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Impugnan el modelo lingüístico educativo por «trato discriminatorio» a los castellanoparlantes

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EL Sindicato CSI·F ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que establece el modelo lingüístico educativo valenciano y regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias. La central sindical argumenta que vulnera el derecho a la igualdad, en este caso de las personas castellanoparlantes, y que propone un trato “discriminatorio” para los alumnos cuyos centros utilicen el nivel básico, que no obtendrán certificación en inglés.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica en el recurso que la Disposición Adicional Quinta del decreto especifica que, con una similar carga docente de inglés en las distintas etapas educativas (Primaria, Secundaria o Bachillerato), se les certificará un nivel u otro de esa lengua en función del programa al que se acoja el centro.

El sindicato recuerda que los alumnos que cursen nivel avanzado, con más asignaturas en valenciano, llegarán a obtener una certificación de nivel B1 en inglés al concluir Bachillerato. Mientras, aquellos cuyo centro opten por nivel básico, con más castellano, no lograrán certificación alguna de inglés a pesar de cursar un número similar de asignaturas en esa lengua.

CSI·F considera que esa medida “debe devenir inconstitucional por cuanto resulta contraria al principio de igualdad, al suponer el factor lingüístico un elemento discriminatorio”.

La central sindical solicita, en su escrito ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, “el amparo judicial del derecho y libertad constitucional a la igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución Española”. Además, pide que el contencioso “se tramite por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona”.

La central sindical comenta que estas instrucciones confirman la exigencia del nivel C1 para obtener la capacitación inglés para unos docentes ya sobrecargados de trabajo. El sindicato urge a que la Administración proporcione medios y disponibilidad horaria para perfeccionar su nivel de inglés, ya que en la actualidad los recursos son del todo insuficientes.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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