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La millonaria herencia de Mario Vargas Llosa

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Isabel Preysler estalla contra Vargas Llosa por reírse de Tamara
Imagen: Europa Press

Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril de 2025 a los 89 años, dejó un legado literario inmenso y una fortuna estimada en unos 10 millones de euros, según cálculos de Forbes. Su patrimonio se construyó a lo largo de décadas gracias a sus éxitos editoriales, colaboraciones periodísticas y propiedades inmobiliarias en ciudades como Madrid, Lima, París y Punta Cana.

Ingresos literarios y colaboraciones

Tras recibir el Premio Nobel de Literatura en 2010, que conlleva una dotación económica de aproximadamente un millón de euros, Vargas Llosa incrementó notablemente sus ingresos. Según la periodista Pilar Eyre, el autor percibía alrededor de 1,5 millones de euros como adelanto por cada nuevo libro publicado, independientemente del nivel de ventas alcanzado. Además, contaba con contratos anuales de aproximadamente 200.000 euros por sus colaboraciones en medios de comunicación, y obtenía ingresos mensuales de unos 65.000 euros por derechos de autor y otras actividades relacionadas con su obra.

Propiedades inmobiliarias

Vargas Llosa poseía diversas propiedades inmobiliarias. Entre ellas, destacaba un piso de aproximadamente 300 metros cuadrados en la Puerta del Sol de Madrid, donde guardaba su extensa biblioteca. También se le atribuía la propiedad de un apartamento en Francia y otras residencias en ciudades como Lima, Nueva York y Punta Cana. Algunas de estas propiedades fueron adquiridas durante su matrimonio con Patricia Llosa.

Herederos y legado

Los principales herederos del patrimonio de Vargas Llosa son sus tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana, fruto de su matrimonio con Patricia Llosa. Álvaro, el primogénito, fue quien anunció públicamente el fallecimiento de su padre. Además del legado económico, Vargas Llosa dejó una vasta obra literaria que incluye más de 200 publicaciones, consolidándose como una figura central del «boom latinoamericano» y dejando una huella imborrable en la literatura en lengua española.

A pesar de su fallecimiento, la influencia de Mario Vargas Llosa perdura a través de sus obras, que continúan siendo leídas y estudiadas en todo el mundo, y su impacto en la literatura y el pensamiento contemporáneo sigue siendo objeto de análisis y reconocimiento.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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