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Valencia

Hasta 1.000 euros de multa para los usuarios de patinetes que no sigan las normas

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Valencia, 22 nov (EFE).- La Policía Local ha iniciado este lunes la campaña de controles de velocidad, alcohol y drogas dirigida a conductores de patinetes, y las sanciones tipificadas en la ordenanza por incumplimiento de la norma van de 60 a 1.000 euros.

Durante la primera semana, los agentes informarán a los infractores del contenido de la Ordenanza de movilidad y, transcurridos los primeros siete días, comenzarán a imponer las correspondientes sanciones, según el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano.

«El crecimiento de accidentes va incrementándose de manera exponencial año tras año», ha asegurado Cano, quien ha indicado que hasta la fecha se han contabilizado unos 470 accidentes con patinetes, lo que implica que a estas alturas del año ya se han certificado más siniestros que en todo el año anterior.

Según Cano, la Policía Local ya sancionaba las infracciones cometidas con los patinetes. y la novedad ahora «es que introducimos las nuevas tecnologías como los drones o el radar para detectar los incumplimientos de la normativa de circulación o los excesos de velocidad».

«Se van a hacer tanto controles de velocidad como de alcohol y drogas porque estamos observando un crecimiento muy importante en los accidentes que sufren los patinetes y nuestra obligación es garantizar la seguridad vial en València», ha manifestado.

Cano ha explicado que se han realizado todos los estudios previos necesarios para comprobar que el modelo de radar que utilizará la Policía Local en la ciudad de València detecta perfectamente el exceso de velocidad de los patinetes.

Ha incidido en que la campaña pretende trasladar a todos los conductores de patinetes que deben cumplir con la misma normativa que se aplica al resto de vehículos, bien sean automóviles o motocicletas.

«Queremos informar de la normativa que no había calado todavía en muchos conductores de patinetes que sentían una especie de barra libre en el sentido de que como es una nueva forma de movilidad estaban al margen del marco normativo. Eso no es cierto porque les afecta exactamente igual», ha subrayado el edil.

Ha añadido que los agentes han detectado que muchos de los usuarios no disponen de carné de conducir, «lo que indica que hay un amplio desconocimiento de las normas básicas de circulación».

Ha manifestado que la intención de la campaña que arranca hoy es ordenar la seguridad vial de la ciudad de València poniendo el foco en los nuevos medios de transporte.

«El patinete es un elemento prácticamente nuevo. En 2017 apenas había patinetes en la ciudad, pero en 2021 es un elemento habitual, normal y cotidiano en nuestras calles«, ha indicado.

Según el edil, «tenemos que adaptarnos y poner las medidas necesarias para evitar que haya una conflictividad vial en la ciudad como consecuencia de estas nuevas formas de movilidad».

De hecho, Cano ha informado de que los accidentes en los que se ven involucrados los patinetes no han dejado de crecer desde su irrupción en la ciudad de València.

«Tomamos decisiones en base a criterios científicos que demuestran que el número de accidentes en los que están involucrados patinetes están creciendo día a día y lo que queremos es ponerle remedio», ha declarado.

Sobre la posibilidad de exigir un seguro para los conductores de patinetes, el concejal ha manifestado que el Ayuntamiento no puede regularlo directamente porque se trata de un elemento que debe recoger la Ley de Seguridad Vial, aunque se ha mostrado partidario de introducir esta obligación en el próximo marco normativo.

Finalmente, ha sostenido que la mayoría de las denuncias que ha interpuesto hasta la fecha la Policía Local con respecto a los patinetes responden a la falta de uso del casco, la utilización de auriculares o la infracción de las normas de circulación. A ello se sumará a partir de ahora los controles de velocidad. EFE

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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