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Ignacio Gil Lázaro solicita la baja del PP por el «desencuentro emocional e intelectual» con el partido

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VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) –

El histórico militante del PP Ignacio Gil Lázaro ha solicitado formalmente este lunes la baja ante el «desencuentro intelectual y emocional con lo que viene siendo en los últimos años el partido» que él mismo contribuyó a formar y al que ha pertenecido durante 38 años, aunque hoy «no se parece en nada a lo que fue».

En declaraciones a Europa Press, Gil Lázaro ha explicado que al mismo tiempo ha entregado al partido un escrito firmado por él y sin fecha en el que renuncia a tomar posesión del escaño en el Congreso si se produjera alguna baja en las filas del PP, dado que es el primero que tendría que entrar y no quiere hacerlo.

Sobre los motivos que le han llevado a esta ruptura con el partido, ha explicado que el «desencuentro» viene desde hace tiempo, es «una especie de gota que va llenando un vaso que no quieres que se llene, porque ha sido tu vida, pero llega un momento que se llena».

Según ha precisado, esa «última gota» fueron las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que ha apreciado «vulneración de la separación de poderes», algo que le ha incomodado «como demócrata y, modestamente, como intelectual y estudioso» porque la función de un Gobierno es «hacer didáctica y cumplir con su deber, no tratar de congraciarse con las masas».

Ha destacado que este es un episodio que tiene que ver con «algo sustancial, de principios, no un titular más», porque tiene que ver «con la calidad democrática y la garantía de todos los ciudadanos ante la ley».

Preguntado por su futuro y si este podría seguir ligado a la política fuera del PP, ha indicado que por ahora lo que le «ocupa y preocupa sentimentalmente» es hacer tenido que tomar esta decisión y por ahora no se ha planteado qué puede ocurrir dentro de cinco, cuatro, tres años o a corto plazo.

Eso sí, ha asegurado que mantendrá su «actividad política» en el ámbito social, continuando con sus conferencias y participación en debates televisivos alertando, entre otras cuestiones, del «nacionalismo local» que aprecia en la Comunitat Valenciana.

Ignacio Gil Lázaro ha sido diputado en el Congreso por la provincia de Valencia desde 1982 a 1989 y desde 1993 a 2016, y senador entre 1989-1993. Licenciado en Derecho, ha sido miembro de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1986-1989), portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (2000-2004) y vicepresidente Cuarto del Congreso de los Diputados.

También ha sido presidente de los Grupos de Amistad de Italia, Francia, Argentina, Túnez, Turquía y Ecuador. Le fue concedida la Encomienda de Número de la Orden de Isabel La Católica y posee la Gran Cruz del Mérito Civil.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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