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Fulgencio no prevé más detenciones «de momento» en la operación antiyihadista en Alaquàs y Cocentaina, que sigue abierta

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VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) – El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha señalado que la investigación que llevó a la detención este pasado martes en Alaquàs (Valencia) y Cocentaina (Alicante) a dos hombres de nacionalidad siria por su presunta pertenencia a Daesh y Al Qaeda y propagar el ideario yihadista en redes sociales continúa abierta. Además, ha indicado que no se espera efectuar más detenciones en la Comunitat Valenciana «de momento».

Así lo ha manifestado Fulgencio este miércoles en la Central de la Policía Local de València, donde ha asistido a los actos con motivo de la festividad del día de este cuerpo y al ser preguntado por los medios por la operación por la que agentes de Policía Nacional detuvieron este martes en Alaquàs y Cocentaina a dos hombres de nacionalidad siria, de 55 y 58 años, por su presunta pertenencia a Daesh y Al Qaeda y propagar el ideario yihadista a través de redes sociales.

Al respecto, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha explicado que las pesquisas se mantienen abiertas y forman parte de una investigación «más amplia», aunque ha indicado que «no hay más datos que estas dos detenciones».

Asimismo, Fulgencio ha apuntado que no se esperan «en la Comunitat Valenciana, de momento, proceder a ninguna otra detención».

A los arrestados en Alaquás y Cocentaina se les atribuye una presunta participación en un delito de integración en organización terrorista, colaboración, adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo en una investigación realizada por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Valencia y la Brigada Local de información de Torrent (Valencia).

Esta investigación se desarrolla bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 1 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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