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Illa se defiende afirmando que «no habrá 17 Navidades»

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Madrid, 26 nov (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido este jueves en que trabaja con las comunidades para consensuar un conjunto de recomendaciones de salud pública comunes de cara a las fiestas y ha asegurado que «no habrá 17 Navidades», tras lo que ha instado a todos «remar en la misma dirección».

Lo ha dicho Illa durante su séptima comparecencia que hace en la Comisión de Sanidad del Congreso desde que tomó posesión del cargo en enero y en la que ha reconocido que «todos estamos cansados» de muchos meses con «grandes restricciones y pérdidas», pero ha reclamado no bajar la guardia.

«Entiendo perfectamente que se acercan unas fiestas señaladas y que lo que más queremos es reencontrarnos y celebrar con nuestras familias y seres queridos estos días», ha subrayado Illa, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para «construir entre todos unas Navidades distintas».

En este sentido, ha apelado «a un principio de salud pública, que es en realidad un sentimiento muy navideño, como es la solidaridad», y ha reiterado la voluntad del Gobierno de llegar a un consenso con las comunidades autónomas para conseguir un plan común de recomendaciones para la Navidad.

Ha aclarado ante las dudas de varios grupos de la oposición de que en España «no habrá 17 Navidades» distintas en función de cada comunidad autónoma. «No son fechas fáciles y estamos todos en un contexto de fatiga pandémica, pero ayudaría que todos remáramos en la misma dirección», ha destacado el titular de Sanidad.

De esta forma respondía a la afirmación del parlamentario de UPN Sergio Sayás, que ha afirmado que cada comunidad ya está diciendo que en Navidad va a hacer «lo que le dé la gana» y que «es una temeridad que tengamos 17 Navidades distintas».

También ha querido responder a la petición de la diputada del PP Ana Pastor, quien ha propuesto realizar el máximo número de test de antígenos a una parte importante de la población, como por ejemplo los que se van a trasladar entre comunidades.

Para el ministro, los test deben ser usados e interpretados en un contexto determinado y no es de la opinión de que un testeo masivo de antígenos «sea la solución a las Navidades».

Sobre este asunto, ha preguntado a Pastor si por ejemplo los test masivos que se hicieron en un municipio de la Comunidad de Madrid o el cribado masivo a profesores que hizo esa autonomía han tenido un «impacto real» en la evolución de la pandemia.

Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha pedido «no dar bandazos» en las Navidades y que entre el Gobierno y las comunidades no se pasen «la patata caliente», porque los más vulnerables son los que más pueden sufrir «una mala gestión de la Navidad».

Desde Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo ha pedido «no bajar la guardia» y de cara a las fiestas no volver a cometer los mismo errores de meses anteriores.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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