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El Gobierno destituye a Isabel García, directora del Instituto de la Mujer, por polémica por los contratos de los ‘puntos violeta

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Instituto mujer ministerio de igualdad

El Consejo de Ministros aprueba el cese de Isabel García

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el cese de Isabel García, directora del Instituto de la Mujer. Esta decisión se produce tras semanas de controversia y la presión de Sumar, socio de coalición del PSOE, que exigió su destitución. La polémica se originó después de que se conociera que García habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos dirigidos por el PSOE en los últimos dos años para la gestión de los puntos violeta contra la violencia de género. Aunque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había decidido darle tiempo para explicar su situación, ese tiempo ha concluido y García será sustituida por Cristina Hernández.

Polémica desde el inicio

Concentración de diversos colectivos LGTBI contra el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres. EFE/ Mariscal

Isabel García asumió el cargo de directora del Instituto de la Mujer en medio de controversias. A pesar de ser nombrada por el PSOE, fue acusada por sectores de la izquierda de tener discursos «abiertamente transfóbicos». En las últimas semanas, ha estado en el centro de la atención mediática debido a informaciones publicadas por ‘El Español’, que revelaron que García había recibido al menos 64 contratos públicos para la gestión de los puntos violeta. Estos contratos, valorados en 250.000 €, fueron gestionados a través de las empresas que comparte con su pareja, Elisabeth García, ex asesora del PSOE en el Senado.

Contratos y posibles conflictos de interés

Las empresas implicadas son Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad. Ninguna de ellas cuenta con empleados registrados y emplean principalmente voluntarios para sus actividades. Los puntos violeta, una iniciativa del ministerio lanzada en 2021, tienen como objetivo crear espacios de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género. A pesar de la buena intención de la iniciativa, las adjudicaciones a las empresas de García han suscitado dudas sobre la transparencia y el conflicto de interés.

Desde diciembre de 2023, García ha obtenido dos nuevos contratos en San Fernando de Henares, por un valor total de 23.000 euros. También se ha acusado a García de utilizar una empresa de María Tato, directiva de la Real Federación Española de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo del Mundial 2030, como competidora simulada en concursos públicos para el amaño de contratos.

Defensa y futuro

La semana pasada, García emitió un comunicado en el que defendió que sus empresas no tienen conflicto de interés y que cumple «escrupulosamente la ley». Además, anunció su intención de tomar acciones legales contra el periódico que reportó los contratos. García insistió en que, tras su nombramiento, redujo su participación en las empresas al 8%, un porcentaje que está por debajo del límite establecido por la ley para evitar conflictos de interés.

Cristina Hernández, nueva directora del Instituto de la Mujer

La nueva directora del Instituto de la Mujer será Cristina Hernández, quien en la actualidad era vocal asesora del gabinete de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hernández tiene experiencia en el campo, habiendo sido responsable de Formación del Servicio 016 de Información y Asesoramiento en materia de violencia de género, así como asesora en materia de igualdad para el PSOE en el Congreso y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La socióloga feminista Cristina Hernández, nueva directora del Instituto de las Mujeres

El Gobierno ha nombrado a la socióloga feminista Cristina Hernández directora del Instituto de las Mujeres, en sustitución de Isabel García, que ha sido cesada este mismo martes.

Isabel García fue diputada de Igualdad de la Diputación de Valencia entre 2015 y 2019, y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) en el mismo periodo.

Fuentes de Igualdad han indicado a EFE que el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Hernández como nueva gestora de esta institución.

Hernández (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1979) es socióloga y especialista en políticas de igualdad y contra la violencia de género.

Además de haber trabajado como responsable de formación del servicio 016, su trayectoria ha estado ampliamente vinculada al PSOE, partido del que ha sido asesora en materia de igualdad del grupo parlamentario en el Congreso y en el Comité Ejecutivo Federal.

Actualmente, formaba parte del gabinete del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También ha trabajado como asesora para organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y organizaciones políticas y ha sido profesora asociada en la Universidad de Salamanca, donde ha impartido las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales.

Hernández es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y Master of Arts (Refugee Studies Program) por la University of East London.

https://x.com/PSOESalamanca/status/1815671642468532333
 

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Si utilizas Bizum, ojo a lo que llega en 2026: los cambios que va a implantar Hacienda 

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Estafa Bizum inverso
Usuarios con la aplicación de Bizum. / ARCHIVO

Hacienda refuerza el control sobre Bizum a partir de 2026

El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.

Por qué Hacienda pone el foco en Bizum y otros pagos móviles

Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.

En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.

Qué cambia exactamente a partir de enero de 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.

Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:

  • Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.

  • La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.

  • Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.

En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.

A quién afectan estos cambios: empresas y autónomos

La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.

También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.

¿Qué pasa con los Bizum entre particulares?

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.

La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.

Cambios adicionales en cuentas bancarias y tarjetas

La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.

En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.

La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.

El objetivo de la reforma fiscal sobre Bizum

Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.

El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.

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