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El Gobierno destituye a Isabel García, directora del Instituto de la Mujer, por polémica por los contratos de los ‘puntos violeta

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Instituto mujer ministerio de igualdad

El Consejo de Ministros aprueba el cese de Isabel García

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el cese de Isabel García, directora del Instituto de la Mujer. Esta decisión se produce tras semanas de controversia y la presión de Sumar, socio de coalición del PSOE, que exigió su destitución. La polémica se originó después de que se conociera que García habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos dirigidos por el PSOE en los últimos dos años para la gestión de los puntos violeta contra la violencia de género. Aunque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había decidido darle tiempo para explicar su situación, ese tiempo ha concluido y García será sustituida por Cristina Hernández.

Polémica desde el inicio

Concentración de diversos colectivos LGTBI contra el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres. EFE/ Mariscal

Isabel García asumió el cargo de directora del Instituto de la Mujer en medio de controversias. A pesar de ser nombrada por el PSOE, fue acusada por sectores de la izquierda de tener discursos «abiertamente transfóbicos». En las últimas semanas, ha estado en el centro de la atención mediática debido a informaciones publicadas por ‘El Español’, que revelaron que García había recibido al menos 64 contratos públicos para la gestión de los puntos violeta. Estos contratos, valorados en 250.000 €, fueron gestionados a través de las empresas que comparte con su pareja, Elisabeth García, ex asesora del PSOE en el Senado.

Contratos y posibles conflictos de interés

Las empresas implicadas son Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad. Ninguna de ellas cuenta con empleados registrados y emplean principalmente voluntarios para sus actividades. Los puntos violeta, una iniciativa del ministerio lanzada en 2021, tienen como objetivo crear espacios de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género. A pesar de la buena intención de la iniciativa, las adjudicaciones a las empresas de García han suscitado dudas sobre la transparencia y el conflicto de interés.

Desde diciembre de 2023, García ha obtenido dos nuevos contratos en San Fernando de Henares, por un valor total de 23.000 euros. También se ha acusado a García de utilizar una empresa de María Tato, directiva de la Real Federación Española de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo del Mundial 2030, como competidora simulada en concursos públicos para el amaño de contratos.

Defensa y futuro

La semana pasada, García emitió un comunicado en el que defendió que sus empresas no tienen conflicto de interés y que cumple «escrupulosamente la ley». Además, anunció su intención de tomar acciones legales contra el periódico que reportó los contratos. García insistió en que, tras su nombramiento, redujo su participación en las empresas al 8%, un porcentaje que está por debajo del límite establecido por la ley para evitar conflictos de interés.

Cristina Hernández, nueva directora del Instituto de la Mujer

La nueva directora del Instituto de la Mujer será Cristina Hernández, quien en la actualidad era vocal asesora del gabinete de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hernández tiene experiencia en el campo, habiendo sido responsable de Formación del Servicio 016 de Información y Asesoramiento en materia de violencia de género, así como asesora en materia de igualdad para el PSOE en el Congreso y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La socióloga feminista Cristina Hernández, nueva directora del Instituto de las Mujeres

El Gobierno ha nombrado a la socióloga feminista Cristina Hernández directora del Instituto de las Mujeres, en sustitución de Isabel García, que ha sido cesada este mismo martes.

Isabel García fue diputada de Igualdad de la Diputación de Valencia entre 2015 y 2019, y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) en el mismo periodo.

Fuentes de Igualdad han indicado a EFE que el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Hernández como nueva gestora de esta institución.

Hernández (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1979) es socióloga y especialista en políticas de igualdad y contra la violencia de género.

Además de haber trabajado como responsable de formación del servicio 016, su trayectoria ha estado ampliamente vinculada al PSOE, partido del que ha sido asesora en materia de igualdad del grupo parlamentario en el Congreso y en el Comité Ejecutivo Federal.

Actualmente, formaba parte del gabinete del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También ha trabajado como asesora para organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y organizaciones políticas y ha sido profesora asociada en la Universidad de Salamanca, donde ha impartido las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales.

Hernández es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y Master of Arts (Refugee Studies Program) por la University of East London.

https://x.com/PSOESalamanca/status/1815671642468532333
 

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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