València, 1 abr (EFE).- La Generalitat ha eliminado todas las restricciones por covid-19 que existían para las salidas de las personas usuarias de las residencias de mayores, que a partir de ahora también podrán recibir visitas sin ningún tipo de limitaciones, más allá de las establecidas por la normativa sanitaria.

Así lo recoge la resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los centros de atención a personas mayores (CEAM/CIM), en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, informa la Generalitat.

El texto, que entrará en vigor tras su publicación hoy viernes en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), elimina las limitaciones de horario y número de personas que podían visitar a sus familiares y allegados en las residencias, y establece que se deberá seguir lo previsto en el reglamento de régimen interior de los centros y siempre garantizando un mínimo de 2 horas a la semana de visitas por persona residente.

Las visitas deberán hacerse, en la medida de lo posible, evitando las zonas de paso común y con las debidas medidas de seguridad, higiene y prevención de la covid-19 establecidas tanto para las personas profesionales como para las personas residentes y visitantes.

La nueva normativa también permitirá a las familias y personas allegadas acceder a las habitaciones de los y las usuarias en aquellos casos en los que tengan una situación de gran dependencia que les obligue a estar encamados, o para ayudarles en la revisión de ropa o enseres que puedan necesitar en los cambios de temporada.

Estas nuevas normas son de aplicación para todas aquellas residencias que tienen alta cobertura de vacunación (por encima del 80 %), al igual que las que eliminan todas las restricciones anteriores que afectaban a las salidas con pernoctación de los centros.

Así, solo en los centros con baja cobertura de vacunación se prohibirá la salida de las personas no vacunadas cuando el lugar al que quieran ir se encuentre en nivel de alerta 2 o 3.

Otra de las novedades es que se elimina la obligatoriedad de reservar un 5 % las plazas para posibles aislamientos en caso de detectarse casos covid-19 en un centro residencial y, únicamente, se pide que haya al menos una habitación individual disponible con baño de uso exclusivo para potenciales aislamientos individuales regulados por las autoridades sanitarias.

Las restricciones también se eliminan en los centros de atención diurna, que a partir de ahora podrán abrir al cien por cien en todas las modalidades con grupos burbuja, y de esta manera se eliminan los turnos rotatorios.

En el caso de estancias de día en centros residenciales, se incorporan las personas usuarias del centro de día a unidades convivenciales de personas residentes estables.

Cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad entre grupos burbuja en los centros de día, se asegurará el uso de la mascarilla, y a las personas usuarias del mismo grupo burbuja se les considerará unidades de convivencia estables y se les aplicará la normativa que rige para la población en general.

Los centros de atención a personas mayores (CEAM) asimilan todos los niveles de alerta, de manera que pueden realizarse todas las actividades con independencia del nivel de transmisión comunitaria en el que se encuentre la población, y se elimina la cita previa y la exigencia de ir desprovistos de anillos y enseres personales.

La actual resolución deroga las resoluciones anteriores de centros y recursos de diversidad funcional y salud mental, de los hogares, residencias y servicios de atención a la infancia y adolescencia, de los albergues y recursos dirigidos a personas sin hogar, personas en situación de exclusión social y a los centros de atención temporal de emergencia (CATE) y de los centros y recursos dirigidos a las víctimas de violencia de género y machista.

Estos recursos pasarán a regularse única y exclusivamente por las normas y resoluciones establecidas desde las autoridades sanitarias, lo que significa un avance en la normalización de la convivencia en centros y servicios dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.