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El Gobierno destituye a Isabel García, directora del Instituto de la Mujer, por polémica por los contratos de los ‘puntos violeta

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Instituto mujer ministerio de igualdad

El Consejo de Ministros aprueba el cese de Isabel García

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el cese de Isabel García, directora del Instituto de la Mujer. Esta decisión se produce tras semanas de controversia y la presión de Sumar, socio de coalición del PSOE, que exigió su destitución. La polémica se originó después de que se conociera que García habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos dirigidos por el PSOE en los últimos dos años para la gestión de los puntos violeta contra la violencia de género. Aunque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había decidido darle tiempo para explicar su situación, ese tiempo ha concluido y García será sustituida por Cristina Hernández.

Polémica desde el inicio

Concentración de diversos colectivos LGTBI contra el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres. EFE/ Mariscal

Isabel García asumió el cargo de directora del Instituto de la Mujer en medio de controversias. A pesar de ser nombrada por el PSOE, fue acusada por sectores de la izquierda de tener discursos «abiertamente transfóbicos». En las últimas semanas, ha estado en el centro de la atención mediática debido a informaciones publicadas por ‘El Español’, que revelaron que García había recibido al menos 64 contratos públicos para la gestión de los puntos violeta. Estos contratos, valorados en 250.000 €, fueron gestionados a través de las empresas que comparte con su pareja, Elisabeth García, ex asesora del PSOE en el Senado.

Contratos y posibles conflictos de interés

Las empresas implicadas son Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad. Ninguna de ellas cuenta con empleados registrados y emplean principalmente voluntarios para sus actividades. Los puntos violeta, una iniciativa del ministerio lanzada en 2021, tienen como objetivo crear espacios de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género. A pesar de la buena intención de la iniciativa, las adjudicaciones a las empresas de García han suscitado dudas sobre la transparencia y el conflicto de interés.

Desde diciembre de 2023, García ha obtenido dos nuevos contratos en San Fernando de Henares, por un valor total de 23.000 euros. También se ha acusado a García de utilizar una empresa de María Tato, directiva de la Real Federación Española de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo del Mundial 2030, como competidora simulada en concursos públicos para el amaño de contratos.

Defensa y futuro

La semana pasada, García emitió un comunicado en el que defendió que sus empresas no tienen conflicto de interés y que cumple «escrupulosamente la ley». Además, anunció su intención de tomar acciones legales contra el periódico que reportó los contratos. García insistió en que, tras su nombramiento, redujo su participación en las empresas al 8%, un porcentaje que está por debajo del límite establecido por la ley para evitar conflictos de interés.

Cristina Hernández, nueva directora del Instituto de la Mujer

La nueva directora del Instituto de la Mujer será Cristina Hernández, quien en la actualidad era vocal asesora del gabinete de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hernández tiene experiencia en el campo, habiendo sido responsable de Formación del Servicio 016 de Información y Asesoramiento en materia de violencia de género, así como asesora en materia de igualdad para el PSOE en el Congreso y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La socióloga feminista Cristina Hernández, nueva directora del Instituto de las Mujeres

El Gobierno ha nombrado a la socióloga feminista Cristina Hernández directora del Instituto de las Mujeres, en sustitución de Isabel García, que ha sido cesada este mismo martes.

Isabel García fue diputada de Igualdad de la Diputación de Valencia entre 2015 y 2019, y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) en el mismo periodo.

Fuentes de Igualdad han indicado a EFE que el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Hernández como nueva gestora de esta institución.

Hernández (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1979) es socióloga y especialista en políticas de igualdad y contra la violencia de género.

Además de haber trabajado como responsable de formación del servicio 016, su trayectoria ha estado ampliamente vinculada al PSOE, partido del que ha sido asesora en materia de igualdad del grupo parlamentario en el Congreso y en el Comité Ejecutivo Federal.

Actualmente, formaba parte del gabinete del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También ha trabajado como asesora para organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y organizaciones políticas y ha sido profesora asociada en la Universidad de Salamanca, donde ha impartido las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales.

Hernández es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y Master of Arts (Refugee Studies Program) por la University of East London.

https://x.com/PSOESalamanca/status/1815671642468532333
 

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Aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunitat Valenciana en 2023

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pobreza Valencia

El 29,6% de la población en la Comunitat Valenciana, es decir, 1.542.985 personas, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social en 2023. Esto representa un aumento de 2,1 puntos respecto a 2022, según el XIV Informe de la EAPN España y la EAPN C. Valenciana.

La Comunitat Valenciana, por encima de la media nacional

La Comunitat Valenciana es la octava comunidad autónoma con mayor tasa AROPE, superando en 3,1 puntos la media nacional del 26,5%. El incremento se debe principalmente al aumento de la privación material y social severa, así como al menor crecimiento de las rentas en la región.

Factores que impulsan la pobreza

El aumento de la tasa de riesgo de pobreza, que en 2023 alcanza el 24,3%, y la pobreza severa (10,7%) son los factores más destacados. Además, el 38,8% de la población no puede afrontar gastos imprevistos y el 37% no puede permitirse vacaciones anuales.

Llamado a una Estrategia de Lucha contra la Pobreza

La presidenta de la EAPN C. Valenciana, Lola Fernández, ha subrayado la necesidad de una Estrategia Valenciana de lucha contra la pobreza, abarcando aspectos económicos, laborales, de vivienda y educación, para reducir el riesgo de exclusión social.

El aumento del riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunitat Valenciana afecta significativamente a las ciudades debido a varios factores:

1. Mayor demanda de servicios sociales

Cuando más personas se encuentran en riesgo de pobreza, aumenta la demanda de servicios sociales como asistencia económica, atención médica y programas de apoyo comunitario. Esto puede sobrecargar los recursos municipales, afectando la capacidad de las ciudades para ofrecer servicios de calidad a todos sus habitantes.

2. Impacto en la economía local

El aumento de la pobreza reduce el poder adquisitivo de una parte significativa de la población, lo que disminuye el consumo en comercios locales, afectando negativamente a la economía de las ciudades. Esto puede provocar cierres de negocios, pérdida de empleos y una desaceleración económica general.

3. Desigualdad social y fragmentación urbana

Las ciudades que experimentan un aumento en la pobreza suelen ver una mayor desigualdad social y fragmentación urbana. Esto puede manifestarse en la creación de áreas o barrios marginalizados donde la calidad de vida es significativamente más baja, lo que agrava problemas como la inseguridad, la falta de acceso a servicios básicos y el deterioro del entorno urbano.

4. Vivienda y acceso a infraestructuras

La pobreza también afecta la capacidad de muchas personas para acceder a una vivienda adecuada. En las ciudades, esto puede llevar a un aumento de la precariedad habitacional, con más personas viviendo en condiciones de hacinamiento o incluso sin hogar, lo que a su vez incrementa la presión sobre las infraestructuras urbanas.

5. Salud pública y calidad de vida

La pobreza y la exclusión social están directamente relacionadas con problemas de salud pública. Las personas en situaciones de pobreza tienen menos acceso a servicios de salud y tienden a vivir en condiciones que pueden empeorar su bienestar físico y mental, afectando a la calidad de vida en la ciudad y poniendo presión en el sistema sanitario.

6. Problemas de seguridad

Un aumento en la pobreza puede generar una percepción de inseguridad o incluso un incremento en delitos menores, como el hurto o vandalismo, debido a la desesperación de algunas personas por su situación económica. Esto afecta negativamente la sensación de seguridad y el atractivo de las ciudades.

En resumen, el aumento del riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunitat Valenciana tiene un efecto multiplicador en las ciudades, afectando tanto su desarrollo económico como su cohesión social y calidad de vida.

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