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Grezzi convoca a los vecinos de Ciutat Vella para abordar el nuevo sistema de acceso al barrio

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VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) – El concejal de Movilidad Sostenible de València, Giuseppe Grezzi, ha convocado a las entidades sociales y vecinales de Ciutat Vella para iniciar el proceso del nuevo sistema de acceso al barrio, tal y como habían solicitado los propios residentes que votaron este proyecto dentro de los presupuestos participativos.

En un comunicado, Grezzi ha afirmado que «las vías públicas de las grandes ciudades se han convertido en espacios saturados por el gran número de usuarios, y el problema se agrava en los cascos históricos por la confluencia de numerosos vehículos y peatones, una red viaria antigua no pensada para el tráfico masivo actual y problemas de ruidos, atascos y contaminación».

En València, ha puesto como ejemplo, «alrededor de 12.000 vehículos acceden diariamente al perímetro de Ciutat Vella Nord». Por ello, «además de la peatonalización, otra medida dentro del modelo de movilidad sostenible que se está implantando en la ciudad es limitar el tráfico de vehículos a motor mediante las denominadas áreas de prioridad residencial con el objetivo de mejorar la seguridad vial peatonal, mejorar la movilidad sostenible y la calidad ambiental, mejorar la prestación de los servicios públicos y velar por la protección del patrimonio histórico-artístico de la ciudad».

En la reunión, que tendrá lugar el martes 10, se trabajará en el nuevo sistema de acceso a Ciutat Vella, que contará con cinco puntos de control equipados con un sistema de cámaras CCTV con reconocimiento automático de matrículas.

Los puntos de control se ubicarán en el acceso a la calle Corona desde la calle Guillem de Castro; en la calle Salvador Giner en su acceso desde la Plaza del Portal Nuevo; en la calle Salvador en el cruce con la calle Trinitarios; en avenida María Cristina número 11 y en la Plaza Ciudad de Brujas-esquina calle Vieja de la Paja.

Cada punto de control contará con una cámara de lectura de matrícula (OCR) y una cámara de visión general. Mediante un software se podrán detectar, de esta forma, las matrículas que disponen de autorización para circular por la zona restringida y las que no.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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