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Integradogs, el programa con el que los perros maltratados y los internos de Picassent se ayudan mutuamente

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Son perros abandonados y maltratados del Centro de Acogida de Animales del Ayuntamiento de València. Se les lleva a la prisión de Picassent y allí son puestos al cuidado de internos para que los eduquen y faciliten su posterior adopción. Al mismo tiempo, los animales ayudan a sus nuevos cuidadores, presos del módulo de personas con problemas de adicciones, a que asuman responsabilidades, y mejoran su vida personal de cara a su reinserción social.

En eso consiste Integradogs, un programa en el que colaboran el Ayuntamiento de València e Instituciones Penitenciarias. De momento, 9 perros con problemas del refugio municipal municipàl ya han sido adoptados después del periodo de reeducación con los presos, con los que duermen y pasan gran parte del día.

La concejala de Bienestar Animal, Glòria Tello, que ha visitado la prisión de Picassent para conocer de cerca el desarrollo del programa, ha recordado los beneficios que aporta Integradogs: «Los perros abandonados que intervienen en el programa superan traumas de su pasado y recuperan la confianza en los humanos, facilitando así su adopción posterior gracias a la educación que reciben por parte de internos de Picassent, al tiempo que se conciencia para evitar abandonos».

Por otra parte –ha añadido- esto da a los internos la oportunidad de realizar un cambio en su vida personal, los beneficia no sólo para la reinserción laboral, sino también para su bienestar psicoemocional (niveles de autonomía personal, seguridad, amortiguar las fluctuaciones anímicas que la vida privada de libertad provoca, sentimiento de utilidad, etc…) y está relacionado con competencias y habilidades sociales de relación y resolución de conflictos que son muy importantes en el caso de estos internos con problemas de adicciones”.

«Desde la concejalía de Bienestar Animal hemos facilitado la realización de prácticas voluntarias en los Centros de Acogida de perros abandonados gestionados por el Ayuntamiento de València a aquellos reclusos que hayan participado en los programas previstos en el convenio una vez que su situación legal lo ha permitido. Los responsables de los centros emiten a la finalización de sus prácticas un certificado por las horas efectivas realizadas», ha aclarado la edil.

“Este programa permite que los perros abandonados generen un espacio enriquecedor a nivel de estímulos, donde entrenan y practican de forma continua las diferentes capacidades y habilidades a nivel cognitivo, conductual, emocional y social. Esto, mejora el funcionamiento adaptativo de los participantes en los programas y contribuye a minimizar las causas derivadas de sus problemas sociales, emocionales y de comportamiento”, ha concluido Glòria Tello

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Le cobran 12 euros por un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza 

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colgador bolso restaurante Ibiza 
Restaurante japonés Wakame

La polémica se ha desatado en Ibiza tras conocerse el caso de una clienta que recibió en su cuenta un cargo de 12 euros por un simple gancho para colgar el bolso en la mesa. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante japonés Wakame, ubicado en la isla, por considerar que se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo.

El caso: de una oferta amable a un cobro inesperado

Según relató la afectada en la red social X (antes Twitter), la camarera del establecimiento le ofreció “amablemente” colocar su bolso en un gancho instalado en la mesa. En un primer momento, la clienta rechazó la propuesta, pero la insistencia del personal la llevó a aceptar. La sorpresa llegó al recibir la cuenta, donde figuraba un cargo adicional bajo el concepto «gancho bolsa».

El restaurante ha intentado justificar el cobro alegando que en ocasiones anteriores algunos clientes se llevaban el accesorio pensando que era gratuito. Por ello, aseguran que aplican el importe como “depósito” para evitar olvidos a la hora de retirarlo, afirmando que se descuenta al pagar salvo que el cliente quiera quedárselo.

Sin embargo, FACUA señala que en ningún momento se informó a la consumidora del coste antes de ofrecerle el servicio, algo que la ley obliga a hacer de forma clara y previa. Además, recuerdan que este tipo de colgadores se pueden adquirir en el mercado por poco más de un euro, lo que hace que el cobro resulte “desproporcionado y abusivo”.

Qué dice la ley sobre este tipo de cobros

FACUA fundamenta su denuncia en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma prohíbe prácticas comerciales desleales, cobros por servicios no solicitados expresamente y cláusulas abusivas que generen un desequilibrio entre las partes.

Asimismo, el artículo 20 establece que cualquier servicio debe mostrar su precio final completo, incluyendo impuestos y gastos adicionales, antes de que el consumidor lo acepte.

La Ley 7/2014 de las Islas Baleares también sanciona la utilización de métodos de venta que induzcan a pagar servicios accesorios no solicitados o que confundan al consumidor sobre su coste real.

FACUA pide sanciones

Ante estos hechos, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear que abra una investigación y, en caso de confirmarse la irregularidad, imponga un expediente sancionador al restaurante.

La asociación recuerda que cualquier establecimiento que quiera cobrar por un servicio opcional debe informar de forma previa y clara al cliente y permitirle decidir libremente si lo adquiere o no. De lo contrario, la ley considera que se trata de un obsequio o atención comercial y no puede cobrarse después.

Un debate que incendia las redes

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el cobro y lo consideran un ejemplo de cómo algunos negocios aplican tarifas abusivas en zonas turísticas como Ibiza. Otros apuntan que, aunque el restaurante intente justificarlo como un “depósito”, el hecho de no informar previamente vulnera los derechos básicos de los consumidores.

FACUA concluye que este tipo de prácticas dañan la imagen del sector hostelero y suponen un riesgo para el turismo de calidad en las Islas Baleares.

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