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Grezzi convoca a los vecinos de Ciutat Vella para abordar el nuevo sistema de acceso al barrio

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VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) – El concejal de Movilidad Sostenible de València, Giuseppe Grezzi, ha convocado a las entidades sociales y vecinales de Ciutat Vella para iniciar el proceso del nuevo sistema de acceso al barrio, tal y como habían solicitado los propios residentes que votaron este proyecto dentro de los presupuestos participativos.

En un comunicado, Grezzi ha afirmado que «las vías públicas de las grandes ciudades se han convertido en espacios saturados por el gran número de usuarios, y el problema se agrava en los cascos históricos por la confluencia de numerosos vehículos y peatones, una red viaria antigua no pensada para el tráfico masivo actual y problemas de ruidos, atascos y contaminación».

En València, ha puesto como ejemplo, «alrededor de 12.000 vehículos acceden diariamente al perímetro de Ciutat Vella Nord». Por ello, «además de la peatonalización, otra medida dentro del modelo de movilidad sostenible que se está implantando en la ciudad es limitar el tráfico de vehículos a motor mediante las denominadas áreas de prioridad residencial con el objetivo de mejorar la seguridad vial peatonal, mejorar la movilidad sostenible y la calidad ambiental, mejorar la prestación de los servicios públicos y velar por la protección del patrimonio histórico-artístico de la ciudad».

En la reunión, que tendrá lugar el martes 10, se trabajará en el nuevo sistema de acceso a Ciutat Vella, que contará con cinco puntos de control equipados con un sistema de cámaras CCTV con reconocimiento automático de matrículas.

Los puntos de control se ubicarán en el acceso a la calle Corona desde la calle Guillem de Castro; en la calle Salvador Giner en su acceso desde la Plaza del Portal Nuevo; en la calle Salvador en el cruce con la calle Trinitarios; en avenida María Cristina número 11 y en la Plaza Ciudad de Brujas-esquina calle Vieja de la Paja.

Cada punto de control contará con una cámara de lectura de matrícula (OCR) y una cámara de visión general. Mediante un software se podrán detectar, de esta forma, las matrículas que disponen de autorización para circular por la zona restringida y las que no.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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