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Investigan a 13 personas por los altercados y agresiones en la manifestación del 9 d’Octubre

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El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha abierto una causa contra trece personas por los altercados ocurridos en Valencia el pasado 9 de Octubre durante la celebración convocada por distintas organizaciones como acto reivindicativo y alternativo a los actos oficiales convocados para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana.

El juez imputa a los 13 investigados por agredir a varios de los participantes en la manifestación delitos contra los derechos fundamentales (delito de odio) con motivación discriminatoria por razones ideológicas, daños, desórdenes públicos y varios delitos de lesiones en número aún pendiente de determinar.

A uno de los investigados le imputa además un delito de robo con violencia en grado de tentativa por intentar sustraer la cámara a un fotógrafo.

El Juzgado de Instrucción 15 ha asumido la competencia de la investigación por ser el órgano que recibió el primer parte de lesiones de una de las personas agredidas durante la manifestación.

A la causa se han incorporado el atestado de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, las diligencias de investigación penal de la Fiscalía, la denuncia interpuesta por la Red Española de Inmigración, la denuncia del Movimiento contra la Intolerancia y diversa documentación gráfica aportada por varios colectivos. Además, se ha reclamado la denuncia de otra perjudicada recaída en otro juzgado.

Según el atestado policial, las personas reconocidas e identificadas están “relacionadas con el entorno activo de ideologías próximas a la derecha más radical de esta Comunidad y provincia, particularmente como integrantes o simpatizantes del Grupo Yomus”. De los trece identificados y detenidos, nueve son miembros de este grupo ultra de aficionados del Valencia Club de Fútbol.

En su auto, el instructor acuerda tomar declaración a los 13 investigados y ofrece al Ayuntamiento de Valencia la posibilidad de personarse para reclamar por los daños en el mobiliario urbano durante los altercados. Además, el juez tomará declaración a los perjudicados, que serán valorados por el médico forense para conocer el alcance y evolución de las lesiones como consecuencia de las agresiones.

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Le cobran 12 euros por un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza 

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colgador bolso restaurante Ibiza 
Restaurante japonés Wakame

La polémica se ha desatado en Ibiza tras conocerse el caso de una clienta que recibió en su cuenta un cargo de 12 euros por un simple gancho para colgar el bolso en la mesa. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante japonés Wakame, ubicado en la isla, por considerar que se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo.

El caso: de una oferta amable a un cobro inesperado

Según relató la afectada en la red social X (antes Twitter), la camarera del establecimiento le ofreció “amablemente” colocar su bolso en un gancho instalado en la mesa. En un primer momento, la clienta rechazó la propuesta, pero la insistencia del personal la llevó a aceptar. La sorpresa llegó al recibir la cuenta, donde figuraba un cargo adicional bajo el concepto «gancho bolsa».

El restaurante ha intentado justificar el cobro alegando que en ocasiones anteriores algunos clientes se llevaban el accesorio pensando que era gratuito. Por ello, aseguran que aplican el importe como “depósito” para evitar olvidos a la hora de retirarlo, afirmando que se descuenta al pagar salvo que el cliente quiera quedárselo.

Sin embargo, FACUA señala que en ningún momento se informó a la consumidora del coste antes de ofrecerle el servicio, algo que la ley obliga a hacer de forma clara y previa. Además, recuerdan que este tipo de colgadores se pueden adquirir en el mercado por poco más de un euro, lo que hace que el cobro resulte “desproporcionado y abusivo”.

Qué dice la ley sobre este tipo de cobros

FACUA fundamenta su denuncia en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma prohíbe prácticas comerciales desleales, cobros por servicios no solicitados expresamente y cláusulas abusivas que generen un desequilibrio entre las partes.

Asimismo, el artículo 20 establece que cualquier servicio debe mostrar su precio final completo, incluyendo impuestos y gastos adicionales, antes de que el consumidor lo acepte.

La Ley 7/2014 de las Islas Baleares también sanciona la utilización de métodos de venta que induzcan a pagar servicios accesorios no solicitados o que confundan al consumidor sobre su coste real.

FACUA pide sanciones

Ante estos hechos, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear que abra una investigación y, en caso de confirmarse la irregularidad, imponga un expediente sancionador al restaurante.

La asociación recuerda que cualquier establecimiento que quiera cobrar por un servicio opcional debe informar de forma previa y clara al cliente y permitirle decidir libremente si lo adquiere o no. De lo contrario, la ley considera que se trata de un obsequio o atención comercial y no puede cobrarse después.

Un debate que incendia las redes

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el cobro y lo consideran un ejemplo de cómo algunos negocios aplican tarifas abusivas en zonas turísticas como Ibiza. Otros apuntan que, aunque el restaurante intente justificarlo como un “depósito”, el hecho de no informar previamente vulnera los derechos básicos de los consumidores.

FACUA concluye que este tipo de prácticas dañan la imagen del sector hostelero y suponen un riesgo para el turismo de calidad en las Islas Baleares.

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