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Valencia

Inditex cerrará en verano 4 tiendas en la Comunitat Valenciana

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Madrid, 13 may (EFECOM).- El grupo Inditex cerrará en España 56 tiendas -cuatro en la Comunitat Valenciana- de diferentes marcas entre los próximos meses de junio y agosto, en una nueva fase de clausuras incluidas en el plan de reconversión 2020-2022 pactado con los sindicatos para absorber 300 establecimientos.

CCOO ha comunicado este jueves esta nueva fase de cierres en el gigante del sector textil, cuyo programa, asegura, ha sido facilitado por la propia compañía y que se unen a los más del centenar que se anunciaron hasta abril.

En esta nueva fase en pleno verano de cierres de tiendas afectará a 475 trabajadores con contrato indefinido, con un especial impacto en Andalucía, ya que bajarán definitivamente la persiana 19 puntos de venta y se verán afectados 195 trabajadores de plantilla fija.

Según la representación sindical, la marca más afectada por los nuevos cierres en España es Oysho, con 13 tiendas, seguida por Zara Home (10) y Stradivarius (10).

Otras 9 tiendas quedarán cerradas en verano de la marca Massimo Dutti; Pull&Bear y Zara clausurarán media docena cada una, en tanto que Berskha y KC sumarán entre ambas dos tiendas al plan previsto por Inditex, ha informado CCOO.

Por comunidades autónomas, a las citadas clausuras en Andalucía (19 tiendas) se irán sumando las previstas en Cataluña (8), Madrid (8), Galicia (5), Comunitat Valenciana (4), Murcia (4), Castilla y León (3), Canarias (2), País Vasco (2) y Aragón (1).

Antes del 25 de julio se ejecutarán 6 cierres; otros 43 se concentrarán entre el 25 y el 31 de julio, y otros 7 en agosto.

Inditex garantizó para este proceso la reubicación en tiendas cercanas y sin pérdida de horas de contrato del personal afectado por estos cierres.

El sindicato alerta sobre el proceso y en materia de empleo de «una insuficiente calidad» de las vacantes ofertadas «especialmente en términos de horas de contrato y proximidad».

Añade que esa ha sido la causa principal, junto con las cargas de trabajo y las dificultades de conciliación, de que el 25 % de las personas afectadas por los cierres anteriores «hayan optado por la extinción de su contrato».

Al respecto, el sindicato asegura en una nota que exigirá que se cumpla «rigurosamente el procedimiento pactado, garantizando la reubicación en tiendas cercanas y sin pérdida de horas de contrato» para los trabajadores afectados.

Recuerda asimismo que en los procesos de cierres anteriores, del total de vacantes ofertadas solo el 60 % se produjeron en la misma provincia y el 44 %, con entre 30 y 40 horas semanales de trabajo.

Inditex y los sindicatos acordaron a finales del año pasado una transición a su modelo de transformación digital por el que se cerrarán entre 1.000 y 1.200 tiendas en el mundo y 300 en España.

El grupo se comprometió a mantener todos los puestos de trabajo en España, con reubicaciones en otros centros (con un límite máximo de 25 kilómetros) que, en el caso de no ser aceptadas, las bajas se considerarán improcedentes y el empleado recibirá la indemnización de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades o 45 si el contrato es anterior a 2012.

Este programa iniciado por Inditex tiene como objetivos primordiales reforzar las ventas electrónicas, acelerar la transformación digital y optimizar la red de tiendas.

Al cierre del último ejercicio fiscal, Inditex operaba 6.829 tiendas en toda el mundo, 640 tiendas menos, en tanto que el año pasado abrió puntos de venta en 29 mercados.

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Valencia

Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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