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Familiares de las víctimas de la DANA en Valencia entregan más de 65.000 firmas en el Congreso para exigir justicia

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Firmas afectados dana congreso diputados

Madrid, 14 dic (EFE).- Familiares de las víctimas de la DANA que azotó la provincia de Valencia han entregado este jueves en el Congreso de los Diputados más de 65.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org. Su objetivo es exigir justicia para las víctimas y solicitar la apertura de una comisión de investigación ante la presunta «desprotección de las autoridades», según declaró Meri García, portavoz de la iniciativa.

MADRID, 12/12/2024.- Familiares de fallecidos en la dana entregan este jueves en el Congreso de los Diputados más de 65.000 firmas recogidas en las últimas dos semanas pidiendo justicia para las víctimas y que se abra una comisión de investigación por la gestión de la catástrofe. EFE/ Fernando Villar

Un acto cargado de simbolismo

Tres afectadas, procedentes de municipios valencianos como Catarroja, Bétera y Torrent, viajaron hasta Madrid para realizar la entrega de las firmas. En un gesto cargado de simbolismo, acudieron con botas de agua y cajas manchadas de barro, representando el impacto que la tragedia ha dejado en sus vidas y en toda la región valenciana.

“Lo que está pasando en Valencia no puede quedar impune”, afirmó Meri García, quien perdió a su padre durante la tragedia. Según García, las instituciones «no nos alertaron ni nos socorrieron», dejando a las víctimas en una situación de desamparo. Con voz firme, pidió que se abra una comisión de investigación para esclarecer «por qué ocurrió esta tragedia y qué pasó con nuestras familias».

Testimonios de dolor e indignación

García, visiblemente afectada, expresó su indignación: “Me invade la rabia de pensar que esto se podría haber evitado. Cuando llegó la alarma hacía rato que mi padre ya se había ahogado”. La acompañaban Yolanda Garrido y Maite Pagán, quienes también sufrieron pérdidas irreparables, incluido un niño de solo 4 años. Ambas incidieron en el «abandono total» que percibieron por parte de las autoridades durante los momentos más críticos de las inundaciones.

Respuesta institucional

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, reaccionó a esta protesta desde los pasillos del Congreso. “Es necesario investigar todo lo que haga falta para esclarecer y depurar responsabilidades”, afirmó. Según Morant, tanto el Congreso de los Diputados como Les Corts Valencianes serán los espacios donde los responsables políticos deberán rendir cuentas.

El impacto de la DANA en las plataformas digitales

La tragedia ha movilizado no solo a familiares, sino también a ciudadanos de todo el país. Según Change.org, más de 300 propuestas relacionadas con la DANA han sido creadas en las últimas semanas. Esto refleja el clamor social por una mejor gestión de emergencias y un análisis exhaustivo de las responsabilidades políticas e institucionales.

Justicia y prevención: las demandas

Las familias de las víctimas buscan no solo justicia, sino también medidas preventivas que eviten que tragedias similares vuelvan a ocurrir. La entrega de estas firmas en el Congreso marca un paso importante en su lucha por obtener respuestas, visibilizar el problema y garantizar que las instituciones tomen medidas para proteger a los ciudadanos en el futuro.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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