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Nueva huelga de Renfe para marzo: estos son los días de paros

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huelga Renfe marzo
AVE, Estación Joaquín Sorolla. EUROPA PRESS - Archivo

Nueva huelga de Renfe para marzo de 2024. Los maquinistas de Renfe han convocado una huelga para varios días de este mes de marzo. Así lo anunció el Sindicato de Maquinistas de la compañía (SEMAF), que detalla que no se han cumplido determinados acuerdos sobre el plan de empleo.

En concreto, dos cláusulas del convenio colectivo que tienen que ver con la jornada y el plan de empleo del III Convenio, lo que ha provocado que se paralice la entrada de nuevo personal.

Esta nueva convocatoria se produce apenas dos semanas después de la última huelga, cuando se vieron afectados más de 300 trenes comerciales de Larga y Media Distancia, incluidos AVE.

Días de la huelga en Renfe en marzo

Por el momento, SEMAF ha anunciado que estos son los días de marzo afectados por los paros:

  • Viernes 1 de marzo: paros de 24 horas.
  • Lunes 4 de marzo: paros de 24 horas.
  • Miércoles 6 de marzo: de 07:00 a 10:00, de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00h.
  • Martes 12 de marzo: paros de 24 horas.

Los servicios mínimos todavía no han sido acordados y se conocerán en los días previos a la convocatoria de los paros.

Denuncian la «vulneración» de los derechos de los trabajadores

En Semaf dicen que la actual situación provoca una «vulneración» de los derechos de los trabajadores y de los usuarios del ferrocarril. La «falta de planificación e interrupción de» los procesos de recursos humanos están «traduciéndose «en plantillas de maquinistas infradimensionadas en determinadas residencias, que conlleva a la supresión de trenes». Advierten que no haber solución lo antes posible, la situación «irá a peor y el servicio decaerá drásticamente para los usuarios».

«Desde SEMAF seguiremos trabajando y luchando para que los procesos de personal sean ágiles y ordenados y el servicio de transporte público ferroviario sea digno, eficiente y eficaz», puntualiza el sindicato que añade que su posición es «absolutamente clara» y que corresponde con el documento firmado por el Ministerio.

Esta convocatoria llega después de la convocada el pasado día 9 de febrero por CCOO en protesta por el bloqueo del acuerdo sobre la eliminación de las categorías de ingreso.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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