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GÜRTEL | Caballer reconoce que Orange Market pagó los fuegos artificiales que encargó el PP para un acto de Rajoy

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(EUROPA PRESS)-El dueño de la pirotecnia Caballer, Vicente Caballer, ha reconocido este martes en el juicio que acoge la Audiencia Nacional por la rama valenciana de la trama Gürtel que Orange Market, que la empresa del cabecilla Francisco Correa pagó los fuegos artificiales que contrató el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) para el acto de campaña del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebrado en la Plaza de Toros de València en el año 2008.

Vicente Caballer, que ha comparecido en calidad de testigo, ha negado en un primer momento trato alguno con esta empresa de la trama si bien, ante la insistencia del titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, ha acabado reconociendo la existencia de facturas en las que consta que Orange Market habría abonado los pagos relativos a trabajos para la formación popular de la Comunitat Valenciana.

Con todo, el pirotécnico ha matizado que los contratos para disparar fuegos artificiales en diferentes actos del PP valenciano los cerraba siempre con la formación regional y que «jamás» hizo negocios directos con la empresa de la trama pese a las facturas expuestas durante la sesión de este martes por el representante del Ministerio Fiscal. Una de ellas, relativa a los fuegos artificiales en los actos de campaña que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebró en la Plaza de Toros de València por valor de 15.000 euros.

El juez ha citado a Caballer después de que el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa explicara ante el juez durante su interrogatorio como investigado que la contratación de Caballer fue una «petición expresa» del entonces presidente de la Comunitat Valenciana y del PP regional, Francisco Camps, como «complemento» en estos actos centrales y que fue pagado con dinero negro.

«NO CONOCEMOS A ESTA EMPRESA DE NADA»
Sobre este trabajo Caballer ha reconocido la existencia de un correo electrónico enviado por Cándido Herrero empleado de Orange Market a una de sus hijas que está al frente del negocio familiar dos días antes la firma de la factura, el 6 de marzo de ese año. Eso sí, el empresario valenciano ha puntualizado que ni él ni sus hijos han tratado de forma directa con nadie de la empresa del cabecilla de la trama.

«A nosotros posiblemente se nos ha dicho que este señor nos pagará pero nunca hemos trabajado con Orange Market. No conocemos a esta empresa para nada», ha respondido Caballer al ser preguntado por otras dos facturas de 29.000 euros por disparar fuegos artificiales en la Volvo Ocean Race (Vuelta al Mundo por etapas) de Alicante.

Al respecto ha precisado que llevan cerca de 150 años de actividad dentro de la legalidad y que en ese tiempo han trabajado disparando fuegos artificiales con partidos de todo color político y en todo tipo de eventos llegando a representar a España en 34 actos internacionales.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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