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GÜRTEL | ‘El Bigotes’ y el ‘Yonki del Dinero’ comparecen este martes ante la la comisión de investigación

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(EUROPA PRESS)-La comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP continuará este martes recibiendo a más comparecientes, tras la declaración el pasado día 6 del jefe de ‘Gürtel’, Francisco Correa. En esta ocasión están citados otro de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, y Marcos Benavent, el autodenominado ‘Yonki del dinero’.

‘El Bigotes’, quien fue responsable de Orange Market, cumple pena de presión por los contratos de ‘Gürtel’ para los espacios de la Generalitat Valenciana en Fitur, pero está también acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

Pese a estar recluido en la cárcel de Valdemoro, ‘El Bigotes’ ha pedido el correspondiente permiso judicial para poder acudir presencialmente a la Cámara Baja, según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su comparecencia hace dos semanas en el juicio de la trama valencia de Gürtel que se sigue en la Audiencia Nacional, Pérez, para el que Fiscalía pide 27 años de cárcel, señaló al expresidente valenciano Francisco Camps como la persona que dio la orden al ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa para que la trama Gürtel facturase los actos de campaña de 2007 y 2008 del PP valenciano a otros empresarios.

También para este martes se espera el testimonio de Marcos Benavent, el autodenominado ‘Yonki del dinero’, que está procesado por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia. Benavent colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente, Alfonso Rus.

CAMPS Y COSTA PODRÍAN CRUZARSE EN EL CONGRESO

Tras ‘El Bigotes’ y el ‘Yonki del dinero’, la comisión que presidente el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, tiene previsto citar el 6 de marzo al que fuera secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y al expresidente de esa comunidad Francisco Camps.

Costa confesó hace dos semanas en el juicio por la rama valenciana de ‘Gürtel’ que su partido pagó en negro algunos actos que contrataron con la empresa de Correa, Orange Market, para las campañas electorales de 2007 y 2008, en varios de los cuales participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión fue, según ‘El Bigotes’ y Correa, quien les indicó que si «querían cobrar» tenían que facturar los eventos a «determinados empresarios». El propio ex número dos del PP valenciano señaló que fue Camps quien decidió contratar Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con «dinero negro». Camps negó las acusaciones y podría cruzarse con su antiguo colaborador en el Congreso porque han sido llamados a declarar el mismo día.

Según el calendario acordado por los grupos, días después, el 13 de marzo, será el turno del principal imputado del ‘caso Púnica’, Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mano derecha de Esperanza Aguirre y ex secretario general del partido en la comunidad.

¿Y CIFUENTES, GONZÁLEZ Y AGUIRRE?
Todos los grupos de la oposición, a excepción de Ciudadanos, pidieron citar a Granados en la comisión y cerraron la fecha. Este jueves, después de que el que fuera ‘número dos’ del PP madrileño admitiera ante el juez financiación ilegal del partido, también el partido naranja ha reclamado su comparecencia.

En dicha declaración, Granados implicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la expresidenta Esperanza Aguirre en la presunta caja B del PP regional. En concreto, aseguró que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 el partido realizó para Aguirre una «campaña paralela y de refuerzo» que no se pagaba con fondos oficiales, y sitúo a Cifuentes en el «núcleo de poder» de esa campaña hasta que acabó una supuesta «relación sentimental» con Ignacio González.

Tras estas revelaciones, tanto el PSOE como Unidos Podemos se apresuraron a reclamar la presencia de Cifuentes y de sus antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre, unas comparecencias que Ciudadanos ya avanzó que apoyaría. Al término de la sesión de este martes, la comisión de investigación decidirá a qué nuevos comparecientes citar a partir de mediados de marzo.

Y una semana después de Granados, en la sesión del 13 de marzo, la comisión recibirá a su antiguo socio, David Marjaliza, considerado cerebro de la red ‘Púnica’ y que viene colaborando con la Justicia desde el año 2015.

Marjaliza ya confesó en su último interrogatorio del pasado 17 de enero que tanto él como Granados y Javier López Madrid –el yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL– se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de tres obras de Metro de Madrid en 2004.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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