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Igualdad y la UV lanzan un programa de intervención con maltratadores para prevenir su reincidencia

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El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Universitat de València (UV) para la realización de programas de intervención con hombres que han ejercido o se encuentran en riesgo de ejercer la violencia de género.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, que el objetivo es «prevenir la reincidencia y proteger a las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas, así como a las futuras parejas de estos hombres».

El programa, que tendrá una duración aproximada de un año, será en grupos de 10-12 hombres, aunque «dispondrá de un plan motivacional individualizado a desarrollar por cada uno de los participantes con el objetivo de generar una mayor adherencia a la intervención y motivación para el cambio», ha asegurado Oltra.

En el programa podrán participar tanto hombres condenados por un delito de violencia de género, como aquellos que, de manera voluntaria, quieran participar en él y hayan sido derivados por organismos vinculados a las Consellerias de Igualdad o Justicia, servicios sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc.

La vicepresidenta ha aclarado también que dentro de este programa se llevarán a cabo acciones para «visibilizar y concienciar sobre la necesidad de intervenir con agresores con una finalidad preventiva y reeducadora».

La ejecución de este programa de intervención cuenta con un presupuesto de 45.000 euros para este año.

NUEVO MODELO ECONÓMICO
Por otra parte, el Consell también ha aprobado un convenio entre la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la Universitat de València para el funcionamiento de la Cátedra de Economía Feminista, que cuenta con un presupuesto de 30.000 euros para este año.

La vicepresidenta ha señalado que el objetivo de esta Cátedra es «asentar las bases para que la Comunitat avance hacia un nuevo modelo económico sostenible e inclusivo».
Se trata, según ha señalado Oltra, de lograr una economía «socialmente inclusiva, centrada en el conocimiento, la innovación y la conexión con el exterior».

La Cátedra de Economía Feminista, creada el pasado año, engloba actividades formativas, culturales, de difusión y de investigación «dirigidas a dar apoyo a los principios de la economía feminista e incorporar las relaciones de género como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía y de la diferente posición de los hombres y las mujeres como agentes económicos», ha explicado la portavoz del Consell.

Oltra ha incidido en que hay que poner «en el centro de la economía la sostenibilidad de la vida, la sociedad de los cuidados y la dilución de la división sexual del trabajo».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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