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Ford Almussafes hará los nuevos eléctricos y se garantiza su futuro

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Ford Almussafes eléctricos
Varios trabajadores de la planta de pintura de Ford en Almussafes (Valencia). EFE/Manuel Bruque/Archivo
Madrid/València, 22 jun (OFFICIAL PRESS- EFE).- La planta valenciana de Ford en Almussafes será finalmente la elegida para desarrollar los dos nuevos vehículos eléctricos del fabricante automovilístico, imponiéndose así a la alemana de Saarlouis con la que competía.

Así lo han confirmado fuentes del Gobierno español, que celebran la decisión adoptada por Ford Europa, la subsidiaria de grupo estadounidense que tiene previsto anunciarlo oficialmente en las próximas horas.

Ford España ha comunicado que a las 13 horas dará información al respecto de esta decisión, que en Almussafes es esperada con nerviosismo y la vez con la tranquilidad de disponer de un acuerdo válido para el futuro de la planta valenciana, desde que en mayo se anunció oficialmente que sería a finales de junio cuando se comunicaría la elección.

Los representantes de UGT, sindicato mayoritario en la planta valenciana, mantienen en estos momentos una reunión por videoconferencia con la dirección europea y a las 12.15 horas el Comité de empresa ha sido convocado por la dirección local para trasladarle información relevante sobre esta inversión de futuro.

La factoría valenciana tiene una plantilla de 6.000 trabajadores -mil de ellos trabajan en motores-, y desde el inicio de la pandemia ha encadenado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) tras otro, el último vigente hasta el próximo 29 de julio.

Actualmente fabrica cuatro modelos (Kuga, Transit, Galaxy y S-Max) pero progresivamente, hasta 2024, irá dejando de producir los tres últimos y únicamente mantendrá el Kuga, que representa más de la mitad del total de la producción actual, según las previsiones de carga de trabajo.

En cuanto a motores, en estos momentos desarrolla los Ecoboost de 2,0 y 2,3 litros y en el último trimestre de este año lanzará el motor Duratec 2,5 litros, un motor híbrido que se equipa en el Kuga PEHV (híbrido enchufable). Además, produce propulsores para las plantas de Norteamérica.

La planta cuenta con un acuerdo de contención salarial a cinco años que estaba condicionado a ser la elegida para la plataforma eléctrica de los futuros vehículos y cuyas medidas entrarían en vigor a partir de 2025.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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