Ateneo, que defendía la existencia de silencio administrativo positivo y sostenía que la actividad del rooftop formaba parte del uso sociocultural del inmueble. Según el acuerdo municipal, esta interpretación no se ajusta a la realidad.

Los técnicos concluyen que se trata de una licencia independiente y específica, desvinculada del resto del edificio, y que la actividad planteada no puede considerarse sociocultural. El proyecto describe un espacio con ambiente musical, servicio de comidas y bebidas, amplio horario y acceso directo desde la calle Moratín, características más propias de un local de ocio nocturno que de un uso restringido a socios.

El ruido y la protección patrimonial, claves del rechazo

Uno de los puntos determinantes ha sido la amenización musical. El Ayuntamiento señala que, para autorizarla, serían necesarias medidas correctoras de cubrición que chocan frontalmente con la protección patrimonial del edificio.

Además, cualquier intervención sobre la terraza afectaría a la envolvente del inmueble, lo que tendría un impacto sobre todo el edificio protegido, algo que la normativa urbanística y acústica vigente no permite.

Cierre administrativo, pero con opción de recurso

En su conclusión, el acuerdo municipal es tajante: la licencia solicitada es incompatible tanto con el planeamiento urbanístico como con la protección específica del Ateneo Mercantil y la regulación acústica de València.

El Ateneo dispone ahora de un plazo de dos meses para interponer recurso ante los tribunales si decide continuar la batalla legal.

 

GALERÍA| La espectacular fiesta de aniversario de Atenea Sky

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